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El fiscal de Rancagua Luis Toledo citará a declarar en las próximas semanas a Natalia Compagnón -nuera de la presidenta- en el marco de la investigación por estafa, tras la querella del empresario Hugo Silva, quien compró los terrenos en Machalí por 9.500 millones a Caval con la promesa de que se les cambiaría el uso de suelo a la modalidad habitacional.

De acuerdo a fuentes allegadas al caso, la solicitud fue formulada por los abogados del estudio Phillipi -que patrocina a Silva- a través de un escrito a la fiscalía.

Junto a Compagnón, también deberá prestar testimonio su socio Mauricio Valero, para responder cómo se gestó el negocio y en qué momento prometieron a Silva que el uso de suelo cambiaría.

Esta sería la primera vez que Compagnón y Dávalos se apersonarían en la fiscalía en esta indagatoria, que fue separada de la investigación madre, relativa a la compra de los terrenos, previo crédito del Banco de Chile por 6.500 millones. En esta última, al menos hasta ahora, el fiscal ha realizado una serie de diligencias, entre ellas allanamientos y confiscación de los computadores en la casa de Compagnón y Sebastián Dávalos, el hijo de la Mandataria. Lo propio hizo Toledo en La Moneda, donde requirió el PC que usaba Dávalos y el teléfono celular.

Hay que recordar que la indagatoria central de fiscal Toledo, apunta a la posibilidad de que Caval haya logrado la colaboración de funcionarios públicos, vía tráfico de influencias, para hacer más interesante la oferta de los terrenos, con el valor agregado de que cambiarían el uso de suelo.

En este caso, Silva logró que Toledo requisara el cheque por 2.000 millones que era la ganancia de Caval por la venta de las tierras. Por esta razón y para recuperar el documento, el abogado de esta última, Antonio Garafulic, hizo una presentación al Juzgado de Garantía de Rancagua, que ya fijó una audiencia para el próximo 14 de abril. En ella se discutirá si resulta procedente hacer entrega del cheque aún cuando la investigación esté en curso.

Básicamente, Compagnón alega que el Ministerio Público la “privó injustamente” de su cheque, tal como lo informó ayer este diario.

La mujer explicó en su escrito al tribunal que tras la venta de los terrenos pagó los 6.500 millones al Banco de Chile más otros 500 por gastos operacionales. Este dinero, insiste, ya fue retirado por la entidad financiera controlada por Andrónico Luksic y, más aún, las tierras están inscritas a nombre de Silva. De allí que, asegura, la única que ha perdido en el negocio ha sido Caval.