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Nacional

8 de Mayo de 2015

El fallido sueño inmobiliario de Juan Díaz

Juan Díaz Sepúlveda, sindicado por los protagonistas del caso Caval como quien ofreció el negocio al socio de Natalia Compagnon, Mauricio Valero, y dueño del 50% de las ganancias por la venta de los terrenos de Machalí, inició su historial como gestor inmobiliario hace más de 10 años. Su gran proyecto fue “la ciudad satélite” de Chillán, una iniciativa que jamás vio la luz y que hasta hoy es recordada por las autoridades de la época como “una gran estafa”.

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Desde que el nombre de Juan Díaz Sepúlveda (54) salió vinculado al caso Caval, del ex dirigente de la UDI no se supo nada más. Parte de sus conocidos no le han visto ni la sombra desde que se perfiló como gestor del negocio de la nuera de Michelle Bachelet. Y quienes sí lo han hecho, aseguran que él “quiere esclarecer la versión porque se han inventado y dicho muchas mentiras sobre él y Caval”. Pero a pesar de su silencio, que Juan Díaz se vea envuelto en un escándalo político no es noticia para nadie.

Nunca fue un militante de primera línea, pero siempre estuvo en el lugar y momento indicado para pasar a la historia: presenció el asesinato de Jaime Guzmán, trabajó en el campamento Silva Henríquez y formó parte de la investigación que inició la UDI sobre el Caso Spiniak. Paralelamente a su militancia, empezó a desarrollarse como empresario. Su rubro preferido, cuentan sus cercanos, siempre fue el inmobiliario. Pero su camino en ese negocio no ha sido fácil. Desde principios del 2000, lo han acusado por estafa al menos seis veces, teniendo que pagar millonarias indemnizaciones. “Es un milagro que el Gatito no haya caído preso”, comenta riendo un ex militante. Asegura que sus contactos dentro del partido lo han salvado más de una vez de la cárcel, a pesar de que hace años dejó la UDI: “Juan Díaz es muy entrador, muy amistoso. Es igual a un lobista, nunca ocupa puestos y parecen olvidables, pero la verdad es que están bien conectados. Con el tiempo se metió en el negocio inmobiliario y más de una embarrada hizo”, cuenta un gremialista.

Su primer gran proyecto fue hace 10 años. En noviembre del 2004, creó la Inmobiliaria “Coyancura” con el arquitecto Patricio Salomón Morales y un capital de $5 millones de pesos. Solo meses después, la empresa empezó a hacer de las suyas. Le presentó a la Municipalidad de Chillán un increíble proyecto inmobiliario con una inversión de 30 millones de dólares (unos 19 mil millones de pesos). Un negocio impensado para una inmobiliaria nueva sin un cuantioso capital.

MALA SUERTE EN CHILLÁN

Cuando ingresó el proyecto al municipio, la iniciativa se veía prometedora. El alcalde de ese entonces, Aldo Bernucci, no tardó en alardear públicamente sobre el proyecto “C grande” o “la ciudad satélite de Chillán”: un millar de casas emplazadas en un complejo habitacional de más de 38 hectáreas en el famoso Fundo El Mono. Áreas verdes, ciclovía, complejo deportivo y cinco torres de 10 a 18 pisos, formaban parte del paquete.

Pero pasaron meses sin que en el municipio se conocieran los detalles del sueño inmobiliario de Juan Díaz. Los miembros de la Comisión de Obras solicitaron los antecedentes del proyecto a la Dirección de Obras Municipales (DOM), para fiscalizar que se cumpliera con la legislación. El concejal de aquel entonces, Hernán Álvarez, recuerda que había un bloqueo desde la DOM: “Yo personalmente nunca pude acceder al proyecto a pesar de ser el presidente de la Comisión de Obras. Teníamos que votarlo y al final tuvimos que hacerlo con lo poco que había disponible. El proyecto no cumplía con nada, todo muy sospechoso”, asegura Álvarez.

Las sospechas que planteó la Comisión de Obras eran fundadas. El director de la DOM, Ernesto Aracena, le había concedido a la empresa de Díaz, un favor nunca antes visto: el permiso de edificación por $150 millones de pesos sería cancelado en 16 cuotas de 9 millones de pesos cada una. “Cuando nos enteramos de la forma de pago nos pareció absolutamente irregular. Era como un crédito bancario. Nunca supimos por qué se hizo así. Díaz no era alguien reconocido”, asegura Álvarez.

En la prensa de la época, autoridades comunales llamaron al proyecto un “volador de luces”. La calidad de militante UDI de Juan Díaz tampoco logró ocultarse. Ante la presión, los concejales solicitaron un sumario en contra del director de Obras. “Nos dimos cuenta que el proyecto no tenía elementos básicos para ser aprobado. No tenía estudio de impacto ambiental ni nada”, comenta el concejal Álvarez.

El panorama para Juan Díaz se ponía negro. Empezó a tener problemas de plata con su socio Patricio Salomón, justo cuando estaban negociando en el año 2006. Sin embargo, Díaz no se rendiría tan rápido. Giovanni Gotelli, ex concejal, recuerda que varias veces la empresa intentó persuadirlo, pero para él los problemas de la “ciudad satélite” iban mucho más allá de los estudios: el proyecto involucraba a la municipalidad en un acto de especulación inmobiliaria. “En ese tiempo gran parte del Fundo El Mono, donde se emplazaría la ciudad, tenía uso de suelo agrícola y para poder llevar a cabo este monstruoso proyecto, la municipalidad debía autorizar el cambio de uso de suelo”, cuenta Gotelli. La misma modalidad empleada en los predios emplazados en Machalí. Y agrega: “era extraño que alguien invirtiera tanta plata sin tener la modificación al Plan Regulador. No había forma que el proyecto pasara la comisión de Obras”, sentencia Gotelli.

Para el ex alcalde de Chillán, Coyancura fue un dolor de cabeza. Y, aparentemente, no solo para él. El 2006 se encontró con el socio de Díaz, Patricio Salomón. “Me abordó en la calle para aclararme que estaban peleados con Juan Díaz porque lo había estafado con plata y había un proceso judicial”, comenta Aldo Bernucci. Salomón acusó a Díaz de estafa por $450 millones. Un año después presentó otra querella más por el mismo delito.

En el 2008 y cuando el ex dirigente poblacional de la UDI seguía moroso por no pagar los permisos de edificación, en la municipalidad se enteraron de otra querella, esta vez por $180 millones de pesos en Curicó. Su abogado en ese tiempo era Christian Espejo, director jurídico de la Municipalidad de Providencia cuando Cristián Labbé estaba a la cabeza. “El tema quedó como un gran estafa. Todavía debe estar moroso, pero en la muni ya dieron el dinero por perdido”, asegura el concejal Gotelli.

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