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Poder

13 de Mayo de 2015

Corte de Apelaciones decreta la quiebra de la empresa fúnebre que tiene en disputa al Arzobispado con sus “socios”

El pasado 4 de mayo la Corte de Apelaciones declaró la quiebra de Acoger S.A., empresa que administra el Cementerio Católico de Santiago y que creó, junto con la Iglesia, el negocio de memoriales en parroquias. El fallo invalida una opción de compra de la Hacienda Picarquín, propiedad del socio mayoritario de la empresa, lo que es sindicado por los afectados como la verdadera razón de la solicitud de quiebra. Ahora, el conflicto que tiene en vilo al negocio fúnebre de la Iglesia llegará a la Corte Suprema, con los tres "socios" enfrentados.

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Cementerio Católico A1

En un fallo de cinco planas, el pasado lunes 4 de mayo la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de la Compañía de Seguros CorpVida declarando la quiebra de la sociedad Acoger Santiago S.A., compañía en la que son socios de San Arturo S.A. -propiedad del empresario Álvaro Fuenzalida- y el Arzobispado de Santiago.

Tras una extensa pugna judicial, la empresa que administra el Cementerio Católico de Santiago y que creó el negocio de memoriales parroquiales en iglesias de la Región Metropolitana, anotó otro capítulo en el historial de conflictos internos que vive desde 2013, cuando se inició la ofensiva judicial de la compañía de seguros -antes de propiedad del empresario Álvaro Saieh; hoy propiedad de la Cámara Chilena de la Construcción- y el propio Arzobispado, con el ex Vicario Moderador de la Curia y ex presidente de la Fundación de Cementerios Católicos, Rodrigo Tupper, a la cabeza.

Un fallo que despoja al empresario Fuenzalida -ex gerente de Socovesa- de la Hacienda Picarquín, lo que es acusado por su empresa como el verdadero botín detrás de las peticiones de quiebra, y que tendrá como síndico de quiebras titular a María Loreto Ried Undurraga (Universidad del Mar) y como síndico provisional suplente a Herman Chadwich Larraín, encargado del convenio judicial preventivo de las tierras adquiridas por la empresa Caval.

¿Pagarés adulterados?

El fallo unánime de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones revoca la decisión tomada por el 3° Juzgado Civil de Santiago el 3 de diciembre pasado, que estableció que señalaba que los dos pagarés que sustentaban la solicitud de quiebra estaban prescritos.

Pero el tribunal de alzada sentenció la semana pasada que los pagarés suscritos que suman un monto total de 39.000 UF (más de 930 millones de pesos) a la fecha de su notificación no estaban prescritos, por lo que “se encuentra justificado a cabalidad el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para que la quiebra sea declarada”.

Sin embargo, Acoger señala que dichos pagarés cuentan con evidentes muestras de adulteración y correcciones posteriores por parte de CorpVida. De hecho, entablaron una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte en contra del notario y los abogados patrocinantes de la compañía de seguros.

Desde Acoger consideran además extraño el actuar que ha tenido la Iglesia, en concordancia con la estrategia legal de CorpVida, desde que presentaron las solicitudes de quiebra. La última de ellas, ocurrida el 26 de marzo pasado, durante los alegatos de la causa en la Corte de Apelaciones, cuando se presentaron dos abogados del Arzobispado en conjunto con los de la empresa de la CChC.

Además, recuerdan en Acoger, que parte del staff legal del Arzobispado ya había “intercedido” en favor de la quiebra anteriormente, hecho que fue primero relatado por el empresario Álvaro Fuenzalida en una carta de octubre de 2014, luego descartado por el presbítero Rodrigo Tupper, pero comprobado por The Clinic Online en conversación con ejecutivos de dos de las tres instituciones financieras acreedoras de Acoger.

“Llamaron para pedir una reunión, vinieron y nos contaron su historia. Nosotros dijimos que éramos bastante ajenos a los que nos estaban contando, reconocimos la deuda que Acoger tenía con nosotros, pero les señalamos que no estaban en mora y no había ninguna situación para no respetar el convenio. Al ver que nuestra postura no cambiaba, se fueron, aunque dejaron sus tarjetas de presentación”, señaló uno de los ejecutivos en esa ocasión.

La entrada del hermano de Fra Fra

Con esos antecedentes, la relación entre los socios de Acoger (CorpVida, San Arturo y el Arzobispado, a través de la Fundación de Cementerios Católicos) sólo tuvo un encuentro en abril pasado, más de un año y medio después de que comenzaron los conflictos.

En esa ocasión, el abogado Ignacio Larraín Jiménez -socio senior del histórico estudio defensor legal de la Iglesia: Philippi, Prietocarrizosa & Uría-, en representación del Arzobispado reconoció el envió de un instructivo que impedía a trabajadores de Acoger S.A. realizar obras en los memoriales parroquiales y anunció que, independientemente del resultado del litigio que pedía la quiebra de la empresa, ya no trabajarán más con el empresario ex gerente de Socovesa.

