Documentos revelan cómo el Estado estuvo a un paso de cumplir el sueño de Ponce Lerou: un millón de toneladas de litio para SQM

Una de las recomendaciones con las que concluyó su trabajo la Comisión Asesora Presidencial del Litio en enero de este año, tras siete meses de trabajo, fue la de “revisión de los contratos vigentes al día de hoy en el Salar de Atacama, con SQM y Rockwood” y “la no ampliación de autorizaciones de explotación ni renovación futura de los mismos bajo sus términos actuales”.

La sugerencia tenía un trasfondo desconocido para la opinión pública: Desde hace años Soquimich, que cuenta con la asesoría del lobbysta Enrique Correa, ha movido sus poderosos hilos para conseguir uno de los sueños frustrados de su controlador, el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce: aumentar la cuota de explotación de litio.

Si hace tres años, SQM estuvo cerca de sumar 100 mil toneladas a las 200 mil que puede explotar de aquí al 2030, a través de la fallida licitación del Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL) que la empresa ganó el 25 de septiembre de 2012 y perdió dos meses después por haber entregado información falsa, fue en el año 2008 cuando realmente Ponce estuvo a un paso de amarrar el segundo mejor negocio de su vida -el primero es haberse quedado en las postrimerías de la dictadura con Soquimich- al haber estado a punto de conseguir la autorización para explotar un millón de toneladas del mineral, sin la necesidad de realizar siquiera un nuevo estudio de impacto ambiental. Más aún: el soporte técnico para justificar el aumento fue un estudio pagado por la misma empresa.

La información que publica en exclusiva The Clinic da cuenta de un pacto que se realizó en el primer gobierno de Michelle Bachelet, que se manejó bajo estricto sigilo y que solo se vio entorpecido por los reparos de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChen), incumbente en el proceso dada una cláusula sobre el litio vigente desde 1984.

Se trata de un acuerdo entre el Sistema de Empresas Públicas, SEP, que en ese entonces administraba los contratos de arriendo del Salar de Atacama, y SQM que quintuplicaba la capacidad de explotación de litio para esta compañía, aumentando la cuota de extracción a un millón de toneladas.

La cifra es impresionante si se considera que el contrato vigente desde 1993, y modificado en el año 1995, por la renuncia el 21 de diciembre de ese año de Corfo a su participación en el negocio del litio -al vender sus acciones a la entonces Sociedad Minera Salar de Atacama, hoy SQM Salar-, representa apenas el 20% de la asignación que en 2008 el Estado quiso entregarle a SQM.

Hasta ahora, los detalles de este pacto y las razones de por qué no llegó a concretarse han permanecido ocultos.
Sin embargo, una serie de documentos a los que tuvo acceso The Clinic dan cuenta de que el convenio existió, al punto de que figura una carta del 8 de abril de 2008 con la rúbrica de la directora del SEP en la época, Mónica Singer, y del hoy gerente general de Soquimich -que en ese entonces era subgerente- Patricio de Solminihac en que ambos refrendan la decisión de modificar los términos del contrato para aumentar la explotación a un millón de toneladas, “que representa menos del 50 % de las reservas conocidas”.

Según los papeles oficiales que revisó este medio y que muestran cómo se condujo la negociación hasta el año 2010, solo no se siguió adelante porque la Cchen puso una serie de trabas y le exigió al SEP cumplir con el mandato legal de “salvaguardar los intereses del Estado”.

Ello motivó que el Consejo Directivo del SEP en el año 2010 -del que formaba parte, entre otros, el exministro de Hacienda, Alberto Arenas-, zanjara el asunto sin dar un portazo definitivo: se estipuló realizar un estudio independiente para determinar si el trato era conveniente, o no, para el fisco.
Ese análisis, al igual que la revisión de contratos que ya en la época se recomendaba, nunca se hizo.

UN MILLÓN PARA SOQUIMICH

Fue en 1993 cuando Corfo pactó con Minsal -que luego se transformó en SQM- el arrendamiento de 28.054 pertenencias mineras, de las cuales solo 16.384 pueden ser explotadas, hasta diciembre de 2030 para la producción de sales de potasio, ácido bórico, productos de litio y cualquiera otra sustancia o subproductos como cloruro de sodio, sulfato de sodio, etc.

