El documento secreto de la DINA para “neutralizar” opositores en el mundo

Eran los tiempos del poder total. El general Augusto Pinochet escuchó al director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el coronel Manuel Contreras, y aceptó el plan para “neutralizar” opositores en “México, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Francia e Italia”. Diligente, el 16 de septiembre de 1975, el jefe represivo confirmó por escrito que la operación costaría 600.000 dólares al presupuesto de la Nación.

La idea, fraguada noventa días antes de que naciera el Plan Cóndor en Santiago, incluyó otra serie de acciones destinadas a fortalecer la debilitada posición internacional de la dictadura chilena, entre ellas el envío de remesas a oficiales amigos de la Armada peruana y pagos a diarios de ese país, como “Opinión Libre”. Todo, increíblemente, quedó registrado en un oficio, con firma, timbre y número.

La operación, que consideró un papel preponderante de la Cancillería chilena, incluyó tanto “neutralizar” a líderes de la oposición chilena, como crear lazos con oficiales anticomunistas de la Armada del Perú, país gobernado esos años por una dictadura militar nacionalista y antiimperialista, liderada por el general de ejército Francisco Morales.

En ese marco, oficiales de la DINA fueron enviados a Perú, Brasil, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Italia e incluso Bélgica, con la anuencia del servicio diplomático, como confirman varios oficios secretos de la época, revisados por The Clinic.

Con el tiempo, decenas de embajadores y cónsules colaboraron también en esas misiones, enviando informes periódicos sobre los exiliados o entregando documentos a los servicios de inteligencia de otros países, como Bolivia y Brasil.
En ese marco y a través de aerogramas secretos, las embajadas informaron metódicamente los movimientos de los exiliados y comités de solidaridad, como quedó registrado en mensajes de las legaciones diplomáticas de Austria, Yugoslavia, Sudáfrica o Bélgica, entre muchas otras. Algunos de esos textos fueron firmados por diplomáticos como Horacio Wood, Ramón Valdés, Mario Barros van Büren y Jaime Coutts, entre otros.

Los cancilleres, como atestiguan diversos memorandos de años posteriores, estaban absolutamente al tanto de los hechos y aprobaron puntualmente las sucesivas destinaciones de agentes represivos a las legaciones chilenas en el exterior. También el envío de pistolas, como prueban documentos desclasificados de la cancillería brasileña, revisados en Brasilia por The Clinic.

Paulatinamente, sin embargo, surgieron dudas en el servicio diplomático chileno sobre el alcance de las operaciones, las que también comenzaron a inquietar al Departamento de Estado en Washington, como muestran documentos desclasificados en 2004.

Por ello, para comprender mejor las acciones en marcha, el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, el general de brigada Enrique Valdés Puga, pidió por escrito en 1978 a la CNI que enviara a la Cancillería un ejemplar completo del Plan Cóndor, la coordinación antirrepresiva del Cono Sur, que aglutinaba a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Hoy esas acciones y decisiones, que costaron múltiples vidas, son investigadas por los poderes judiciales de Argentina e Italia, bajo la premisa de la justicia universal inaugurada por el juez Baltazar Garzón en 1999. El jueves de la semana pasada, los tribunales de justicia de Roma durante el juicio oral por la muerte de ciudadanos italianos declaró como imputados a 32 militares del cono sur, entre ellos a Manuel Contreras, Sergio Arellano Stark y Pedro Espinoza.

LOS ORÍGENES DE UNA DICTADURA GLOBALIZADA

El exitoso asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires en 1974 y el temor a la acción internacional de los exiliados fueron fraguando la convicción en la dictadura de que era posible y necesario impulsar una guerra exterior, que considerara elementos operativos y sicológicos. Una guerra permanente y encubierta.

El primer paso fue consolidar el poder interno de la DINA, como el principal organismo de inteligencia del país, a cargo incluso de supervisar todas las contrataciones en el Estado.

Luego vinieron los agitados días de agosto y sobre todo septiembre de 1975. El coronel Contreras no solo estuvo pendiente de negociar con Pinochet un plan de exterminio global de opositores, sino también de realizar la primera operación conjunta con la policía secreta paraguaya, dirigida por Pastor Coronel. También de cuidar la frontera norte, sacudida por el cambio de gobierno en el Perú y los diálogos crecientes con Bolivia por una salida al mar.

El plan de “neutralización” acordado con Pinochet, que fue acompañado con el entrenamiento antiguerrillero de agentes de la DINA en la amazónica ciudad brasileña de Manaos, partió en octubre de 1975 con el homicidio frustrado del líder demócrata cristiano Bernardo Leighton en Roma, prosiguiendo en 1976 con el asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier en Washington.