Por ahora, el nuevo representante de la Iglesia en el directorio es el ex director y gerente general del Cementerio Católico de Santiago y hermano del empresario Francisco Javier Errázuriz (Fra Fra), José Miguel Errázuriz Talavera, quien justamente fue propuesto como nuevo director de la empresa en esa junta de accionistas ocurrida el 9 de abril pasado.

Tal como relató The Clinic Online en diciembre pasado, en diferentes cartas firmadas por su ex representante, Rodrigo Tupper, la iglesia no se presentó a los llamados a junta de accionistas dado que, según él, la Fundación estaba impedida de conocer el estado de los negocios de Acoger, enterarse de su situación patrimonial y de poder fiscalizar los actos de su administración.

Además, Tupper señalaba en una de esas cartas que Acoger adeudaba dinero a la Fundación y que no asistiría a la junta porque consideraba que “sus derechos como accionista minoritario han sido grave, sistemática y prolongadamente vulnerados y que son los tribunales de justicia quienes deben decidir sobre la situación futura de Acoger”, en relación a la solicitud de quiebra solicitada por la empresa del grupo Corp.

Coincidencia o no, tres días después de la publicación de este medio, Rodrigo Tupper anunció que dejaría el cargo como Moderador de la Curia el 31 de enero de este año y fue reemplazado por Monseñor Fernando Ramos Pérez.

Con todo, Ignacio Larraín se presentó para conocer en detalle el estado del juicio de quiebra de la empresa y el estado de pagos a las parroquias que mantienen convenio con Acoger.

Pero además, Larraín reconoció un hecho denunciado por Fuenzalida y desmentido por el cura Tupper en las respuestas que dio a The Clinic Online en diciembre pasado. Ante la pregunta sobre una supuesta instrucción de no permitir la venta de servicios fúnebres de Acoger para esperar la quiebra, el también ex vicario de la Juventud señaló vía correo electrónico que “por cierto que no es efectivo que haya dado alguna orden en tal sentido a las parroquias, como tampoco es efectivo que las deudas que Acoger Santiago S.A. mantiene tanto con la Fundación como con las parroquias hayan sido aclaradas, sino al contrario, al día de hoy esas deudas todavía se mantienen impagas”.

Según consta en el acta de la Junta de Accionistas -a la que accedió The Clinic Online– “se preguntó al representante de la Fundación por un cartel puesto en las parroquias, que se le exhibe, donde establecen encargados del Arzobispado en la venta y servicios de los memoriales parroquiales”.

“Don Ignacio Larraín explica que en septiembre del año 2013, una vez fracasada las negociaciones entre CorpVida y Álvaro Fuenzalida, se elaboró este documento debido a que la Compañía tenía presentadas en su contra tres solicitudes de quiebra por 3 entidades financieras y se trataba de un instructivo que sólo regiría en caso que se declarara la quiebra de Acoger Santiago S.A. y con el único objeto de asegurar la prestación de los servicios contratados”, dice el acta, firmada por los cuatro accionistas asistentes a dicha junta.

Consultados por esta situación, el Arzobispado de Santiago respondió a este medio que “en la junta, lo que señaló el representante de la Fundación de Cementerios Católicos en relación a un documento que le fue presentado durante la misma, es que aquel regiría exclusivamente para el caso en que se declarara la quiebra tras las solicitudes que hicieran BBVA, Scotiabank y Euroamérica. En ese mismo documento se señalaba que, en el caso de decretarse la quiebra, quienes se acercaran a las parroquias se podrían poner en contacto con determinadas personas para asegurar la prestación de servicios ya contratados, de manera de asegurar así la continuidad de los mismos. De todas formas, es claro que ese documento nunca ha entrado en vigencia”.

Además, la Iglesia comandada por el cardenal Ricardo Ezzati señaló que respecto a la comunicación de que el empresario Errázuriz Talavera sería el nuevo administrador del negocio con Acoger, es una información “es absolutamente falso. De hecho, como sí quedó consignado en el acta, con la conformidad de la totalidad de los accionistas de la sociedad, fue designado como Director el señor José Miguel Errázuriz Talavera. Por este mismo hecho queda claro que es absolutamente falso lo que transmite que se habría dicho, y a mayor abundamiento, sería absurdo pensar que se podría haber sugerido tal acción -la designación del señor Errázuriz como nuevo administrador- en el mismo momento en que se acordó por todas las partes su designación como nuevo director”.

A la par de esta información, la compañía de seguros desistió de uno de los recursos en contra de Acoger el pasado lunes 27 de abril, una semana exacta antes de emitido el fallo de la Corte de Apelaciones.

Consultados por este medio Compañía de Seguros CorpVida S.A. señaló que “no hace comentarios respecto de las resoluciones de los tribunales de Justicia, sin perjuicio de someterse a lo que ellos determinen”.

Acá la sentencia de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago:

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