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En el baño de la Primera Comisaría de Rancagua, en pleno centro de la ciudad, uno de los dos carabineros le pidió al menor de iniciales I.H.F que se sacara los calzoncillos. El estudiante de 14 años, que ya se había despojado de su polera, pantalones y zapatos, se negó.

– ¡Te los sacai tú o te los saco yo!- le advirtió a gritos el uniformado.
I.H.F. se bajó la ropa interior con impotencia. Una vez desnudo, le ordenaron hacer sentadillas. El escolar puso sus manos en la nuca y flectó sus piernas tres veces. Los carabineros, según el testimonio judicial del adolescente, ni siquiera revisaron la ropa que acababa de quitarse.

Los cuatro funcionarios policiales involucrados en el proceso que ese día repitieron con nueve estudiantes más –Víctor Baeza, Héctor Rivas, Ulises Reydet y Elsa Núñez- fueron acusados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de apremios ilegítimos. El 8 de abril pasado, dos años después de los hechos, formalizaron a los implicados en el Juzgado de Garantía de Rancagua. Fue la misma semana en que un texto dirigido a escolares, publicado por el INDH, aseguraba que las detenciones en las marchas fueron utilizadas por la institución como un elemento represivo, desatando la ira del General Director de Carabineros, Gustavo González Jure, y una inédita solicitud de expulsión de la directora del organismo, Lorena Fries, por parte de la comisión política de Renovación Nacional.

Toma pacífica

13 de agosto de 2012.

Nicolás Flores, 18 años recién cumplidos, relacionador público del Centro de Alumnos del liceo “María Luisa Bombal”, ingresó al liceo Manso de Velasco durante la madrugada luego de una jornada de trabajo part time en un McDonalds. Pocas horas antes, a las nueve de la noche, había comenzado oficialmente la toma del establecimiento. Cuando el alumno de cuarto medio llegó al lugar, el frontis ya estaba cubierto de sillas y sus compañeros, al interior, pintaban un lienzo con la frase: “toma pacífica”.

El liceo Manso de Velasco albergaba a los estudiantes del “María Luisa Bombal”, luego que el terremoto del 27-F destrozara por completo la biblioteca del establecimiento y sus dependencias quedaran prácticamente en ruinas. Las promesas de reconstrucción, después de dos años, jamás se concretaron. De ahí que los estudiantes se plegaran al movimiento estudiantil el año 2012, un período marcado, según el plan de observación en calles y comisarías publicado en la cuenta pública del INDH aquel año, por una falta de proporcionalidad en el uso de mecanismos disuasivos y presencia de detenciones irregulares por parte de Carabineros.

Además de adherir al petitorio general por educación pública, gratuita y de calidad, el liceo tenía un petitorio interno claro: la reconstrucción de su establecimiento original. Según Ignacio Muñoz, entonces vocero del colegio, cerca del 65% de los estudiantes aprobaron la toma del liceo como medida de presión.

El Centro de Alumnos comunicó la decisión al director del establecimiento, sin especificar fecha, y el segundo fin de semana de agosto avisaron a sus compañeros que la toma comenzaría el domingo. Al establecimiento llegaron ocho estudiantes a pasar la noche, casi todos de cuarto año medio, mayores de edad, salvo tres escolares: I.H.F, otro menor de 17 años y una chica de la misma edad.

A las 6.30 de la mañana, tras una denuncia telefónica del alcalde de Rancagua, dos retenes móviles se apostaron a la entrada del liceo. A esa hora dos compañeras más se unieron al grupo para apoyar la toma. Al poco rato llegaron tres patrullas más y Mauricio Aguerribere, director del establecimiento, junto al secretario general de la corporación de educación municipal de Rancagua, Óscar Fuentes, llamaron al vocero de la toma para conversar.

-Querían que entregáramos el liceo, yo dije ‘tranquilos, voy a hablar con mis compañeros y ver como lo podemos solucionar’- recuerda Ignacio Muñoz.
El vocero de la toma asegura que el director rompió su palabra y dejó ingresar a carabineros.

Fue ahí cuando Ignacio Muñoz les gritó a sus compañeros que se quedaran quietos, que no habían hecho nada malo. Los estudiantes, que estaban escapando de los policías, se detuvieron y levantaron sus brazos en señal de no resistencia. “Cuando les digo eso viene un carabinero por detrás de uno y lo agarra, le tira el brazo para atrás y lo tira al mesón, después otro me agarra a mí”, narra Muñoz. Ángel Moraga, de entonces 17 años, declara haber sido ahorcado con la bufanda que llevaba puesta.

Después de entregar sus cédulas de identidad, los diez estudiantes fueron esposados y llevados al interior de una patrulla. Cuando I.H.F. subió al vehículo, logró distinguir sangre seca en una de las paredes. Sintió miedo. Siendo menor de edad, según la convención sobre los derechos del niño y el mismo protocolo policial, debería ir separado de los adultos. No fue así. Nicolás Flores, otro de los detenidos, comenzó a ahogarse por lo pequeño del espacio. Hasta el día de hoy tiene la sensación de ahogo grabada en su cabeza.
Cuando subieron a todos los estudiantes en distintos vehículos, separados por sexo, los trasladaron al Hospital Regional de Rancagua, donde hicieron la constatación de lesiones, y luego a la Primera Comisaría de Rancagua. Los jóvenes vinieron a engrosar una estadística bastante cuestionada el año anterior: El 32% del total de manifestantes detenidos fueron menores de edad.

