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Nacional

2 de Junio de 2015

La historia del parque que nunca fue

Hace un par de semanas vecinos de La Pintana entablaron una demanda indemnizatoria en contra del MOP y el Servicio de Evaluación Ambiental, por no cumplir una de las medidas de mitigación contempladas en la construcción del Acceso Sur a Santiago: la expropiación de 20 hectáreas de viviendas para la construcción de un parque. El espacio público jamás se construyó.

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Fiscalía Centro Norte. 6 de marzo de 2014. 15:30 horas.
Cuando Patricia Valenzuela entró a la Fiscalía Centro Norte de Santiago a declarar sobre la querella por fraude al fisco y prevaricación, presentada por un grupo de vecinos de La Pintana contra la Concesionaria autopista del Maipo S.A. y altos personeros de gobierno, respecto a las obras ejecutadas en la comuna durante la construcción de la autopista Acceso Sur, la recibió el fiscal de delitos de alta complejidad José Morales. Según la mujer, pobladora de la Villa La Ópera I, éste le habría preguntado si estaba segura de lo que estaba haciendo.

-¿Quién le dijo a usted que la presidenta estaba robando?, le habría preguntado el persecutor.
-Yo nunca dije eso-respondió la mujer.
-¿Usted sabe que se pueden querellar en contra suya por calumnia?- habría retrucado el fiscal, según la mujer.

Patricia cuenta que se sintió intimidada. No en vano los altos personeros de gobierno acusados en la acción judicial, presentada el 11 de julio de 2013, eran nada menos que la presidenta de la República, Michelle Bachelet, el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, y el director de Presupuesto del ministerio de Hacienda, Alberto Arenas. La mujer, que solo llegó hasta cuarto básico, dice “si hubiera podido salir arrancando, lo habría hecho”.

La versión de Morales, sin embargo, contradice lo planteado por la vecina de La Pintana. “No recuerdo que le hayamos dicho eso. Lo que hicimos, como con toda la gente, es que le informamos de sus derechos y obligaciones. Le preguntamos si conocía bien los términos de la querella y ella reconoció que nunca la había leído. Cuando me dijo eso, le dije que era grave que no leyera las cosas que firmaba”, cuenta el fiscal.

La causa finalmente fue sobreseída el 22 de abril por el 7 Juzgado de Garantía de Santiago. “Los hechos denunciados no son constitutivos de delito penal alguno”, se especifica en la sentencia.

Los pobladores de La Pintana no se dieron por vencidos. El pasado viernes 15 de mayo presentaron una nueva demanda de carácter indemnizatorio, esta vez contra el MOP y el Servicio de Evaluación Ambiental, por no cumplir una de las medidas de mitigación contempladas en el proyecto: la expropiación de 20 hectáreas de viviendas para la construcción de un parque. El espacio público jamás se construyó.

“Aislados e inseguros”

A las tres de la mañana sonó el teléfono de su casa. Del otro lado de la línea, una de sus amigas de la población le contó a Irene que una vecina estaba a punto de dar a luz y necesitaba ayuda, pues ni la ambulancia ni Carabineros habían logrado ingresar al estrecho pasaje de viviendas sociales ubicado en la Villa Ópera I de La Pintana. Desde 2007, tres años después de iniciada la construcción de la autopista Acceso Sur Santiago, el lugar quedó aislado por bloques de concreto, paneles de madera y una inmensa fosa a rajo abierto, de 29 metros de ancho, que dificultaba el ingreso de vehículos a la población.

Irene colgó el teléfono, se vistió rápidamente y salió disparada a la casa de la mujer. Cuando llegó encontró a su vecina recostada en la cama, en pleno trabajo de parto. Irene pidió toallas limpias y, sacándole el jugo a su curso de primeros auxilios y los años de experiencia trabajando en el hospital, recibió al recién nacido. Limpió con alcohol una tijera de la casa y cortó el cordón umbilical.

Justo en ese momento llegó una patrulla policial. La madre subió con su pequeño hijo al vehículo y fue trasladada al hospital Padre Hurtado. Minutos después llegó la ambulancia. El vehículo de emergencia, al igual que el de Carabineros, había tenido que darse una vuelta de varias cuadras para entrar a la población. “Lo mismo pasó una vez con un incendio; la bomba no pudo entrar y entre los vecinos tuvieron que apagar las llamas tirando baldes de agua. Nos tenían aislados, inseguros”, recuerda Irene.

Situaciones similares se repitieron durante los cinco años que duró la construcción del Acceso Sur, una carretera de 47 kilómetros que uniría la Ruta 5 con la zona sur de Santiago, pasando por las comunas de Paine, Buin, San Bernardo, Puente Alto, La Florida, La Pintana y La Granja. El tramo subterráneo de la autopista quedó justo abajo de las poblaciones Ópera I y Ópera II de La Pintana. La carretera fue aprobada por el ministerio de Obras Públicas en el año 1998 y quedó en manos de la concesionaria Autopista del Maipo S.A. La inversión total: 160 millones de dólares.

