El desconocido mercado laboral en las cárceles

La peor jornada de sus 19 años en prisión. Así describe Víctor lo que le sucedió una tarde de octubre de 2005, cuando trabajaba en su celda haciendo las terminaciones de un escritorio y un elástico que unía dos tablas se soltó y le pegó como un látigo en uno de sus testículos. El dolor lo dejó tirado en el piso. Una hora después del accidente, recuerda, su compañero de celda, Mario, lo llevó a rastras a la enfermería del recinto penal. La enfermera de turno, después de hacerlo esperar una hora, le dijo que el dolor iba a pasar. No fue así. En la madrugada ambos reclusos volvieron y nuevamente los enviaron de vuelta a sus celdas.

Víctor es parte del 30% de presos que trabajan en las cárceles de Chile y no es el único reo que ha sufrido un accidente laboral en un recinto penal. A pesar de que el Estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario, que rige la actividad laboral carcelaria desde 2011, indica que al interior de las prisiones “se tomarán las mismas precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores que no se encuentran privados de libertad”, los presos consultados en esta investigación coinciden en que esto no se cumple. Cuentan que Gendarmería no fiscaliza que los trabajadores cuenten con las medidas de seguridad adecuadas. Y en caso de accidente, “hay que llegar a enfermería con una tripa afuera pa’ que te atiendan “, asegura uno de ellos.

“El mercado laboral penitenciario discrimina, vulnera el derecho de igualdad, porque el interno se ve en una situación de menoscabo respecto de una persona libre, siendo que ejercen las mismas labores. Lo peor de todo es que son vulneraciones que sustenta el propio Estado”, afirma el abogado experto en temas penitenciarios José Antonio Henríquez, ex miembro de la subdirección técnica de Gendarmería.

Cinco meses después del incidente, el testículo de Víctor pesaba 416 gramos y ya no soportaba el dolor. Luego de una serie de intervenciones, tuvieron que extirparle ambos testículos porque la infección ya se había propagado. De uno de sus bolsillos el interno saca un pequeño sobre de papel donde guarda las diez pastillas diarias que debe tomar, además de una inyección de hormonas cada 60 días, para tratar la infección que lo aqueja hace diez años. “Estoy muerto en vida”, dice.
Pese a las dificultades, Víctor y Mario siguen trabajando en la construcción de muebles. Ambos reos forman parte del 72% de presos trabajadores que lo hacen de manera independiente. En promedio ganan 55 mil pesos mensuales y cada vez que hay que reparar algo en la cárcel solicitan sus servicios. Cuentan que la institución abusa de su tiempo, herramientas y materiales y que no reciben dinero a cambio. La razón: “hacer conducta” para postular a beneficios como rebajas de condena, visitas de familiares e incluso permiso dominical.

Lo mismo les sucede a Ricardo y Miguel, otra dupla de mueblistas que, con bastante sacrificio, compraron herramientas y armaron su taller. Allí confeccionan, de lunes a domingo, sillas, mesas y escritorios para luego venderlos a empresas o clientes particulares. Muebles que en el comercio llegan a costar diez veces más que el precio de sus productos.

La subvaloración de su trabajo no es el único problema al que se enfrentan. Cada vez que necesitan hacer ingreso de materiales o herramientas al recinto penitenciario deben tramitar un permiso con la administración que, aseguran, no es gratis. “Hay que pagarle a los funcionarios desde la primera a la última puerta para ingresar el material. Nos cabreamos de regalarles plata por una cosa que nos corresponde legalmente”, denuncia Miguel. Incluso trabajaron un año entero, cuenta, haciéndole muebles gratis al gendarme que estaba a cargo de la autorización para que les diera la pasada a los camiones llenos de tablas que llegaban desde afuera.

Patricio Ruiz, jefe de servicios penitenciarios del Departamento de reinserción social de Gendarmería, no descarta la existencia de este tipo de abusos. “Sería ciego decir que no ocurre. Pero en la medida en que haya denuncias se va a hacer la investigación que corresponde y se va a sancionar a los responsables. Sabemos que el interno tiene una desconfianza enorme a la administración penitenciaria, pero tiene que denunciar, no debiera aceptar que nadie le cobre”, dice Ruiz.