Menores sin ropa

El único estudiante del grupo que había sido detenido en otra ocasión fue Franco Castro. Aquella vez lo metieron a un furgón, lo hicieron firmar papeles, le sacaron los objetos con los que se podía hacer daño y horas más tarde fue liberado. El mismo procedimiento que explicó a sus compañeros cuando le preguntaron qué era lo que les iban a hacer en la comisaría. La historia los tranquilizó. Parecía un trámite sencillo.

Sin embargo, a diferencia de lo que contaba Castro, no les hicieron firmar ni un solo documento. Los metieron a todos en un cuarto azul, de paredes rayadas y un penetrante olor a orina. Uno de los carabineros les ordenó sacarse cinturones y cordones de las zapatillas. Todos obedecieron. Fue entonces cuando comenzaron a llamarlos, uno por uno, al estrecho baño contiguo a la sala.

El primero en ingresar fue Franco Castro. El rostro desencajado del estudiante alertó a sus compañeros. A medida que pasaban, los iban encerrando en los calabozos.

Cuando le tocó a Nicolás Flores, tenía apenas una idea vaga de lo que enfrentaría. Supuso que le harían sacarse la ropa y entró decidido a cuestionar el actuar policial: “¿Por qué nos hacen quitarnos la ropa?, ¿cuál es el sentido? Si no somos delincuentes”, lanzó el estudiante.

Los dos oficiales encargados del procedimiento ni se inmutaron y le ordenaron quitarse hasta la última prenda. Flores se sacó el uniforme del McDonalds que llevaba puesto desde la noche anterior y lo dejó sobre la tapa del váter. Luego se quitó los calcetines y finalmente, con un pudor infinito, bajó sus calzoncillos hasta el suelo.

Una vez desnudo, lo obligaron a hacer sentadillas, un procedimiento usualmente destinado a verificar que el imputado no guarda ningún objeto cortopunzante en su ano. Flores, resignado, acató las instrucciones. Cuando terminó el procedimiento volvió a vestirse y, sintiendo la mirada punzante de los dos oficiales en todo momento, salió del baño.

Todo lo que ocurría dentro del baño era escuchado por el resto de los estudiantes. Después de Flores, fue el turno de I.H.F. El menor de 14 años entró al baño y los dos carabineros siguieron el mismo protocolo. Cuando quedó en calzoncillos, le ordenaron quitárselos. El estudiante se negó. Flores y el resto de los alumnos escucharon el grito de uno de los carabineros: “¡Te los sacai tú o te la saco yo!”. Luego hubo un silencio incómodo. Los estudiantes adivinaron la escena.

Según el informe anual 2012 del INDH sobre la función policial, ese año hubo al menos 12 episodios donde funcionarios de Carabineros obligaron a desnudarse a niños, niñas o adolescentes. “Es una experiencia traumática que un menor que está reclamando por sus derechos, sin ninguna noción de que haya actuado de manera violenta, sea desnudado en una comisaría a modo de castigo ejemplificador respecto de un derecho que es el de manifestarse. Es relevante que una persona que está en condición de vulnerabilidad, como lo son niños, niñas y adolescentes, sean tratados con mayor cuidado”, declara hoy Lorena Fries, directora del INDH. La directora del organismo explica que casos como este impulsaron la modificación del protocolo de detención de menores de edad por parte de Carabineros el año pasado.

A excepción de una de las alumnas, que fue revisada en la parte de abajo del sostén por una oficial de Carabineros, todos los alumnos coinciden en que no hubo contacto físico ni tocaciones de carácter sexual. Independiente de eso, afirman que se sintieron pasados a llevar y varios indican que vieron cómo los policías miraban sus genitales de manera “extraña”.

“En un momento pensé que no estaba bien lo que hacían, me sentía pasado a llevar, pero no dije nada. No entendía muy bien lo que estaba pasando. Estaba en shock”, afirma Muñoz al recordar los hechos. Cuando terminó la revisión, fueron separados por sexo y edad y llevados a sus respectivas celdas. Ahí estuvieron hasta las cuatro de la tarde, cuando los liberaron y sus padres los fueron a buscar.

Los cuatro carabineros implicados quedaron con arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas mientras se lleva cabo la investigación que terminará en dos meses más. Por ahora siguen desempeñando sus funciones y están siendo defendidos por abogados privados de la institución. De los cuatro formalizados, tres fueron contactados por The Clinic y negaron prestar declaraciones.

En cuanto a las víctimas, nunca emprendieron acciones legales y los estudiantes contactados no tenían idea de que habían formalizado a quienes hace un par de años los obligaron a sacarse toda la ropa en el baño de una comisaría. La experiencia, según Nicolás Flores, ha sido imposible de borrar. “Me sentí vulnerado… no hicimos nada malo, solo luchábamos por algo justo. Pero tuve que hacerlo. Tenía miedo. Ellos tenían más poder”.