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Nacional

28 de Julio de 2015

Contraloría: M. de Desarrollo Social gastó $ 18 mil millones y no implementó Ficha de Protección Social durante era de Joaquín Lavín

De acuerdo al informe que publica The Clinic Online, hubo fallas en la puesta en marcha del sistema informático, en cómo lo aplicarían las municipalidades para obtener la información de las familias vulnerables, entre otros. Sin embargo, la entidad de control también le tiró las orejas a las autoridades actuales, señalando que no aportaron antecedentes para determinar por qué desecharon el sistema que ya estaba implementado.

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La Contraloría estableció que entre 2011 y 2013 el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido entonces por el UDI Joaquín Lavín, se gastó más 18 mil millones en llevar adelante la implementación de la Nueva Ficha de Protección Social (NFPS), hecho que finalmente nunca se logró por diversas irregularidades.

De acuerdo al informe que publica The Clinic Online, hubo diversos problemas. Entre ellos fallas en la puesta en marcha del sistema informático, en cómo lo aplicarían las municipalidades para obtener la información de las familias vulnerables, entre otros.

La modernización de la antigua ficha, fue una de las prioridades del gobierno de Sebastián Piñera, para la “superación de la pobreza como medio eficaz para construir una sociedad de oportunidades”, se lee en el informe final del comité de expertos de octubre de 2010.

Pues bien, el organismo fiscalizador en su indagatoria encontró, por ejemplo, que las diferencias de criterio sobre el “lenguaje de desarrollo del software” entre el Departamento de Apoyo Informático de la época y la Unidad de Focalización derivaron en retraso.

Hubo errores en dos publicaciones en el Portal Mercado Público para adquirir insumos y otra donde no se “publicitaron la totalidad de los respaldos”. Hubo también incumplimientos en los plazos a los proveedores informáticos.

Un profesional de informática del ministerio aludido y que declaró en Contraloría -cuyo nombre el organismo mantuvo en reserva- aseguró además que, independiente de las dilaciones, la empresa Tecnova no cumplió con ciertos plazos.

De hecho la fiscalía de la secretaría de Estado, señala el informe, aún mantiene pendiente un pago a la firma por más de 30 millones, previa cancelación de 90 palos.

No es todo, el algoritmo de cálculo para la NFPS fue encargado a la empresa Consultores Asesores de Informática ZEKE Limitada. La empresa tuvo en sus manos la resolución de la autoridad para iniciar el trabajo en enero de 2013.

ZEKE, señala la Contraloría, cumplió su parte del trato, pero hubo un grave retraso porque hubo nada menos que nueve modificaciones posteriores a la fórmula de medición, “siendo la última versión entregada el 10 de mayo” del mismo año.

Según reveló otro funcionario a la entidad de control “este proyecto se retrasó por las sucesivas modificaciones del programa solicitadas por la División de Focalización, y que este sistema nunca se usó porque no pasó a la etapa de producción, quedando solo en ambiente de certificación, pues para operar requería de la dictación de un reglamento, el que no se confeccionó”.

“Tales actuaciones implican una contravención a las obligaciones de la autoridad y jefaturas del servicio, en orden a ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos…”, se lee en el documento.

No es todo, porque la entidad revisora asegura que la falta de pago oportuno a las empresas “configura una vulneración al principio de enriquecimiento sin causa que impide a la Administración del Estado beneficiarse con el trabajo de un funcionario o persona sin mediar la respectiva retribución pecuniaria”.

La actual autoridad ministerial respondió a la Contraloría por lo hecho en la administración Lavín, señalando que se han implementado una serie de medidas para subsanar los problemas detectados. Sin embargo, el organismo mantuvo sus observaciones.

Junto a lo anterior, se ordenó a la secretaría de Estado que incluya estos antecedentes en el sumario administrativo que se realiza actualmente y que pague todas las deudas pendientes con los proveedores.

Sin razón

Sin embargo, no todo es responsabilidad de la administración anterior. Sucede que la Contraloría estableció que cuando asumió el nuevo gobierno, el proyecto de la NFPS fue desechado.

Es así que la entidad de control requirió explicaciones a la autoridad. El ingeniero Salvador Cea explicó a los investigadores que las aplicaciones de la medición estuvieron en uso entre enero y marzo de 2014, pero que al llegar los nuevos funcionarios, fueron reemplazadas “por otra ya existente”.

Si bien el organismo revisor consideró lo dicho por el ministerio, encontró dos hechos que hizo presente.

El primero es “que la entidad no adjuntó a su respuesta los respaldos técnicos y/o estudios efectuados respecto de la situación en que se encontraba el proyecto de la NFPS, y en los cuales se fundamentaría la decisión de no continuar con la implementación del nuevo cuestionario de que se trata, situación que no se condice con el principio de motivación de los actos de la Administración, conforme al cual esta se encuentra obligada a fundamentar las decisiones que adopte”.

“Lo anterior, además, no se aviene con los principios de eficiencia y eficacia que la Administración debe observar en el uso de los recursos públicos, considerando el elevado monto involucrado en las modificaciones del señalado instrumento de medición”, establece el informe.

En suma, dice la Contraloría, “no se contó con antecedentes” que den cuenta por qué la autoridad ministerial tomó la “determinación de no continuar con la implementación de la Nueva Ficha de Protección Social, atendido el volumen de recursos públicos involucrados”.

Hay que recordar que el 21 de mayo pasado, en su cuenta pública ante el Congreso, la Presidenta Michelle Bachelet anunció el fin de la Ficha de Protección Social y la ejecución de una nueva encuesta Casen.

Flor

La mejora de la NFPS consideraba también a los municipios. La autoridad ministerial transfería recursos a los ediles a nivel nacional. Fueron más de $ 13.100 millones entre 2011 a 2013 . Las regiones del Bio Bio, Valparaíso y Santiago obtuvieron más del 50% de la plata, según revela la glosa presupuestaria.

Se firmaron 1.013 acuerdos de voluntades con ediles, los que debían entregar informes de avances.

Sin embargo la Contraloría determinó que hubo 17 municipalidades que en 2011 no superaron el 60% de la cantidad de familias a encuestar, insumo necesario para la NFPS.

En 2012 hubo 12 en la misma situación y en 2013 se disparó a 162 comunas. Se trató de entidades que aún cuando no cumplieron usaron más del 98 por ciento de los recursos. Nuevamente el organismo de control le tiró las orejas, señalando que la eficacia y la eficiencia no estuvieron a la altura y que la autoridad de la época tampoco.

Por ejemplo, las comunas de La Cisterna, Quinta Normal, San José de Maipo, entre otras fueron las con menor cantidad de familias encuestadas. Sólo a modo de ejemplo, la Seremi exigió a la primera realizar una cobertura de 9.874 familias, pero sólo alcanzó a 1.766.

La Contraloría buscó expedientes que dieran cuenta de los requerimientos de la Seremi hacia las comunas y determinar si hubo algún tipo de explicación por el “exiguo acatamiento” del acuerdo, pero no existían.

Lea el informe completo

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