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Nacional

9 de Abril de 2015

PDI y Fiscalía allanan las oficinas de Endesa por denuncia contra la termoeléctrica Bocamina

La diligencia se desarrolló de manera paralela en las dependencias de la empresa generadora en Santiago y Coronel, donde comunidades acusan irrespeto de normas medioambientales.

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bocamina A1

Funcionarios de la PDI allanaron hoy las oficinas de Endesa en Santiago y en la localidad de Coronel, ante una denuncia de comunidades locales contra central Bocamina, termoeléctrica que acusan por emisión de metales pesados.

En la diligencia, en la que participó personal de la Brigada de Delitos Medio Ambientales y Patrimonio Cultural (Bidema) y la Fiscalía, se incautaron computadores y documentación de la empresa .

Según la compañía, la diligencia se efectuó “con la entera colaboración de los trabajadores de la empresa, quienes facilitaron toda la información y documentación solicitada”.

En un comunicado público, la compañía señaló que “tratándose de una fase preliminar en la etapa de investigación, Endesa Chile reitera su total política de transparencia sobre este tema”.

Además, aseguró “haber cumplido de manera estricta con todas las reglamentaciones y normas jurídicas vigentes, lo que hará valer en la etapa judicial correspondiente, si ésta se llevara a cabo”.

A fines de marzo, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia confirmó una multa de unos 7 millones de dólares a Endesa por los incumplimientos de normas de emisiones de gases y ruidos en la central termoeléctrica Bocamina II, situada en la región del Bío Bío.

El tribunal ratificó la sanción por 4.378 millones de pesos que impuso en agosto del año pasado la Superintendencia del Medioambiente, que además obligó a la central a realizar un nuevo estudio de impacto ambiental.

La central Bocamina II se encuentra paralizada desde el 17 de diciembre por orden de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Concepción, que había acogido una orden de no innovar, mientras resolvía sobre un recurso de protección presentado por pescadores y vecinos de la localidad de Coronel.

El tribunal ambiental solicitó en su falló a la Superintendencia de Medioammbiente que calcule de nuevo el monto de la multa, ya que en uno de los cargos que se le imputan no se tuvo en cuenta la intención de la empresa de operar sin permiso ambiental, lo que podría aumentar la sanción.

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