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2 de Junio de 2015

Gonzalo Vial: el gran espía de Pinochet y la CNI

El académico y ministro de Educación durante el régimen militar, desplegó en secreto, en 1979, un año antes que el Estado traspasara sus establecimientos educacionales a los municipios, una operación de espionaje en coordinación con Pinochet y la CNI. La misión: revisar los antecedentes políticos de unos 90.000 profesores de escuelas y liceos públicos.

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El académico Gonzalo Vial Correa desplegó en secreto, en 1979, la mayor operación de espionaje en la historia de Chile, cuando como ministro de Educación Pública coordinó con el general Augusto Pinochet y la Central Nacional de Informaciones (CNI), la revisión de los antecedentes políticos de unos 90.000 profesores de escuelas y liceos públicos.

La iniciativa, solo comparable con acciones similares ejecutadas por regímenes totalitarios europeos, fue diseñada el segundo semestre de 1979, un año antes de que el Estado transfiriera sus establecimientos educacionales a las municipalidades.

Vial Correa, quien en democracia integró la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990-1991), adoptó la resolución preocupado por “la infiltración marxista en el magisterio”, como expresó al dictador chileno el 23 de agosto de 1979, en un archivo reservado que llevó su firma.
La operación, que implicó revisar los archivos de la CNI y enviar agentes de la policía secreta a los colegios, fue acelerada luego de que fuera detenido el profesor Federico Álvarez Santibáñez cuando arrojaba panfletos contra el régimen.

Apresado el 14 de agosto, Santibáñez murió al amanecer del 21 de ese mes en la Posta Central, luego de estar recluido en la 3° Comisaría y los cuarteles de la CNI. Su cuerpo, según el diagnóstico médico, presentaba contusiones múltiples e insuficiencia pulmonar. También hemoptisis, la letal tos con sangre.

Indignado, Vial Correa decidió que era el momento de escribir a Pinochet directamente, pero no por razones humanitarias o el horror de las torturas. Por el contrario, el entonces ministro lamentó en su oficio que la captura y muerte del profesor develara profundas fallas en los sistemas de seguimiento y control de los docentes que hacían clases en los liceos públicos, sobre todo en casos con obvios “antecedentes de peligrosidad” como el del fallecido Santibáñez, integrante reconocido del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

“A fin de solucionar esta anomalía, el ministro que suscribe ha dispuesto que, durante el curso del mes de septiembre, a más tardar, y encontrándose ya completo el listado nacional de los profesores encasillados, éste sea revisado íntegramente por la Oficina de Seguridad (del Ministerio) a fin de individualizar a los elementos extremistas”, explicó Vial.

El ministro, advirtiendo que la nómina a revisar incluía 90.000 docentes, sugirió inmediatamente a Pinochet que la CNI apoyara más activamente las labores de seguridad del Ministerio de Educación Pública, para que no hubiera más profesores “extremistas” en los liceos.

“Sería muy importante que la CNI hiciera su propia revisión, con sus propios archivos, o se combinara para hacerlo con el ministerio. Estoy solicitando esta ayuda al director de la CNI (Odlanier Mena), la cual agradeceré sea respaldada por Vuestra Excelencia”, demandó el académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fallecido en 2009.

Lo cierto es que la CNI sí debía revisar los antecedentes del magisterio, pero sólo los del personal que debía ser contratado, como ocurría desde 1975 por decisión del propio Pinochet con todos los funcionarios públicos, medida de control administrativo que perduró todo el régimen.
La operación propuesta por Vial finalmente prosperó y la lealtad de todos los docentes del país fue chequeada, no sin provocar problemas, incluso en las propias filas oficialistas.

“He sido informado por alumnos de mi curso (…) que un funcionario cuyo nombre ignoro y no me fue proporcionado, pero que pertenecía a los servicios de seguridad del Ministerio, los habría estado interrogando”, lamentó el profesor Claudio Román en una misiva dirigida a Vial.

El docente, tras recalcar su absoluta fidelidad al régimen, adjuntó además varias cartas en que funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores relataban su trabajo en la Dirección de Protocolo.

Vial, el mismo hombre que inventó en 1973 la existencia del Plan Zeta, la supuesta operación del gobierno de Salvador Allende para matar opositores e instaurar una “dictadura comunista”, impulsó así el mayor dispositivo de seguimiento y control que conoció Chile. Y jamás reveló lo obrado, ni siquiera cuando lo nombraron integrante en la Comisión Rettig o lo llenaron de reconocimientos universitarios en democracia.

Las acciones en todo caso traspasaron el ámbito de la educación primaria y secundaria, abarcando también las universidades de todo el país. Por ello, Vial recibió permanentemente reportes de la CNI sobre las acciones de estudiantes y académicos. Desde alumnas como la estudiante de pegagogía en castellano Lilian Elpich hasta el académico y ex jesuita Gerardo Claps de la Universidad del Norte.

Nada podía quedar sin vigilancia para el puntilloso historiador Gonzalo Vial Correa.

LAS OTRAS PREOCUPACIONES DE PINOCHET

Pero el ministro Vial, además de sus labores en el seguimiento a profesores, estuvo esos meses concentrado también en preparar las bases jurídicas y presupuestarias del traspaso de los liceos desde el Estado central a los municipios y las empresas privadas.

La operación, que perdura hasta hoy, fue también una preocupación personal de Pinochet, quien tenía varios reparos a la iniciativa. De hecho, el 20 de junio de 1979 el general y paracaidista Alejandro Medina Lois, escribió el oficio reservado 194 al entonces ministro Vial.

“Por orden de Su Excelencia, el presidente de la República, adjunto devuelvo a US. el proyecto de D.L. que le faculta para entregar la dirección y administración de establecimientos de Educación Técnico Profesional al sector privado”, redactó Medina Lois, en esa época Ministro Jefe del Comité Asesor Presidencial.

No obstante, el brigadier alertó a Vial que Pinochet temía que la medida trajera efectos políticos adversos, de corto y largo plazo. El dictador recelaba especialmente de que el Estado perdiera “la tuición directiva y administrativa de la educación técnico profesional”, explicó Medina Lois.
El brigadier, quien fue en democracia rector de la Universidad Bernardo O”Higgins, planteó por ello al ministro Vial la necesidad de explorar opciones intermedias al traspaso de los liceos.
Finalmente, el traspaso fue iniciado sin ambages ni pasos intermedios por Alfredo Prieto Bafalluy, quien sucedió a Vial en el ministerio de Educación Pública, el segundo semestre de 1979. La educación pública, espionaje mediante, caminaba a su compleja municipalización.

El espionaje a profesores y alumnos perduró por años, en una operación que consistió en una absoluta ocupación cívico militar del sistema educacional. Como reveló The Clinic en 2013, al revelar 30.000 archivos secretos del régimen, el propio general Pinochet comandó en persona algunas de las operaciones que permitieron crear el modelo educativo actual, las que incluyeron reprimir toda disidencia en los liceos, crear una juventud leal al régimen y traspasar a bajo costo los liceos a privados, como admiten los oficios secretos del régimen publicados ese año.
También, por cierto, formar a funcionarios de colegios y del ministerio de Educación en temas de seguridad como poder naval, guerra nuclear, seguridad nacional, marxismo o teología de la liberación en cursos dictados en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Anepe.
En definitiva, no solo era aconsejable espiar y golpear al enemigo interno, en la lógica de la dictadura. También era importante conocerlo. Y en todo eso Gonzalo Vial Correa fue un servidor esmerado.

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