Por este concepto, SQM paga un canon fijo de US$15 mil al año -en tres cuotas- y una cifra variable de 6,8% de las ventas de litio y el 1,8% de las de potasio, boro y sodio. El pacto incluía la contribución de SQM a los planes de investigación del litio, requisito que jamás se cumplió. Más aún, todos los avances tecnológicos para la explotación del mineral desarrollados por la empresa no fueron patentados para evitar, afirman en la compañía, que el conocimiento llegara a competidores…o al Estado.

En 1994, se realizó un aumento de capital de los socios de la época (Corfo y Soquimich), pero un año después, la entidad fiscal vendió en la Bolsa de Comercio su participación accionaria al grupo SQM en US$ 7 millones: así Ponce, accionista mayoritario y controlador de SQM, se quedó con el Salar de Atacama.

Durante casi dos décadas, Soquimich jugó en una cancha sin árbitro, situación que solo empezó a cambiar en 2013, cuando la Corfo comenzó a revisar si la compañía le pagaba lo acordado y descubrió que no.

Pero hace siete años, SQM -que desde hace más de una década financia a políticos de la derecha y el oficialismo- operaba como un gigante sin contrapeso, tal como queda reflejado en los documentos a los que accedió The Clinic al solicitar la información vía Transparencia al Sistema de Empresas Públicas (SEP).

El primer texto en el que se menciona el acuerdo entre esta entidad y Soquimich es del 8 de abril de 2008 y tiene como destinatario a Fernando López Lizana, Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

La carta, recepcionada dos días más tarde, está firmada por Mónica Singer, Directora Ejecutiva de SEP, y Patricio de Solminiahc, subgerente general de SQM y señala que “de acuerdo a lo conversado, en nuestra reunión del viernes 28 de marzo recién pasado, confirmamos a Uds. que la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y SQM han en principio acordado modificar el ‘Contrato de Arrendamiento’ y el ‘Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama’ que las partes pertinentes suscribieron el 21 de diciembre de 1995, con el propósito de aumentar los límites en las cantidades de litio metálico equivalente durante la vida del Proyecto. De manera que el total hasta el año 2030 sea un millón de toneladas, cifra acorde con los permisos ambientales ya obtenidos y que representa menos del 50 % de las reservas conocidas”.

Es decir, no solo se aumentaba escandalosamente la cuota, sino que además se señalaba que para ello no era necesario realizar una nueva evaluación ambiental en el Salar de Atacama.

La misiva prosigue con que los “considerandos para este acuerdo están detallados en el documento ‘Mercado del Litio —Presentación SEP Enero 2008’ presentado a ustedes” y precisa que la “modificación indicada está sujeta, entre otros aspectos, a la aprobación previa de la misma por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, específicamente actualizando el acuerdo vigente su Consejo Directivo N° 1576/95 de fecha 10 de octubre de 1995 en que se autoriza a la producción de sales de litio en el Salar de Atacama”.

Para cambiar las reglas del juego, Singer y De Solminihac no piden a la Cchen estudiar el asunto, sino directamente “aprobar dicho aumento”.

LOS REPAROS DE LA COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR

La respuesta de la Cchen llegó el 15 de mayo de 2008 a través de un escrito que no se dirige a Singer, sino directamente al Vicepresidente Ejecutivo de la época, Carlos Álvarez Voulliéme.

En una misiva de dos páginas, se le informa a Álvarez Voulliéme que la Comisión había sido notificada del “acuerdo alcanzado entre CORFO y SQM para modificar el Contrato de Arrendamiento y el Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama” para “aumentar la producción autorizada de 200.000 toneladas de Litio Metálico, a un millón de toneladas de Litio Metálico equivalente hasta el año 2030” y que tal asunto había sido abordado en el Consejo Directivo de la Cchen celebrado el día 8 de mayo de 2008.

A la vez, se solicita la copia de algún Estudio de Impacto Ambiental que avale la extracción de un millón de toneladas de Litio y clarificar a qué porcentaje de las reservas totales del país corresponde esta cifra.

También se consulta si Corfo ha comprobado en terreno el cumplimiento de las condiciones impuestas en el Contrato suscrito con SQM, “en especial lo relacionado con el retorno de las salmueras al Salar”; se solicita autorización para que, en caso de ser necesario, algunos profesionales de la Cchen puedan efectuar un reconocimiento en terreno y se requiere cualquier otra información que a juicio de Corfo pueda ayudar a resolver si corresponde el aumento de cuota.

