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Poder

31 de Marzo de 2015

Investigados por boletas giradas a Soquimich perdieron la memoria cuando los interrogó la PDI

El pasado 19 de marzo la Brigada de Delitos Económicos de la PDI evacuó una orden de investigar al fiscal Carlos Gajardo, en la llamada arista Soquimich del caso Penta. En ella declararon una ex asesora del senador PS Fulvio Rossi que presentó amnesia cuando le preguntaron por qué había girado boletas a SQM. Hubo otros que ni siquiera se presentaron a declarar “por falta de tiempo” y ninguno quiso levantar el secreto bancario sobre sus cuentas corrientes. Algunos ya designaron abogados.

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La investigación de la arista Soquimich del caso Penta, avanza paulatinamente y pronto la fiscalía formalizaría a los primeros involucrados. La PDI ha realizado una serie de diligencias para establecer por qué una serie de personas giró boletas a la empresa y qué trabajos hubo detrás para justificarlos. Así lo establece la orden de investigar 1126 a la que accedió The Clinic Online.

Los detectives se trasladaron al norte a recabar información, por ejemplo, de Julio Abasolo, notario de Antofagasta. El profesional confirmó la existencia de una serie de documentos, pero indicó que se trataba de trabajos relativos a su labor como Conservador de Minas. Básicamente a la policía le interesaba aclarar dos boletas fechadas en julio de 2009 por casi 9 millones.

Abasolo indicó que se trataba de inscripciones de “pedimentos” y entregó los talonarios de boletas respectivos.

Dentro de los interrogados está también María Valentina Ramírez Zaror, ex asesora del senador PS Fulvio Rossi. De profesión ingeniero en informática, aseguró que se desempeña actualmente en la empresa MW Ambientales.

Fue inquirida respecto a una boleta de julio de 2009 por poco más de 4 millones. Aún cuando reconoció la emisión del documento, indicó que no podía recordar “de qué manera me presenté ante la empresa SQM”.

Martínez indicó que el trabajo que supuestamente realizó, estuvo relacionado con un barrido de las redes sociales, “sobre los movimientos que habían entre SQM y el salar de Llamara, al interior de la ciudad de Iquique”. Ello, declaró, por “la oposición de movimientos ambientalistas… al parecer sobre las napas de aguas subterráneas”.

Con una duración de tres meses, Martínez dijo que no trabajó en un lugar específico, que no recordaba qué medio de pago usó SQM, como tampoco las conclusiones de su asesoría; menos qué cuenta de correo, Facebook o Twitter utilizó.

Al ser consultada si había realizado otros trabajos a SQM dijo: “no quiero referirme al respecto”.

De ahí en adelante Martínez resolvió no revelar su cuenta corriente. Y respondió que no conocía a ningún político ligado a SQM y que antes de concurrir a declarar con los la PDI se reunió con su abogado.

Calladita

Ana Palacios Silva trabaja en la mesa de dinero del BBVA. Giró una boleta el 14 de julio por casi 9 millones y al ser consultada a cambio de qué servicio recibió el dinero, dijo: “no responderé dicha pregunta conforme al principio de la no autoincriminación”.

Palacios, posteriormente, se rehusó a todo. No quiso revelar si había hecho otros trabajos en SQM, que no conocía nadie dentro de la empresa, que nunca ha trabajado con algún político. Tampoco quiso decirle a los detectives dónde manejaba su talonario de boletas, ni menos si dio autorización para levantar el secreto bancario.

Irma Cayo Ferreira, actualmente jubilada, trabajó desde 1987 hasta 2011 como receptora judicial, luego de haberse retirado del Poder Judicial, donde laboró como actuaria en el Tribunal de Letras de Iquique.

La PDI le preguntó sobre una boleta de abril de 2009 por casi 3 millones. Al respecto explicó que su trabajo consistía en tramitar las causas que SQM tuviera en la justicia, algunas de carácter civil, como diligenciar notificaciones, exhortos, entre otros.

Al igual que los anteriores, tampoco recordó si había emitido otras boletas por montos similares a SQM.

En un giro estratégico del interrogatorio, la PDI consultó por qué las boletas no seguían un orden cronológico. “No tengo respuesta de ello por el momento”, apuntó.

