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El presidente de Codelco, Óscar Landerretche, expuso ante la comisión de Minería acerca de informes y contratos de 9 fundaciones que hicieron trabajos a la firma durante 5 años, específicamente desde 2010 hasta 2015.

Pues bien, según consigna El Mercurio, en ese momento la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez interrumpió y se metió en medio de la presentación para increparlo por no estar realizando el fin para lo que fue citado. En palabras de la parlamentaria, “esta información nosotros ya la tenemos… lo que hemos pedido de forma reiterada y que está en las actas de esta comisión son las respuestas de, si primero existieron contratos de estas 21 fundaciones – ligadas al oficialismo- con Codelco, y luego, que se entreguen los informes y estudios por los cuales se pagó el trabajo prestado”.

La respuesta de la cabeza de Codelco no tardó en llegar: “A ver, en la citación que recibí para esta sesión se nos pidió profundizar los oficios 48 y 52. Y eso es así y eso es lo que vamos a hacer porque me voy a remitir a lo que fui citado”.

Por otra parte Landerretche aclaró que según la documentación, informes y antecendetes que poseen “no tenemos razón alguna para cuestionar el trabajo que estas empresas u organizaciones han realizado”.

Luis Lemus (PS) y presidente de la comisión metió la cuchara para manifestar que “Codelco ha entregado la información”.

Núñez no se quedó tranquila con la respuesta y aseguró que la Alianza pedirá una auditoría dentro de dicha comisión y que pedirán a la Contraloría que investigue e indague en los contratos que se celebraron antes del año 2010.

“Le quiero pedir, Presidente, a través suyo, enviar un oficio a la Presidenta de la República para que sea la Contraloría, en virtud del decreto de ley 1.141 que inicie una fiscalización”, afirmó Núñez, según consigna el diario El Mercurio.

Dicho medio indicó que cuando terminó la cita, Codelco pasó más de 30 mil páginas al presidente de la instancia donde están los contratos de las nueve fundaciones de las que habló.

Felipe Ward (UDI) no escondió sus dudas en cuanto a la negativa de Codelco de mostrar lo solicitado, ya que a su juicio, dijo a El Mercurio, “si en virtud de los antecedentes que tenemos existe alguna presunción de que se está cometiendo algún delito, estamos obligados como funcionarios públicos, desde el punto de vista penal, a proporcionarlos a la fiscalía a través de una denuncia”.