Presidente del Consejo de Pueblos Atacameños y conflictos con SQM: “la corrupción a nivel político es tanta que para nosotros llegó a ser hasta normal”

El presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Antonio Cruz, dice no estar sorprendido con la arista SQM del caso Penta. Por décadas, las comunidades aledañas al Salar de Atacama -territorio matriz de las operaciones de la empresa para su producción- han convivido a los tumbos con Soquimich.

Tras conocer detalles del caso que hoy mantiene en vilo a la elite política -ante la posibilidad de financiamiento irregular de campañas y partidos-, Cruz dice que las 18 comunidades que integran esta organización siempre han sido afectadas, tanto por el actuar de la empresa como por la nula exigencia del Estado de que las compañías mineras cumplan con estándares mínimos contenidos en la ley.

“En el fondo vemos claramente lo que ocurría con quienes financiaban al poder político en Chile. Hay una respuesta desde hace tanto tiempo que se buscaba y hoy la tenemos”, dice el dirigente indígena de San Pedro de Atacama.

¿Cuáles son los problemas que han enfrentado en esta convivencia de décadas con SQM?
Acá hay cosas específicas. Por ejemplo, la contratación de personal es escasa y cuando se hace, luego se nos despide primero cuando hay que bajar costos de la empresa. Así que el porcentaje de la población local que los proyectos absorben es bajísimo. Tanto así que no hay una cifra oficial, o al menos nosotros no la conocemos. Pero por otra parte, la eterna lucha ha sido por los recursos hídricos, donde nosotros nos hemos opuesto y hoy hay una enorme cantidad de derechos en manos de SQM. El Estado le ha entregado sin mayor trámite.

Los derechos de agua que son vitales para que puedan funcionar.
Sí. O sea, nos damos cuenta que generalmente esa disponibilidad, esos derechos de agua que otorgan, se entregan en base al trámite administrativo del Estado, pero no se hace una revisión de si existen o no, o si son de alguien más. Disponibilidad legal no existe porque la Ley 19.253 dice claramente que los derechos de agua que existen en territorio indígena son de las comunidades. Por ejemplo, dice que las aguas que son de ríos, acequias y todo eso serán consideradas de derecho de las comunidades indígenas. Por ende, nosotros somos dueños de ese derecho desde mucho antes que el Estado chileno también de las aguas subterráneas, y eso la DGA no lo ha considerado. Pero ahora, con la cantidad de agua probada, la DGA tampoco tiene antecedentes del agua que están entregando a las empresas. Entonces, la pregunta es ¿en base a qué los entregan? Porque las comunidades le piden que se declare la cuenca agotada y nos dicen que no se puede.

¿Se les han entregado sin mayor control?
Exactamente. Al final las entregan sólo porque las han pedido. El nuevo Reglamento de Aguas Subterráneas, aprobado al final del gobierno de Piñera, le hace mucho más favorable a las empresas extraer aguas y a la DGA le quita un buen porcentaje de sus funciones. Y más aún, el tema hídrico siendo tan importante en Chile, tiene una dirección con poco presupuesto y las empresas aprovechan eso.

O sea que las mineras aprovechan el vacío o la poca acción de la DGA
Con SQM hemos tenido muchos problemas porque hay un gran porcentaje de proyectos aprobados en el SEA que han sido aprobados sin consulta, a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a pesar de que están en un área protegida, cerca de recursos protegidos y de poblaciones protegidas, por lo que, ante estos tres puntos, debe obligatoriamente ingresar a través de un EIA. Teniendo dos áreas protegidas por la Corte Suprema y la reserva de Conaf, protección por tres leyes y todos estos cuerpos legales, igual somos violentados cuando se ingresa una DIA y no un EIA. Y lo más grave es que hay violación a los DD.HH. con respecto al agua, al acceso al territorio y a que no se reconoce el derecho a la consulta indígena. O sea, hay una maraña de cosas que no se cumplen y que ahora venimos a entender.

¿Con estos casos de posible corrupción?
Claro. Ahora entendemos esta problemática político-empresarial que hay en Chile, entendemos claramente ese discurso. Porque, por ejemplo, enviaban al Tribunal Constitucional para saber si se hacía o no consulta indígena, aunque es autoejecutable, por ley. Pero en el fondo ahora vemos claramente lo que ocurría con quienes financiaban al poder político en Chile. Hay una respuesta desde hace tanto tiempo que se buscaba y hoy la tenemos.

¿Pero ustedes no tenían sospechas o antecedentes sobre esto?
Mira, de algunos casos sabíamos. De algunos Cores (consejeros regionales) que eran o habían sido funcionarios de SQM. De alcaldes vemos claramente apoyo financiero, no sabemos si en campañas, pero sí a programas de la municipalidad. Pero sería muy interesante investigar las redes políticas regionales de la empresa, más allá de las de la política grande de los partidos.