Los detectives descubrieron que la mujer emitía boletas por una diligencia en concreto y en otra oportunidad por varias. De allí que el documento por los casi tres millones aparecía como sospechoso. “Deben haber sido muchas diligencias, muchos expedientes, no obstante normalmente se cobra por causas”. Tampoco quiso levantar el secreto bancarios sobre su cuenta corriente.

Promesas incumplidas

La PDI intentó ubicar a Robert Araya Alquinta, otrora candidato a alcalde por Antofagasta por la “coalición por el cambio”. Su ex pareja les indicó que se encontraba radicado en Brasil, hecho que fue confirmado en Policía Internacional.

Manuel Rodríguez Campillay, otrora candidato UDI al Core, no fue habido en su casa de Arica. Le indicó a los detectives que viaja constantemente a Santiago, comprometiéndose a concurrir a la unidad policial, hecho que hasta ahora no habría ocurrido.

La ex asesora de la campaña de Joaquín Lavín, Laura Toledo Cruz, quien aparece emitiendo una boleta por 5,5 millones a SQM sólo pudo ser contactada por teléfono. Los policías intentaron interrogarla en dos oportunidades, pero la mujer aún cuando había comprometido su asistencia a la unidad policial, nunca ha llegado.

El hijo del diputado DC Roberto león, Roberto León Araya, quien aparece recibiendo plata de SQM por 2,5 millones, en circunstancias que figura como estudiante, también fue contactado. León Araya se abstuvo de prestar testimonio, asegurando que fue por “orientación de su abogado”, cuya identidad se negó a revelar.

Mariela Molina Aguilera, que también trabajó para Fulvio Rossi y aparece con boletas a SQM. Se trata de un documento de julio de 2009 por poco más de 4 millones. La mujer tampoco se ha presentado ante la policía, “por falta de tiempo”, les dijo vía teléfono.

A la anterior le siguió Pamela Campos Joost que en julio de 2009 boleteó 4,5 millones y al año siguiente 10, 2 millones a SQM. La mujer está relacionada con Matías Hormazábal Cavieres que trabajó en la segunda vuelta presidencial de Sebastián Piñera y también boleteó a SQM por 4,4 millones.

Campos aseguró que se presentaría a declarar, previo cambio de fecha coordinado con su abogado Francisco Pavez, pero tampoco se apersonó. Finalmente, este último indicó que no se presentaría. Se trata del mismo profesional que representa a Alejandro Urra Lorca, un asesor jurídico de la municipalidad de Colina, cuyo alcalde es el UDI Mario Olavarría. Urra, que giró más de 4 millones a SQM, se desempeña además en la Asociación de Municipios de Chile (Amuch), entidad que preside Olavarría.

Urra también indicó que no concurriría a declarar con la PDI.

Islas Vírgenes

A Carlos Sepúlveda, que boleteó más de 15 millones a SQM en 2010 y su esposa Mónica Gajardo Córdova -hizo lo propio por una cifra similar- los detectives intentaron ubicarlos en su casa de Macul. En dos oportunidades no había moradores y aún cuando dejaron las citaciones formales, hasta el cierre de esta edición no se habían presentado.

Lo detectives intentaron tomar contacto con el DC Marcelo Rozas, su esposa Michelle Reymond y su hijo Daniel Rozas Reymond. Pero según se le indicó a la PDI en sus domicilios, todos estaban de vacaciones. Para los efectos legales designaron al abogado Marcelo Torres Duffau, quien mantiene una oficina en Concepción. Este último patrocinó a Bruno Betanzo, otrora dueño de la discoteque “la cucaracha” en la misma ciudad, donde fue visto por última vez con vida Jorge Matute Johns.

Quien sí reveló su operatoria con las boletas, fue el contador Osvaldo Opazo Lira. Este último declaró que asesoraba contablemente a Roberto guzmán Lyon, uno de los ideólogos de la fórmulas de “las cascadas” de la empresa SQM y cercano al presidente Julio Ponce Lerou.

Opazo explicó que giraba los documentos tributarios de su propiedad y los de su esposa Marisol Toro, para justificar algunos dineros que SQM le pagaba a Guzmán. En otras palabras no realizaba trabajo alguno a cambio del dinero.

El sujeto estuvo vinculado a la sociedad Silvestre Corporation. Esta fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas, cuyo propietario es Guzmán Lyon. Hay que recordar que este último fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros en 2013, junto a Julio Ponce Lerou y otros controladores por más de US$ 164 millones por infringir la ley del ramo.

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