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Las molestias por la obra no tardaron en llegar. “Fue terrible. En el invierno se formaban barriales y en el verano se levantaba una cantidad de polvo… Cuando empezaron a hacer los hoyos todo se estremecía, igual como si estuviera temblando. Y con tanto movimiento de tierra, nos empezaron a invadir los ratones”, relata Patricia Valenzuela, vecina del sector.

La construcción implicó cercar la villa completamente. La escasez de accesos motivó a los vecinos a remover pesados bloques de concreto y abrir nuevas vías de ingreso a la población. Ni siquiera, recuerdan, les instalaron una pasarela. Algunos tampoco pudieron sacar sus autos de las casas durante el tiempo que duró la obra debido al severo enclaustramiento.

Los accesos a las villas, de apenas 50 centímetros de ancho, se transformaron en laberintos a merced de traficantes y delincuentes. “Tenías que mirar para todos lados, porque demás que podía aparecer alguien escondido en un poste y te asaltaba. No podíamos salir muy tarde”, recuerda Irene.

Cansados de la situación, el año 2007 un grupo de vecinos decidió organizarse y tomarse las obras. “Estábamos choreados. Empezamos a protestar porque no era justo que nos encerraran. Así que estuvimos en toma ocho meses, hacíamos guardia hasta que terminaba la hora de trabajo”, cuenta Patricia, que formó parte del colectivo organizado.

Los vecinos llegaban todos los días a la obra alrededor de las ocho de la mañana, se instalaban bajo un toldo y tomaban desayuno. Siempre había alguien en el lugar y firmaban incluso un libro de asistencia. “No luchábamos por una recompensa, lo único que queríamos era que hicieran el trabajo en etapas para que no nos encerraran”, explica Patricia.

La obra finalmente se paralizó. Pero todo indica que la razón de fondo no fue la insistente manifestación. Los vecinos aseguran que la concesionaria no tenía dinero para continuar las faenas y que estaba prácticamente en la quiebra. El salvavidas para la empresa llegó el 11 de febrero de 2008 cuando el MOP, a través del decreto N° 142, ordenó un pago directo a la concesionaria por 1.438.722 UF -57 millones de dólares-. “Esa fue la presión para que el gobierno le pasara fondos, porque si no, no se iba a terminar la obra y la gente estaba viviendo en circunstancias absolutamente precarias”, afirma René González, asesor jurídico de los pobladores. Su hipótesis es que esa plata que pagó el Estado a la concesionaria era la que originalmente estaba destinada a la construcción del parque.

El monto entregado, según la abogada Marta Sánchez, fue realizado de manera poco ortodoxa. La defensa de los vecinos asegura que este tipo de pagos no estaría contemplado en el sistema y que siempre que se trata de traspaso de fondos públicos se requieren mecanismos controladores. En este caso, asegura la abogada, el pago se habría realizado sin mediar la intervención de la Comisión Arbitral, ni el Consejo de Defensa del Estado.

“Al lado del nuestro, el caso Kodama es insignificante. Acá hubo traspaso efectivo y los montos son monstruosos, por lo tanto existe un perjuicio patrimonial real al Estado”, alega René González comparando el caso del Acceso Sur con el intento de traspaso, también de manera directa, de 17 mil millones de pesos desde el ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia la constructora Kodama a principios de 2011, operación que le costó el cargo a la ministra de Vivienda Magdalena Matte.

Dentro de los detalles de la millonaria concesión, los abogados encontraron una serie de irregularidades, la mayoría ligadas a una sobrevaloración de los precios de los servicios indicados en el presupuesto. Les pareció curiosa la destinación de 830 millones de pesos a un sistema de lavado de ruedas y carrocería a los vehículos para no levantar partículas contaminantes. También la creación de un servicio de información y una línea 800 por un costo cercano a los 270 millones de pesos. “El servicio de informaciones era un contenedor de lata. Si uno tenía una queja había que ir allí, pero al final no solucionaban nada y la mayoría del tiempo estaba cerrado”, cuenta Patricia Valenzuela.

También indagaron sobre los sueldos reales de los vigilantes. La empresa había estipulado una remuneración equivalente a un millón 200 mil pesos de la época. Sin embargo, en el contrato de trabajo de los guardias que participaron en las obras, la suma baja de manera abrupta a un promedio de 145 mil pesos mensuales para cada cuidador.