Pero los presos saben que el riesgo de denunciar es muy alto. “No se arriesgan a perder la posibilidad de trabajar dentro de la cárcel. Si denuncian les van a bajar la conducta, les quitan el lugar de trabajo y empiezan de cero. Por eso la mayoría se queda piola”, explica César Pizarro, presidente de “81 razones”, la organización creada por los familiares de los presos fallecidos en el incendio de la cárcel de San Miguel.

La “esclavitud” de los mocitos

-¡Apúrate perkin culiao!, le gritaban a Miguel todas las mañanas cuando, vestido con su delantal y botas de hule, repartía comida en las celdas hasta las 4 de la tarde luego de preparar las ensaladas en el “rancho”. Los insultos, afirma, eran pan de cada día.

La rutina de trabajo la repetía de lunes a domingo, sin interrupción, y ganaba 34 mil pesos mensuales. “El trato es humillante. Es totalmente indigno. Es esclavitud”, acusa recordando su antiguo trabajo que abandonó para dedicarse a la fabricación de muebles. Asegura, además, que si llegaba a tener un accidente laboral o se enfermaba, lo echaban de la pega inmediatamente.
Al igual que Miguel son muchos los presos que trabajan ofreciendo servicios de aseo, alimentación y mantención de los establecimientos penitenciarios a Gendarmería y que se conocen en la jerga carcelaria como “mocitos”. Según estipula el estatuto laboral de las cárceles, esta ocupación, a pesar de demandar jornada completa, no es considerada como un trabajo, sino como una “actividad de formación para el trabajo”. Por esta razón, el ingreso de quienes la realizan corresponde al 22% del salario mínimo, o sea, 53 mil pesos. Los testimonios de los internos entrevistados y una colilla de pago de Gendarmería de fines del año pasado, indican que el promedio del monto pagado es incluso inferior: 42 mil pesos mensuales.

Esa cifra es la que gana Luis, otro interno, por limpiar todos los días los baños de la cárcel donde cumple su condena. “Muchos sabemos que en el país nadie debería estar ganando menos del sueldo mínimo. Está mal, pero en la posición en la que nos encontramos, uno no se queja de que recibe poca plata, porque esos 40 mil a la larga igual nos sirven harto”, dice.

Luis explica que existen otras ventajas de ser mozo. Al trabajar para Gendarmería logran ubicarse en zonas más seguras dentro del recinto y suben su puntuación de conducta para optar a beneficios. Algunos incluso trabajan para la institución aunque no les paguen. Por eso, a pesar de que las estadísticas de la institución indican que solo el 9% de los presos que trabajan se dedican a tareas de mantención, el porcentaje real es bastante mayor, pero por no recibir remuneración no aparecen en ninguna estadística.

Es el caso de Ricardo, que hace cuatro años está a disposición de Gendarmería desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde todos los días. Se encarga de organizar los eventos del recinto, hacer trámites, ir a buscar internos y recibir visitas. “No pagan nada. Todo mozo de la cárcel se humilla para tener la confianza de Gendarmería. Estoy dispuesto a todo por los beneficios”, declara.

Patricio Ruiz, del Departamento de reinserción social de Gendarmería, está al tanto de esta situación. “Es un tema bien complicado para nosotros. Lo más fácil sería decretar que nadie trabaje sin ingreso, pero hay una preferencia porque la persona realice algo por un tema prácticamente terapéutico. Apuntamos a que todos deberían recibir un pago, pero no alcanza y los recursos del Estado nunca aumentan de un día para otro”, asegura.

Ahorro empresarial

El anuncio estuvo solo algunos días en la web de la Comunidad de Información y Negocios para empresarios del Sur de Chile y promovía el empleo de trabajadores presos, aludiendo a una serie de beneficios como “ahorro en arriendo y hora de trabajo de bajo costo”. “Empleados altamente motivados hacia la actividad laboral y cero ausentismo; lista de espera continua; traslado y alimentación del personal asumido por concesionaria del establecimiento”, rezaba la noticia del portal.