El 10 de junio de 2008, ante la información entregada por la Cchen a la vicepresidencia de Corfo, Singer procede a rectificar los términos de su primera carta, claramente favorables a entregarle a SQM la explotación de un millón de toneladas de litio, y le explica a Álvarez Voulliéme de Corfo que solo se trata de la manifestación de voluntad para avanzar en un posible acuerdo. En ese entonces, SEP administraba los contratos, pero el titular, tal como hoy, era la Corporación.

En su escrito, Singer recalca que “no existe un acuerdo alcanzado entre SQM y Corfo de modificación o aumento del límite máximo de extracción de litio metálico equivalente, sino que se trata de solo una manifestación de voluntad de parte del SEP, para prospectar y analizar la posibilidad de eventualmente concordar dicha modificación. Dicho análisis supone, entre otras, evaluaciones técnicas, económicas, jurídicas y administrativas de factibilidad”.

En paralelo, precisa que “dentro de los avances para efectos de contar con antecedentes técnicos actualizados” a fin de evitar una sobreexplotación del Salar de Atacama “fue contratada la empresa ENVIROS, previa conformidad del SEP, para desarrollar un estudio de reservas, cuyo costo fue cubierto por SQM” y que SEP analiza contratar un estudio independiente.

El 26 de junio, en tanto, Singer le envía a López Lizana -Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear que fue el destinatario de su primera carta- tres informes para avalar la petición de Soquimich de aumentar en 500% su producción.

Dos de ellos corresponden a textos pagados por SQM: la Copia del Estudio de Impacto Ambiental encargado por la empresa SQM y de la documentación asociada al mismo, cuya calificación favorable consta en la Resolución Exenta N2 0226, de 19 de octubre de 2006, de la Comisión Regional de Medio Ambiente de la II Región de Antofagasta; y una minuta elaborada por SQM relativa a qué porcentaje de las sales de litio corresponde un millón de toneladas de litio metálico equivalente, y, a qué porcentaje equivale de las reservas totales del país.

El tercero es propio y se trata del resumen de una visita a terreno realizada por el SEP en enero de 2007 a las plantas de SQM en el Salar de Atacama.

El 8 de julio, López Lizana responde que el Consejo Directivo de la Cchen está analizando los antecedentes y que el tema continuará en discusión al interior del Consejo.

LOS INTERESES DEL ESTADO

El portazo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear llegó al SEP a través de una carta de siete páginas fechada el 27 de noviembre de 2008.

En ella, se explica que la Cchen “tomó conocimiento de la carta enviada por usted y el Subgerente General de la empresa SQM, en la que nos manifestaron vuestra disposición a modificar el ‘Contrato de Arrendamiento’ y el ‘Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama’ que las partes pertinentes suscribieron el 21 de diciembre de 1995, en el sentido de aumentar los límites de explotación en las cantidades de litio metálico equivalente durante el período de vigencia del proyecto hasta un total de un millón de toneladas”.

El Consejo Directivo concluye que “no hay argumentos que justifiquen hoy, volver a incrementar la cantidad a explotar de litio para el mismo periodo de tiempo, por lo que por Acuerdo de Consejo N°1803, de noviembre 20 de 2008, se ha acordado no conceder la modificación solicitada a la autorización vigente”.

Especialmente dura es la contestación respecto de que no es posible que las decisiones sobre el litio se adopten con estudios pagados por la empresa interesada. En esta línea, se consigna que se requiere un estudio tendiente a establecer el manejo sustentable del salar y otro de carácter independiente sobre el mercado futuro del litio. Y se remata con que “se debe crear las instancias que permitan que una entidad nacional tenga la responsabilidad de estudiar estas materias”.

La misiva contiene una copia del Acuerdo de la Cchen y un anexo que es muy crítico del proceder de SEP al punto de que afirma que para la entidad es “ineludible” manifestar algunas recomendaciones “a las autoridades que tienen por mandato legal, salvaguardar los intereses del Estado”.

Así se sugiere, para el manejo sustentable del Salar de Atacama y con “el objeto de preservar un recurso mineral que está teniendo una creciente demanda mundial y más aún cuando en el futuro mediato se producirán cambios y avances tecnológicos que podrían gatillar un explosivo aumento de dicha demanda”, la creación un Centro de Investigaciones de Litio, dedicado al estudio respecto a las aplicaciones tanto nucleares como industriales convencionales y se resalta que tal meta está planteada desde la década del ’80.