En agosto del año 2011, los abogados solicitan formalmente a la Contraloría que fiscalice la ejecución de las obras. El organismo, en una resolución emanada tres meses después, a base de un informe elaborado por la misma institución en el año 2009, responde que el ministerio “no dispone de documentos que respalden el detalle de estos gastos” y que “los controles que él ejerce serían insuficientes”.

La conclusión final de Contraloría, sin embargo, fue que no existía ilegalidad alguna. Los costos fijados para el lavado de ruedas y sueldos de vigilantes se habrían llevado a cabo bajo la modalidad de suma alzada, lo que significa que los valores acordados son los que prevalecerán independientes del gasto real. En cuanto al traspaso de fondos fiscales de manera directa, la entidad fiscalizadora determinó que se habría ajustado a las facultades del MOP. El servicio de informaciones es el único punto en el cual el organismo encontró algo irregular. Las 15 mil UF pactadas por este servicio se hicieron en la modalidad pro forma, que sí implica una rendición de los gastos. Sin embargo, la Dirección General de obras públicas solo pudo acreditar pagos por 3 mil UF, por lo cual fue notificada para que buscara los documentos restantes.

No satisfechos con la resolución de la Contraloría los abogados decidieron pasar de la vía administrativa a la judicial. En el año 2013 interpusieron una querella contra las autoridades que firmaron el decreto de traspaso directo de dinero: Michelle Bachelet, Sergio Bitar y Alberto Arenas. La acción judicial, que ya habían iniciado con otras querellas anteriores, tampoco prosperó.

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La promesa del parque

En conocimiento de la serie de molestias que ocasionaría la construcción de la autopista para los vecinos de la Ópera I y II, el año 2002 la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) determinó, mediante la Resolución Exenta N° 22, que habrían medidas compensatorias. Una de ellas estipulaba la destinación de 20 hectáreas aledañas a la obra para la construcción de parques.

A fines de agosto del año 2005, no conforme con dicha resolución, la Dirección General de Concesiones informó a la COREMA que existía una serie de impactos no previstos generados por el proyecto. La comisión indagó el asunto y plasmó sus observaciones en la Resolución Exenta N° 502 del mismo año, firmado por Ximena Rincón, actual ministra del Trabajo y entonces presidenta del organismo. En el documento se establece una serie de medidas para “asegurar la calidad de vida de la población que se verá afectada por el proyecto…particularmente en lo que se refiere a la construcción de áreas verdes”.

Dentro de las medidas de mitigación quedó estipulada la expropiación “entre Av. La Serena, Coronel y Bahía Catalina de un terreno remanente de la expropiación (terreno triangular), destinando dicha superficie a un parque urbano; y ejecutar el proyecto de paisajismo correspondiente”. El terreno mencionado corresponde a una superficie cercana a las 20 hectáreas, por lo que el cruce de información deja en evidencia el acuerdo de realizar un parque justo entre esas calles, donde se levantaban las pequeñas viviendas de los pobladores de La Ópera I y II.

El rumor de la creación del parque comenzó a correr rápidamente en las dos poblaciones. Un verdadero sueño para los habitantes de una de las comunas con menos áreas verdes de Santiago. En La Pintana, según el informe Distribución, superficie y accesibilidad de áreas verdes en Santiago de Chile, publicado en 2010, tan solo el 19% de la población puede acceder a un parque de al menos 5 mil metros cuadrados cerca de su hogar. En Vitacura, en cambio, donde habita menos de la mitad de personas que en La Pintana, esta cifra se eleva a 74%.

El parque en cuestión prometía ayudar a mejorar estas cifras y los vecinos del sector estaban encantados con la noticia. “Era un anuncio esperanzador porque aquí hay mucho hacinamiento y no hay ni una plaza”, cuenta Patricia.

La creación de un parque traería beneficios para todos: permitiría a las familias de ambas poblaciones acceder a un área verde recreacional y supondría la expropiación de un grupo de viviendas sociales. Con el dinero en cuestión muchas familias pensaban radicarse en otro lugar. Las expectativas eran altas. Incluso alcanzó a circular un plano entre los vecinos donde se mostraba el área verde. El famoso parque efectivamente no existe y la carretera está en funcionamiento hace ya cinco años. “Fue un abuso contra estas personas por las expectativas de vida que se hicieron. Imagínate, iban a ser expropiados, iban a construir el parque, les iba a cambiar su calidad de vida… Lamentablemente la condición de vulnerabilidad que tienen ellos los expone en mayor medida a estas situaciones”, denuncia la abogada Marta Sánchez.

La casa de Rosa Alarcón, ubicada en la Villa Ópera I, aún tiembla cuando pasan los vehículos por la carretera y se lamenta por no poder haber logrado salir del lugar: “yo vi el mapa, lo tomé en mis manos. Eran más de 20 hectáreas de parque. Pero ahora tenemos puro basural y seguimos encerrados. No hay parque. No hay nada”, se lamenta.

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