ex conscriptos
Imagen: Foto de archivo marcha de ex conscriptos

A veces llegan 40 y a veces más de 60. Algunos días llevan a sus esposas, parejas o a sus hijos. Tratan de reunirse todos los meses en Puente Alto para discutir y enterarse de cómo avanza la querella que hace seis años interpusieron 438 ex conscriptos contra quienes fueron sus superiores entre 1973 y 1989. Los lidera Pedro Cáceres, que tiene un puesto en la feria y está querellado contra Marcelo Moren Brito. En una sala llena de filas de sillas levanta su vozarrón y grita, se enoja, se indigna. Llama a los miembros de la Agrupación de ex Conscriptos a que vayan a declarar, que no tengan miedo. Él mismo, junto a los dirigentes de la agrupación, han tenido que recorrer las calles de Santiago recordando e intentando convencer a sus ex compañeros de armas de ir a declarar: “Investigaciones los citaba de un día para otro o no citaba. Era una situación injusta así que en una reunión con el fiscal propusimos que nosotros mismos citáramos a la gente. Y así estamos apurando el proceso”, dice.

“Hace seis años pagamos 12 millones de pesos y si ganamos, el 10% del primer cobro también se paga”, explica Cáceres. El abogado a cargo de la causa es Hernán Montealegre y aclara que de ganar la querella en la justicia militar, vendrían acciones civiles. En su querella señala que los 438 ex conscriptos sufrieron humillaciones, torturas, violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y que además fueron obligados a dar el mismo trato a sus compatriotas civiles; y aclara que por lo mismo, no pueden ser considerados culpables de estos hechos, sino al contrario.

La querella, de hecho, cita varios pasajes del Informe Rettig y recuerda a varios soldados conscriptos que hasta el día de hoy siguen desaparecidos, como Manuel Bioluj, Michel Nash, Mario Gitto, Darío Montoya y Sergio Rivera: “El año 2007, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Dobra Lusic, Manuel Valderrama y la abogada integrante María Victoria Valencia, procesaron a siete milirares por estos desaparecimientos”, señala la querella. Se lee también que “a ello debe agregarse el cabal conocimiento que tenían los conscriptos de los numerosos Consejos de Guerra en que se condenaba a muerte a los acusados por ‘traición a la patria’”.

El mismo Informe Rettig señala que si bien durante la dictadura no surgieron levantamientos al interior de las Fuerzas Armadas, “algunas voces se alzaron”. La Comisión señala que “en el transcurso de la investigación llevada a cabo por esta Comisión se tuvo oportunidad de constatar como algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden hicieron ver a sus superiores la gravedad de los hechos que estaban sucediendo. Asimismo se conoció por lo menos el caso de un conscripto fusilado por haber expresado a sus superiores su determinación de no participar en ejecuciones”. Agrega, sin embargo, que estas actitudes “no tuvieron eco, ya por la adhesión espontánea a la corriente de opinión imperante, ya por el acatamiento a un mal entendido principio de la obediencia debida, por creer que silenciar lo ocurrido era necesario para defender mejor el honor a las instituciones o por el temor a las consecuencias que una actitud crítica podía desencadenar”.

Fue esta última razón la que hizo a muchos guardar silencio. A José todavía se le asoman las lágrimas detrás de los lentes cuando se acuerda de su servicio militar en 1975. La preparación para la posible guerra con Argentina era dura. Recuerda a un compañero que intentó escapar y días después apareció muerto en el río Maipo.

Idelfonso, también del ’75, agradece que la guerra nunca haya estallado. Se acuerda que sus superiores les exigían matar tres soldados argentinos en caso de que se desatara la guerra: “Y yo iba a cumplir, iba a matar a los tres argentinos. Pero antes iba a matar a mi teniente”, dice después de contar algunas de las vejaciones a las que fue sometido: “Nos hacían colgar perros de los árboles y hacerlos explotar. Después nos hacían comer los restos”.

La querella, si bien busca establecer la calidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos de los ex conscriptos, también hace referencia a la responsabilidad que pudieron haber tenido en estos mismos hechos contra civiles: “Mal puede recaer alguna responsabilidad en jóvenes de 18 y 19 años que cumplían de manera transitoria un servicio dentro del cual la primera práctica que se les instruía era la de acatar sin reservas las órdenes superiores”. Además agrega que “los atentados al derecho a la vida o a la integridad física, como la tortura, no constituyeron excesos individuales, en los que alguno de ellos estuviera comprometido. Esta defensa que el gobierno militar quiso hacer ante organismos internacionales competentes y en respuesta al Informe Rettig, le fue siempre rechazada. Con ella, pretendía eludir su responsabilidad manifiesta de la política que conducía de violación sistemática y masiva da los derechos humanos, y convertirla en hechos aislados de los cuales eran responsables individuos particulares. Si ello fuera así, la responsabilidad individual de los conscriptos que represento podría ponerse en cuestión. Pero ello significaría ponerse del lado de las argumentaciones falsas del gobierno militar en materia de derechos humanos”, argumenta Montealegre. Recuerda además el Artículo 214 del Código de Justicia Militar, señalando que “cuando se haya cometido un delito por la ejecución de una orden del servicio, el superior que la hubiere impartido será el único responsable, salvo el caso de concierto previo, en que serán responsables todos los concertados”.

Según relata Montealegre, durante estos seis años se han estado tomando declaraciones y la querella habría pasado hace cinco meses “de la Fiscalía militar al auditor general del Ejército, que tiene que emitir un dictamen, a ver si la cierra o si da orden de que continúe adelante y se interrogue a los querellados”. Agrega que ya se encuentra preparando un escrito “para que se tome una resolución que se debió haber tomado hace tiempo”, aunque duda sobre si el dictamen resultará favorable: “A las Fuerzas Armadas les cuesta mucho dictar una resolución contra ellos mismos”.