Los beneficios expuestos por el gremio empresarial constituyen, en parte, la razón por la que hoy casi 60 empresas trabajan con internos en Chile. Las modalidades son distintas, pero la idea original era la instalación de una sede de la empresa al interior del recinto penal. “La intención era que la empresa generara una relación normal de trabajo con el interno, con contrato y previsión social. Pero los empresarios empezaron a irse porque el interno no era un trabajador que respondiera a lo que querían, porque querían ganar más o por las trabas de seguridad. Así que se generó esta figura vía prestación de servicios”, explica Patricio Ruiz.

Ruiz se refiere al modelo que abunda en los 35 Centros de Educación y Trabajo (CET) que hay en el sistema cerrado a lo largo del país y albergan al 13% de los presos que trabajan. En estos apartados las empresas firman un convenio con Gendarmería, que se pone con el lugar de trabajo y gastos mínimos como electricidad y agua. La empresa paga un monto acordado que luego la administración reparte entre los internos a modo de “incentivo”, lo que permite un pago menor al sueldo mínimo que, según la institución, promedia 93 mil pesos al mes. A este total se le hace una serie de descuentos reglamentarios. El mayor corresponde a un 15% que va destinado a una cuenta de ahorro para que el preso tenga algo de dinero al salir de prisión.

A pesar de que el monto dista de los 241 mil pesos mínimos que establece el código laboral, es bastante alto en comparación con el resto de los trabajos que ofrece la cárcel. Por eso, y por las mejores condiciones de vida, son muchos los internos que sueñan con entrar a los CET. Pero las plazas son acotadas y los requisitos exigentes: deben tener una conducta impecable y haber cumplido dos tercios de su condena. Además, tienen que terminar su enseñanza media de manera obligatoria y trabajar en los talleres o galpones de prestación de servicio para empresas que están instalados en el CET.

La infraestructura de estos centros dista mucho de cualquier lugar imaginable en un recinto penitenciario. El CET de la cárcel de mujeres de San Joaquín, por ejemplo, está separado del resto de los módulos: cuenta con pulcras habitaciones, gimnasio y un patio con árboles y reposeras.
Las 200 internas que participan del programa viven en el CET y están repartidas en 12 unidades, donde trabajan 40 horas semanales de lunes a viernes vigiladas por Gendarmería. Si cometen cualquier falta son inmediatamente expulsadas de su trabajo. “Dentro de las cárceles suceden situaciones que son difíciles, como riñas, consumo de drogas, teléfonos… entonces se necesita la colaboración directa de gendarmería”, asegura Cristian Palacios, jefe de logística de Wintec, empresa que hace puertas y ventanas desde el año 2003 en los CET de Colina 1, Talagante y Puente Alto.

Palacios asegura que el pago a los presos que trabajan para su empresa es “bastante justo”. Sin embargo, Khristian Briones, ex recluso que trabaja actualmente en la fundación Paternitas haciendo talleres a jóvenes en la cárcel de Puente Alto, cuenta que conoce a un grupo de presos que trabaja para Wintec “haciendo marcos de ventana y se matan para ganarse 150 lucas”. “Es un abuso de parte de las empresas, pagan menos sueldo y yo creo que por ahí también agarra un resto Gendarmería”, concluye.

-La norma que se creó en 2011 beneficia claramente al mundo privado. Hay condiciones privilegiadas para estas empresas: tiene un grupo de trabajadores cautivo, con menos pago y desconocimiento de sus derechos -, afirma el abogado experto en temas penitenciarios José Antonio Henríquez. Además, se trata de trabajadores con plena disposición horaria, que no pueden ausentarse al trabajo, no tienen derecho a huelga ni a sindicalización o negociación colectiva. Acceder al menú de trabajos precarios que ofrece la cárcel es la única manera de aportar algo de dinero a las familias que dejaron afuera.

