Tragedia de antuco

La justicia chilena determinó hoy que el Estado deberá indemnizar a nueve exreclutas sobrevivientes de la tragedia de Antuco en 2005, el mayor infortunio del Ejército chileno en tiempo de paz, donde murieron congelados 44 soldados y un sargento.

La decisión la ratificó la Corte Suprema, después de rechazar el recurso de casación presentado por el Estado chileno en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó el pago a los nueve sobrevivientes.

En total, el Fisco deberá pagar unos 30 mil dólares a cada uno de ellos, tras el daño psicológico provocado como consecuencia del actuar negligente de sus superiores durante la trágica caminata.

“El Estado no puede desvincularse de la falta personal en que han incurrido sus agentes, por cuanto ha sido el mismo Estado quien ha instalado a los conscriptos (reclutas) afectados en una determinada misión militar y les ha impuesto además la obligación de cumplir con los ejercicios o actividades de instrucción”, detalló la resolución de la Corte Suprema.

En 2013 el máximo tribunal chileno ya había resuelto una indemnización por parte del Estado a 27 sobrevivientes con el pago total de cerca de 280 millones de pesos (unos 593.000 dólares).

Con esta nueva medida se resuelve el último juicio en contra del Fisco tras la fatídica caminata en la Cordillera de Los Andes.

El 18 de mayo de 2005, el entonces mayor del Ejército Patricio Cereceda ordenó a los soldados iniciar una marcha entre dos refugios de la Cordillera de Los Andes, en el volcán Antuco, a unos 580 kilómetros al sur de Santiago, en medio de adversas condiciones climáticas que habían sido advertidas por el servicio meteorológico.

Los cerca de 200 reclutas, en su mayoría de 19 años, formaban parte de un batallón de 485 soldados del regimiento número 17 de Los Ángeles que regresaban el miércoles desde el volcán, tras cumplir un periodo de instrucción.

El batallón, que inició la marcha sin la vestimenta adecuada para el frío, fue sorprendido por una intensa tormenta de nieve que provocó la dispersión de los conscriptos (reclutas), quienes perdieron la visibilidad y la capacidad de orientación.

Cereceda, que en 2006 fue condenado a cinco años un día por el homicidio de las 45 personas, obtuvo la libertad condicional el 30 de agosto del 2011, lo que provocó la fuerte molestia entre los familiares de las víctimas.

En junio de 2009, la madre de uno de los 44 reclutas que fallecieron congelados, identificada como Violeta del Carmen Sánchez Provoste, de 42 años, fue encontrada por otro de sus hijos ahorcada en su hogar del municipio de Santa Fe, en la sureña región del Biobío.

En esa oportunidad, la presidenta de la Agrupación de Familiares y Amigos de las Víctimas de Antuco, Angélica Monares, relató al diario El Sur que Sánchez “estaba en tratamiento y nunca asumió la pérdida” de su hijo.

Esta muerte se sumó al suicidio en marzo de 2008 de Luis Alfonso Renca, padre del recluta Julio César Renca Navarrete, también fallecido en esa tragedia.