Rodrigo Valdés A1

¿Quién pasara a la historia como el político que consolido y bendijo –en democracia- el Plan Laboral de la dictadura?

Hasta hace poco no había duda que ese ingrato lugar le correspondería a Javiera Blanco, quien con empeño insospechado -hay que reconocerlo- hizo todos los meritos. Bajo su dirección se redacto un proyecto de ley de una torpeza tal, que no convence hoy absolutamente a nadie. Pero que avanza en el Congreso Nacional por esas pequeñeces de la política chilena –“no anotarle una derrota al gobierno” dicen los parlamentarios oficialistas en voz baja-.

Que no les guste a los empresarios es obvio. Con un gran empresariado tan ideológicamente retrogrado hasta la ley de la silla parecería un desvarío socialista insoportable ¿Alguien espera que los absolutos ganadores del modelo estén de acuerdo con cualquier modificación -por muy mínima que sea- al modelo laboral que José Piñera les diseño a su antojo?

“La reforma laboral cumplirá con los estándares OIT” ha dicho, recién llegada, la nueva Ministra del Trabajo Ximena Rincón. Interesante perspectiva diría cualquier observador. Y es que no se puede esperar menos, obviamente, de una reforma laboral hecha en democracia.
Pero si eso es obvio, Rincón está, entonces, en un grave problema.

La han dejado a cargo del Titanic apenas unas pocas horas antes de la llegada del iceberg.
De partida, algo que hace que este proyecto de reforma laboral raye el absurdo. No podrán sindicalizarse y negociar colectivamente la mayoría de los trabajadores chilenos. En efecto, como no se contempla la negociación colectiva por rama o sector, no accederán a ella todos los trabajadores de empresas donde no se puede legalmente formar un sindicato, esto es, de menos de 8 trabajadores. O sea la mayoría absoluta de los chilenos.

Blanco se hacia un enredo en explicar por qué su “reforma histórica” no contemplaba un mecanismo de negociación colectiva prevista en casi todos los países desarrollados de la OCDE. Valdés –el nuevo ministro de Hacienda-, sin enredo, no ha tardado ni un par de minutos en darle un portazo. Ahora, eso sí, por las verdaderas razones que siempre se tuvieron: no cuadra con la ideología dominante en el Gobierno que todos los trabajadores accedan a la negociación colectiva.
Notable gran reformita para una minoría entonces.

¿Le explicara Rincón a su colega Valdés que la negociación por rama es considerada por la OIT como parte del derecho a negociar colectivamente consagrado en el Convenio N° 98 de la OIT? ¿Celebraran juntos –llegado el momento- que al no permitir a los trabajadores chilenos este tipo de negociación se consolida irreversiblemente el Plan Laboral de Piñera?

Pero, si como lo anterior fuera poco –una gran reformita para una minoría-, el proyecto que Blanco dejó a su sucesora propone algo que ni en su día se atrevió a hacer José Piñera en plena dictadura: flexibilidad laboral impuesta por decisión unilateral del empleador.

Flexibilidad laboral de los derechos que hasta ahora, antes del Titanic, entendíamos eran mínimos e irrenunciables. Cumplida condiciones muy precarias – acuerdo con un sindicato minoritario- el empleador podrá imponer a todos los trabajadores, incluidos los no sindicalizados, condiciones de trabajo que hoy serian ilegales. Contra su voluntad.

De este modo, por la sola voluntad del empleador se podrá imponer a los trabajadores extensiones de jornadas de trabajo sobre las 45 horas semanales, horas extraordinarias por sobre el límite de 2 horas diarias, e incluso podrán modificarse –sin la voluntad del trabajador- el régimen de descanso semanal.

El paraíso de José Piñera, pero diseñado en democracia.

¿No cree el lector tamaño despropósito del proyecto “histórico” del Gobierno?
Léalo usted mismo:
“El empleador podrá convenir aplicar los pactos concordados con los sindicatos a trabajadores sin afiliación sindical, debiendo contar con el acuerdo individual de ellos y la aprobación de la Inspección del Trabajo. En el caso de que la aplicación del pacto sea acordada por el cincuenta por ciento más uno de los trabajadores sin afiliación sindical, podrá aplicarse a todos los trabajadores que no hubiesen concurrido al acuerdo, sin necesidad de aprobación de la Inspección del Trabajo” (artículo 377 proyecto).

¿A qué estándar de la OIT y de derecho internacional corresponde este anhelado regalo que se pretende hacer al gran empresariado chileno que debilitaran los derechos mínimos de los trabajadores? ¿En qué criterio de la OIT se refleja que los trabajadores pueden negociar sus derechos mínimos e irrenunciables incluyendo los limites de jornada ordinaria, extraordinaria y los descansos? ¿Apoyaran los parlamentarios comunistas y socialistas este zarpazo a los derechos laborales básicos de los trabajadores que no conoce antecedente en el derecho laboral comparado?

El proyecto Titanic se acerca a su fin y los trabajadores deberán seguir tocando, como la famosa banda, aunque todo se hunda a su alrededor. Seguir trabajando en el país más desigual de la OCDE, con una cobertura de la negociación colectiva que no supera el 8 por ciento, con parte relevante de la clase política cooptada por los intereses empresariales -que financian campañas a diestra y siniestra-, y con un proyecto de reforma laboral que no pretende modificar esa gris realidad que avanza opacamente en el Congreso.

En fin, a esta altura, ya nada queda de la pomposa promesa inicial de poner fin al Plan Laboral de la dictadura. Un ruido lejano nada más. Tan lejano que ya ni se oye.

Profesor Derecho UDP