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Nacional

27 de Julio de 2015

Caso Inverlink: Justicia sentencia a penas de cárcel a 13 imputados y acoge millonaria demanda de Corfo

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo Galdames, dictó sentencia por los delitos reiterados de malversación de caudales públicos, estafa e infracción a la Ley General de Bancos, todos ilícitos cometidos entre 1998 y 2003.

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El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo Galdames, dictó sentencia esta tarde en el llamado caso Inverlink, mandando a 13 imputados a la cárcel.

Según la resolución, por los ilícitos reiterados cometidos entre 1998 y 2003, Javier Moya Cucurella, Orlando Collarte López, Eduardo Tapia Donoso y Luis Hernández Palma deberán cumplir penas de 5 años y un día de presidio en calidad de autores del delito de malversación.

Por la misma falta, Enzo Bertinelli Villagra fue condenado a 5 años de presidio, y Marcial Izarnótegui Valenzuela y Nelson Pérez Baladrón a tres años de suspensión.

El libelo agrega que por el delito de estafa recibieron 5 años de presidio Ignacio Wulf Hitschfeld, Enzo Bertinelli Villagra y Francisco Edwards Braun. Pablo Schaffhausser Muñoz, Orlando Collarte López, Eduardo Tapia Soto, Patricio Reyes Rojas y Carlos Rubilar Muñoz, en tanto fueron condenados a 3 años de presidio por este mismo ilícito.

Por infracción a la Ley General de Bancos,  Wulf Hitschfeld y Fernando Romero Donoso fueron sentenciados con 541 días.

En tanto, el mismo Ignacio Wulf Hitschfeld, Enzo Bertinelli Villagra, Francisco Edwards Braun, Pablo Schaffhauser Muñoz, Orlando Collarte López, Eduardo Tapia Donoso, Carlos Rubilar Muñoz, Patricio Reyes Rojas, Richard Suazo Díaz, José Muñoz Leyton, Guillermo Brito Aguilera, fueron absueltos de los cargos por infracción a la Ley de Valores.

Respecto de la imputación del delito de cohecho, Javier Moya Cucurella, Ignacio Wulf Hitschfeld, Enzo Bertinelli Villagra y Eduardo Tapia Donoso, fueron absueltos.

Finalmente, por estafa se dejó libre de cargos a Luis Hernández Palma, José Muñoz Leyton, Carlos Berríos Mancilla, Guillermo Brito Aguilera y Ana Martin Vera.

En la arista civil del emblemático caso, el tribunal acogió la demanda de Corfo y ordenó a Javier Moya Cucurella, Enzo Bertinelli Villagra, Eduardo Tapia Donoso, Orlando Collarte López y Luis Hernández Palma a pagar $61.372.931.929.

Asimismo, recoge el sitio del Poder Judicial, se acogió la demanda presentada por 34 víctimas en contra de Ignacio Wulf Hitschfeld, Enzo Bertinello Villagra, Francisco Edwards Braun, Pablo Schaffhauser Muñoz, Eduardo Tapia Donoso, Orlando Collare López, Carlos Rubilar Muñoz y Patricio Reyes Rojas, quienes deberán pagar $8.545.004.822.

De acuerdo al texto, la investigación permitió determinar que:
“Un funcionario público que se desempeñaba como jefe de la “mesa de dinero” de Corfo, en el ejercicio de su cargo realizó negociaciones financieras con la empresa Inverlink, no obstante la expresa orden que había recibido de sólo hacerlo con Bancos, sociedades financieras y filiales de estos, calidades que no tenía la referida empresa, para lo cual se sirvió de terceras personas y así pudo ocultar las mismas. Los documentos emitidos en razón de las negociaciones realizadas, que son representativos de los valores invertidos, no fueron remitidos para su custodia por la unidad encargada de ello, sino que los entregó a personeros de Inverlink, quienes los usaron en otras negociaciones en su propio beneficio. El mismo funcionario, haciendo uso de fondos fiscales que estaban a su cargo como jefe de la mesa de dinero, tomó depósitos a plazo en diversas entidades bancarias y los documentos correspondientes los entregó a los mismos personeros de Inverlink, quienes simulando un endoso válidamente hecho, se apropiaron de ellos y los usaron en provecho de la empresa”.

“Todas estas actuaciones, que se sucedieron entre los años 1998 y 2003, fueron posibles porque no se cumplieron las instrucciones, controles y fiscalizaciones dispuestas, tanto por quienes se desempeñaban en la “mesa de dinero”, cuanto por aquellos que tenían el deber de supervigilar el trabajo de la misma, lo que permitió que el referido funcionario actuara con entera libertad y pudiera incurrir en las irregularidades que se han señalado. Lo anterior también permitió que tales conductas se mantuvieran en el tiempo y que sólo de manera accidental quedaran al descubierto, lo que pone de manifiesto la absoluta ineficacia de los funcionarios encargados de la fiscalización y de los órganos de control que existían al interior de Corfo. Es importante destacar que las irregularidades que se venían cometiendo fueron puestas en conocimiento de las más altas autoridades de la Corporación, Vice-presidente y Gerente de Administración y Finanzas, con bastante antelación a los últimos delitos cometidos, sin que adoptaran medida alguna al respecto, lo que habría evitado, en gran parte, el cuantioso perjuicio al patrimonio fiscal”.

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