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En su declaración, Michel Jorratt relató una secuencia de hechos cronológicos donde se evidenciaba la preocupación que había en el Ejecutivo, especialmente en la cartera de Interior dirigida en ese entonces por Rodrigo Peñailillo, producto de las acciones que estaba ejecutando el Servicio de Impuestos Internos en relación al financiamiento irregular de las campañas políticas.

Si bien Jorratt le explicó a los fiscales Sabas Chahuán, Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias, que nunca había hablado personalmente con Peñailillo sobre estos temas, dijo que entendía que las señales para que el SII no investigara a SQM provenían de su oficina. Agregó que desde esa repartición había recibido supuestas presiones de manera insistente y, en oportunidades, con manifestaciones de molestia con el fin de que el SII no fiscalizara a Soquimich.

Los problemas comenzaron en la segunda semana de enero, específicamente el 9 de enero, cuando el SII interpuso una querella en contra del exsubsecretario de Piñera, Pablo Wagner. En el escrito, el servicio denunciaba la emisión de al menos 59 boletas de honorarios ideológicamente falsas emitidas entre los años 2009 y 2014, por un monto total de $120 millones. La acción legal, que se enmarcaba en las indagaciones que realizaba el SII en el caso Penta, traía un detalle que inquietó a varios en el gobierno: entre las empresas a las que Wagner había entregado los documentos, a través de su cuñada María Carolina de la Cerda, estaba Soquimich, controlada en ese entonces por Julio Ponce. La boleta, que se había emitido en julio de 2009, prometía ser una bomba para el sistema político, sobre todo en la Nueva Mayoría.

Esa misma semana de enero, en el piso 11 del edificio del Ministerio de Hacienda, Jorratt fue citado a una reunión por Andrea Palma, a la que fue acompañado por el Subdirector Jurídico de ese tiempo, Cristián Vargas, con quien Jorratt tendría públicas diferencias más adelante. También asistió el abogado cercano al PPD, Samuel Donoso, a quien se le identificó en ese encuentro como asesor del Ministerio del Interior. Donoso le explicó a Jorratt y a los presentes los riesgos que se corrían si se indagaba a fondo a SQM.

La junta no se extendió por mucho rato, pero fue áspera y con algunas recriminaciones. Luego de la reunión y de los dichos de Donoso, quienes asistieron entendieron que el detalle de la boleta a SQM escondía no sólo el financiamiento irregular en la derecha sino que también en los partidos oficialistas.

Casi dos meses después de la reunión en Hacienda, en marzo, Donoso aparecía en la prensa como el abogado del exgerente Patricio Contesse, liderando una ofensiva legal en el Tribunal Constitucional para evitar que la fiscalía allanara las oficinas de SQM y obtuviera la temida contabilidad.

Según denunció Ciper Chile, Donoso había participado inicialmente en algunas de estas reuniones y sería quien entregó un informe en derecho supuestamente elaborado por el exdirector del SII y abogado Ricardo Escobar -cuyo estudio defiende a Ponce Lerou- donde se argumentaba que no había delito en el uso de boletas por trabajos no realizados para aportar dineros con fines políticos.

Consultado por The Clinic Online, Donoso explicó que no se referiría al tema.

SEA JUSTO

Jorratt relató otra reunión que sostuvo esta vez con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. El encuentro, de acuerdo a la información que pudo recabar este medio, se realizó la primera semana de mayo. Días antes que el SII ingresara la querella en contra de Giorgio Martelli, la contadora DC Clara Bensan y el exsenador y fundador de la UDI, Jovino Novoa.

Esa semana Coloma llamó a Jorratt preocupado por un proyecto de ley que modernizaba el SII y le pidió una cita para profundizar sus puntos. Jorratt accedió y se reunieron dos o tres días antes de que Ciper Chile denunciara las presiones desde Interior y Hacienda para evitar la acción legal del SII en contra del geógrafo y recaudador de dineros para la precampaña de Bachelet.

Coloma y toda la UDI sabían que el SII presentaría la querella en contra de Novoa y era ese el real interés de su conversación con Jorratt. El senador le dijo que creía que el servicio había actuado de manera sesgada y le ofreció incluso una minuta con una descripción de los hechos que acreditaban la inclinación política del servicio que dirigía Jorratt. El documento había circulado en el Congreso y se le había hecho llegar también a Andrea Palma, quien se lo entregó a Jorratt días antes de la reunión con el senador. Coloma tuvo palabras también para defender la honorabilidad de Novoa en su vida política y cómo había actuado durante los años que ocupó cargos públicos. Testigos de la reunión de Jorratt y Coloma serían su secretaria y su exjefa de gabinete Elena Amaya.

Consultado por The Clinic Online, Coloma confirmó la información a este diario y explicó su contenido: “Le dije que lo único que le pedía era que fuera justo”. Coloma descartó que su cita haya sido una forma de presionar al exdirector del SII y que sólo le sugirió que actuara con justicia, tomando en cuenta los momentos difíciles que estaba pasando su partido y algunos de sus militantes. Jorratt le habría dicho que el SII estaba cumpliendo con su trabajo y que no existía una predisposición en contra de alguien en particular.

En este escenario, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán debería llamar a declarar nuevamente a Rodrigo Peñailillo, pues según la información que maneja este medio, no se le consultó por las denuncias que Jorratt expuso ante la prensa en sendas entrevistas donde habló de las presiones que se digitaron desde Interior.

Otro testimonio que podría resultar valioso en este punto sería el del ex Subdirector Jurídico Vargas, quien, según sus propias palabras, fue testigo de los intentos por “instrumentalizar” el servicio. Vargas hizo estas acusaciones a través de una carta que envió a los funcionarios cuando salió de su cargo y que también se difundió ampliamente en los medios de comunicación: “En relación con esta situación y en base a una serie de hechos acaecidos, me he ido formando la convicción que se ha intentado instrumentalizar al Servicio para que actúe de manera afín a acciones de encubrimiento de ilícitos tributarios y de protección de sus autores, intento que jamás acepté, impulsando una actuación institucional apegada a las disposiciones legales”.

Fuentes de la investigación confirmaron a The Clinic Online que la fiscalía también pidió a Jorratt el tráfico de llamadas a su teléfono móvil en un periodo determinado y tal como lo había informado este medio la semana pasada, el levantamiento de sus cuentas bancarias. Algo a lo que, hasta ahora, Jorratt y Martelli accedieron. No así Peñailillo, quien dijo que estudiaría con su abogado la posibilidad de entregar esa información en el periodo 2012 y 2013, como fue requerido.