Con todo, la maquinaria de SQM siguió operando en el Sistema de Empresas Públicas. El 23 de diciembre de 2009, el Consejo de SEP -presidido por Singer e integrado, entre otros, por el exministro Alberto Arenas y el actual director de Corfo, Eduardo Bitrán- revisó la solicitud de SQM de ampliación de cantidad total de litio a extraer de las pertenencias mineras de Corfo ubicadas en el Salar de Atacama.

Se habló en la ocasión de una petición original de la minera de llegar a las 400 mil toneladas de extracción y de la solicitud de enero del 2008 que cambió la cifra a un millón de toneladas y se concordó pedir a la Dirección Ejecutiva de SEP la preparación de un informe “que contenga todos los antecedentes y las gestiones realizadas en el marco de la solicitud de SQM de aumentar la cantidad de litio que puede extraer desde las pertenencias mineras arrendadas a CORFO en el Salar de Atacama”.

El 26 de febrero de 2010, el Consejo de SEP volvió a funcionar y en la ocasión se determinó “contratar un estudio que permita determinar el funcionamiento del Salar de Atacama” antes de adoptar cualquier resolución. Tal análisis, que habría permitido obtener información independiente respecto de cómo se ha operado en el Salar de Atacama, no se concretó.

LOS AÑOS OSCUROS
El freno que puso la Comisión Chilena de Energía Nuclear a Soquimich para tener acceso a un millón de toneladas de litio, obligó a la empresa a buscar una vía alternativa para aumentar su cuota de explotación, pero desde que dio ese paso, en 2012, la compañía ha enfrentado una serie de escándalos.

El 25 de septiembre de 2012 la empresa obtuvo el primer Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL): 100 mil toneladas del mineral por los siguientes 20 años. La entidad controlada por Julio Ponce ganó el concurso público con una oferta de US$ 40,1 millones, pero el 22 de noviembre de 2012, el procedimiento fue anulado porque SQM presentó documentación falsa, esencialmente declaraciones juradas respecto de que no tenía litigios pendientes con el Estado.

El caso implicó la renuncia de Pablo Wagner, subsecretario de Minería, hoy formalizado por cohecho en el caso Penta, y de la jefa de la División Jurídica de esa misma cartera, Jimena Bronfman, además de la apertura de una investigación en la Fiscalía Centro Norte por perjurio y fraude al Fisco en contra de SQM y de los dos ejecutivos que representaron a la empresa en el proceso: Ricardo Ramos y Patricio de Solminihac.

En 2014, en tanto, la Superintendencia de Valores y Seguros estableció multas que llegan a los 164 millones de dólares en contra de Ponce y otras personas relacionadas a las Sociedades Cascada, controladoras de la Soquimich, por operaciones bursátiles que según la Superintendencia habrían sido dirigidas por Ponce y cuyo objetivo era manipular el mercado, dejando disponibles paquetes de acciones para su remate, para posteriormente recomprar los títulos a precios mayores a los de su venta inicial. Por este caso está abierta una investigación judicial que hasta hace algunos días era dirigida por el fiscal José Morales y que hoy está en manos de Andrés Montes.
El mismo 2014, SQM comenzó, en el marco del caso Penta, a ser investigada por el financiamiento irregular a la política. Por este caso, el brazo derecho de Ponce y exgerente general de Soquimich, Patricio Contesse, está formalizado y con arresto domiciliario.

Pese a tener todos estos flancos abiertos, lo que más le preocupa a Ponce -quien tuvo que renunciar al directorio de SQM- es el arbitraje en curso con Corfo.

A diciembre de 2014, según la información de la empresa, el 39% de sus ingresos provenían de la explotación del Salar de Atacama, pero nadie fiscalizaba si pagaba o no al fisco lo acordado.

En 2013, en una decisión que Ponce siempre ha atribuido a un interés económico personal del entonces Presidente Sebastián Piñera, Corfo denunció diferencias millonarias en la aplicación de la fórmula de pago y en mayo de 2014, el nuevo director de la entidad Eduardo Bitrán, presentó una demanda ante la Cámara de Comercio de Santiago.

La denuncia, que está revisando el árbitro Héctor Humeres, del Centro de Arbitraje y Mediación, fija las pérdidas por no pago de US$17 millones. Además, se presentó la exigencia de una indemnización extra de US$18 millones, frente a lo cual Humeres planteó la cancelación de una suma única y total de US$17,1 millones y el perfeccionamiento del contrato entre las partes. La propuesta fue rechazada por el Consejo de Corfo que ha pedido el término adelantado del contrato.