SQM concentra su operación en el Salar de Atacama, que es su territorio histórico. ¿Cómo es convivir con este vecino?
Mira, producir en el Salar de Atacama es posible solo porque es el Salar de Atacama. Ahí hay una gran concentración de litio y otros minerales, pero también en esa zona hay una radiación inmensa, mayor a la de todo el mundo. Esa confluencia lo hace tremendamente interesante y lucrativo. Hoy es muy fácil producir agua, extrayendo salmueras y evaporando aguas en la zona más desértica del mundo, donde más se evapora aguas. Pero pese a esto, la gran crítica que hacemos es que los servicios competentes no exigen a las empresas en innovar en tecnologías para producir litio. Hoy es muy fácil. Entonces, si acá es tan fácil, casi no hay gasto de energía, excepto para algunos procesos y así uno se imagina que, claro, invertir acá es llegar y llevar. Teniendo la anuencia política de extraer agua a destajo, que el SEA no es riguroso como debiera ser con áreas protegidas, o sea, está claro por qué la cosa es como es.

Ustedes han sido afectados directamente por esto.
Hemos llegado a judicializar, aunque no es lo que queremos hacer porque ahora intentamos llegar a acuerdos, las 18 comunidades. Por ejemplo, el año pasado el Consejo de Pueblos Atacameños ganó en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pero luego perdió en la Corte Suprema. Pero todo esto tiene respuesta y hoy día nos estamos enterando por qué. O sea, el escándalo de hoy día explica todo.

¿Dónde han tenido problemas y de qué tipo?
Hemos tenido de todo. Primero, estas empresas provocan desbalance socio-político importantes en la comuna. Ahora nos explicamos todo con el escándalo político de SQM. Y ese desbalance lo sufre la sociedad porque hay poderes que se instalan y es difícil reemplazarlos. Claramente hay un impacto en las comunidades. Hay algunas comunidades que terminan siendo campamentos mineros. Hay influencia desde la minera sobre los organismos que nos regulan. A lo mejor sería bueno investigar entre convenios Conaf y SQM o de la DGA con SQM, de cómo organismos que tienen competencias ambientales tienen también contrato de asociatividad con ellos. Entonces, todo eso se hace extensivo. Ahora también la corrupción a nivel político es tanta que para nosotros llegó a ser hasta como normal. Que fueran socios y a la vez te regulaban.

¿Y nadie hace nada?
Es que también hay desbalance económico en la comunidad. En algunos lugares se benefician muchos y en otros nada. Y la empresa se rehusa a enfrentar el problema en serio. Hoy las comunidades se han asociado, pero no hay intención de conversar con ellas. Y si lo hay, es en la medida de ‘en qué te ayudamos’, desde el punto de vista asistencialista y no de compartir utilidades. Tienen que hacer bien las cosas. Y dicen que las comunidades se oponen a todo y no es así. Hoy las comunidades son muy propositivas. Cuando hay conflicto y no se llega a acuerdo, la comunidad propone una alternativa viable o mucho más viable que las que proponen finalmente las autoridades. Cuando hoy les decimos que compartamos recursos, pero generalmente cuando decimos que eso vaya acompañado de resguardar la cuenca, ahí SQM no ha querido o no han estado dispuestos a hacer algo así, más sustentable. Eso no lo han planteado o no lo han querido. Ellos podrían decir ‘sí, bueno, convirtamos esto en algo sustentable’ y hoy me gustaría que fueran a ver al sur del salar donde está lleno de canales, tubos conectados extrayendo agua. Son miles de metros cúbicos de salmuera que se extraen. Parte de esa agua hoy se evapora o la dejan evaporar. Y los recursos, en vez de
van a políticos o van a una empresa privada.

Ustedes han seguido de cerca lo que pasa con este caso. ¿Qué les pareció el actuar de los directivos, por ejemplo, con el recurso en el Tribunal Constitucional para impedir seguir con la investigación?
Los políticos no andan ventilando a quién le piden plata, pero hoy lo vemos con tratar de obstaculizar a como dé lugar la investigación. Nos da una pena tremenda porque ¿cómo los que alguna vez levantaron banderas, los paladines de la justicia ahora son, digamos, todo lo contrario? Y uno puede cometer un error, como ser humano podemos hacerlo, pero después tratar de tapar y usar todo el aparataje estatal para dejar todo lo que tengo escondido, eso sí que yo creo que es tremendo. El silencio, el tratar de trabar de una u otra manera, con argumentos legales la investigación, es lo penoso y lo triste para SQM públicamente. Porque vemos hasta qué punto puede llegar nuestra corrupción. Y digo nuestra porque me incluyo en esta sociedad corrompida. Yo digo que somos una sociedad corrompida, a veces con pequeños actos, pero lo digo con el afán de que con lo que ha pasado podamos mejorar para adelante. Esto claramente no es un problema político solamente, es un problema social que tenemos que enfrentar entre todos y decirle a los sinvergüenzas que paren, hoy día ya no y que tengan que enfrentar las consecuencias.