El rechazo de Estados Unidos a este último atentado, y la consecuente disolución de la DINA, abortaron las operaciones en México, Costa Rica y Francia, según los antecedentes conocidos hasta ahora.

Pero la acción de Contreras en esos días, continuada por la Central Nacional de Informaciones (CNI), dejó como herencia principal el Plan Cóndor, iniciativa que el coronel propuso en octubre de 1975. “La subversión ha desarrollado mandos intercontinentales”, alertó Contreras en su propuesta a los servicios de inteligencia del Cono Sur, donde además lamentó que la cooperación exterior represiva solo estuviera basada en “acuerdos de caballeros”.
“Es para enfrentar esta guerra psicopolítica (de la subversión), que hemos estimado que debemos contar en el ámbito internacional no con un mando centralizado en su accionar sino que con una coordinación eficaz que permita el intercambio oportuno de informaciones y experiencias”, escribió el coronel Contreras a sus pares.

El jefe de la DINA también propuso una estructura y un criptograma (cifrado) para las comunicaciones. El tiempo frustró finalmente el plan de neutralización de opositores acrisolado esos meses, pero en cambio dio larga vida al Plan Cóndor.

FUENTES, EL PRIMER CAIDO
Pero el Plan Cóndor no solo fue una idea que apareció súbitamente. En realidad, surgió lentamente de los “acuerdos de caballeros” descritos por Contreras.

El más documentado de ellos fue la captura del mirista Jorge Fuentes en Paraguay, acción que movilizó hasta Asunción a los agentes de la DINA.

Emocionado por los logros de la cooperación, el coronel Contreras escribió incluso una carta a su par de Paraguay, Pastor Coronel. “Los más sinceros agradecimientos por la cooperación prestada”, redactó el militar chileno.
Con los años, el Plan Cóndor devino en la mayor operación represiva de América del Sur. La llamada “Operación Silencio”, ejecutada con apoyo de militares de Argentina y Uruguay al menos, comenzó con la salida de Chile del agente Arturo Sanhueza Ross, ligado al asesinato del líder del MIR, Jecar Neghme.

Sus otras dos operaciones más conocidas fueron las fugas en septiembre de 1991 del agente Carlos Herrera Jiménez y en octubre del mismo año del químico Eugenio Berríos, civil clave en la fabricación de gas mostaza y toxina botulínica en dictadura, así como en la muerte del ex presidente Eduardo Frei en 1982.

EL PLAN DE GUERRA SICOLÓGICA
Pero el Plan Cóndor y sus secuelas no fueron la única operación global. La dictadura de Augusto Pinochet desarrolló también el Plan de Guerra Externo, una operación mucho menos conocida y centrada en acciones psicopolíticas y de análisis estratégico, también ideada por Contreras.

Esta iniciativa supuso un espionaje permanente a la dirección exterior de la Central Unitaria de Trabajadores, los líderes políticos exiliados y también la comunidad artística, en especial músicos como los Inti Illimani o escritores como Ariel Dorfman.

El primer director de la CNI, Odlanier Mena, lo recordó en el Oficio Secreto Nº 201875, del 13 de abril de 1978. “Corresponde a la Central Nacional de Informaciones la misión de reunir y procesar todas las informaciones provenientes de los diferentes campos de acción, que el Supremo Gobierno requiera para la elaboración de políticas planes y programas”.

La orden era clara: había que empatar cada acción de la oposición en el exilio. Es decir, si el grupo Quilapayún hacía un recital, era menester realizar una acción cultural supuestamente equivalente. También era necesario proponer nuevos cursos de acción o política, sobre la base de la información exterior recabada.

Por años, embajadores y cónsules escribieron solícitos informes sobre el exilio chileno, gracias a veces incluso a la presencia de infiltrados. Las sedes diplomáticas también transfirieron los informes compartidos por la DINA o la CNI a sus pares del Cono Sur. O facilitaron sus valijas diplomáticas para el ingreso de armas químicas, como ocurrió en la legación brasileña, según consta en expedientes judiciales del caso Frei.

Pero ese esfuerzo requirió que cientos de funcionarios diplomáticos y otros funcionarios públicos fueran capacitados en guerra externa, cursos que por años fueron dictados en la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, la ANEPE. Allí desde secretarias del Ministerio de Educación hasta directores de servicios recibieron cursos de Poder Naval, Geopolítica, Guerra Nuclear, Guerra Sicológica y Teología de la Liberación, entre otros temas.