Los trabajos que ofrece el CET de San Joaquín son variados. Una de las internas cuenta que ha hecho bolsas para pollo asado, muestras de pelo teñido para marcas de tintura y ensamblaje de cartones para cajas de vino. Recuerda que su primer pago fue de solo 6 mil pesos. “Ahora gano 202 mil pesos mensuales, más producción. Me sirve mucho para cubrir gastos y no molestar a mi familia”, expone.

La situación de los CET es excepcional dentro del mercado laboral de reos. Los montos que pagan en San Joaquín, por ejemplo, son de los más altos. Se alcanzaron luego de que Jessica Rivas, ingeniera y gendarme que está a la cabeza del centro, solicitara que las empresas que trabajaban en el recinto se acercaran al sueldo mínimo establecido en el código laboral. Después de la solicitud el 90% de las empresas abandonó la cárcel. Otra funcionaria de Gendarmería asegura que incluso llegaron a ofrecer traspasar dinero a la encargada con tal de no subir el sueldo de los internos.

Rivas, sin embargo, se mantuvo firme. “Hay inconsciencia de parte del empresariado. Llegan diciendo ‘quiero ayudar a la ciudadanía’, pero a muchos solo les interesan sus utilidades”, asegura. “Además, dicen que una mujer recluida produce hasta tres veces más que una mujer de afuera y no hay deserción ni ausencia”, añade.

Las ofertas de trabajo que reciben los internos baja considerablemente una vez que salen en libertad. Vinko Quiroga, un ex reo que trabajó para la empresa Siges en prisión, en cuanto terminó sus días de reclusión quedó sin trabajo. La libertad de inmediato lo dejó cesante. Por esta razón demandó a Siges el año 2011y al cabo de unos meses la Corte de Apelaciones falló a favor de la empresa. “El conflicto retrata la escasa disposición del sector privado y de tribunales de mantener el vínculo y favorecer la reinserción social”, publicó al respecto Isabel Arriagada, abogada y socióloga de la ONG Litigación Estructural para América del Sur (Leasur), que se dedica a prestar asesorías legales a presos en Chile.

Haciendo frente a este problema, Wintec y Caffarena han ofrecido contratar a sus trabajadores una vez que salen en libertad. Cristian Palacios asegura que ya hay cerca de 120 ex reclusos que se han incorporado en la planta de Wintec. En Caffarena la experiencia ha sido diferente. “A todas les hemos ofrecido, pero no ha llegado nadie a trabajar porque muchas recaen. Es mucho más fácil ganar un millón en un fin de semana pasando droga que optar por un trabajo con horario fijo”, afirma el gerente de operaciones de la marca, Jean Philippe Cloix.

La reinserción no es un tema sencillo. Bien lo sabe Khristian Briones, que estuvo preso once años y cuando salió no logró encontrar trabajo por que sus antecedentes estaban manchados. “La oportunidad de delinquir siempre está. En la población me decían ‘Salgamos a robar hueón, qué te andai consiguiendo trabajo si aquí está la mano’. Por necesidad volví a caer. Yo no quería estar más preso, es terrible vivir en la cárcel, tengo veinte puñaladas y el 30% de mi cuerpo quemado”, cuenta. Briones salió en libertad el año 2007 y todos los días recorre Providencia vendiendo los rosarios de madera que les enseña a hacer a los internos mientras narra con un micrófono las injusticias del mundo penitenciario. “Los ayudo, les doy la oportunidad de trabajar que yo nunca tuve. Adquieren valores como la responsabilidad, el respeto y la autonomía”, relata.

Jessica Rivas, la gendarme del CET de San Joaquín, termina el recorrido por los galpones de trabajo. Un pequeño patio adornado con piedras pintadas de rosado hace de frontera con el sector donde están recluidas las presas reincidentes, las más complicadas. Viven en celdas con separaciones de tela y su patio es un cuadrilátero de puro cemento. Cuando una de las presas ve a Rivas le ruega que se la lleve a vivir al CET. “Por favor, quiero trabajar, me he portado bien”, grita detrás de los barrotes.