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Esta mañana la Asociación de Fiscales de Chile anunció una jornada de movilización a llevarse a cabo el miércoles 6 de mayo. La razón apunta concretamente a que el gobierno quitó de sus prioridades para ser aprobadas antes del 21 de mayo el proyecto que fortalece al Ministerio Público.

 

Según consigna La Tercera, los fiscales explicaron que “se trata de una iniciativa legal clave, que afecta áreas sensibles y apunta a objetivos tales como disminuir la sobrecarga de trabajo que hoy enfrenta el Ministerio Público, mejorar las capacidades investigativas, detener la fuga de fiscales de Institución, crear mecanismos para proveer suplencias y subrogancias, etcétera”.

 

“Como dirigentes de los fiscales, no entendemos cómo la prioridad legislativa de un proyecto de Ley puede cambiar de modo tan dramático de un día para otro. Menos todavía, cuando existe acuerdo en la necesidad de su aprobación”, indicaron, apuntando a la crisis que vive nuestro país por las investigaciones por corrupción en los casos Penta, SQM y Caval.

 

Los persecutores no se quedan ahí y arremeten diciendo que “nos llama la atención que estos hechos ocurran en los mismos momentos en que fiscales de Chile tramitan causas de alto impacto para el mundo político, como son, entre otros, los llamados casos Penta, Caval y SQM. Ciertamente y aunque sabemos que ese hecho jamás será reconocido, es evidente que el mundo político piensa haber encontrado en la tramitación de este proyecto de ley una forma de presionar al Ministerio Público. Desde ya, manifestamos nuestra convicción de que ese objetivo no será logrado”.

 

Durante la jornada de movilización

 

En cuanto a la jornada en que se movilizarán, los fiscales adelantaron que “ejecutaremos sólo aquellas labores que sean estrictamente indispensables. Lo anterior, sin perjuicio de instrucciones que enviaremos los dirigentes a todos los colegas a nivel nacional”.

 

La movilización puede que no sea la única solución y modo de protesta ante la decisión de Gobierno, ya que los persecutores no descartaron implementar “medidas más radicales”.

 

“Sabemos que estas medidas pueden no ser siempre comprendidas por todos, pero queremos garantizar a la comunidad que estamos luchando contra la impunidad de quienes cometen delitos, estamos luchando por brindar un mejor servicio, por mejores condiciones de trabajo y-en definitiva- por una mejor Justicia para Chile”, destacaron.

 

Los fiscales también aclararon que, pese a no contar con el respaldo de todos los integrantes de los poderes políticos de Chile, “seguiremos luchando contra la impunidad de quienes cometen delitos sin importar su procedencia, color político ni poder económico”.

 

El 22 de abril, de hecho, el presidente de los fiscales, Claudio Uribe, abordó la decisión del Ejecutivo y enfatizó que “el momento en que se toma esta disposición resulta altamente cuestionable”, considerando concretamente las turbulencias que sufre el país producto de los bullados casos Penta, SQM y Caval, de hecho, la cabeza del organismo enfatiza que “la Fiscalía se encuentra dedicada a la investigación de delitos de alto impacto social y requiere apoyo de todos los actores relevantes. La señal que ha enviado el Ejecutivo es justamente la contraria y podría entenderse como un reproche a la proactividad del Ministerio Publico”.