Pinochet ordenó tapar la verdad en el caso Quemados, según archivos del gobierno de EE.UU.

 

Mientras el ministro Mario Carroza intenta dar con la verdad del Caso Quemados, esto tras detener a 12 exmilitares luego de que el exconscripto Fernando Guzmán rompiera un pacto de silencio para contar que hubo ocultamiento de información, nuevas revelaciones dan cuenta del rol fundamental que cumplió el dictador Augusto Pinochet para encubrir los hechos.

El diario El País de España publica un artículo donde asegura que este viernes saldrán a la luz cinco cables confidenciales que tiene en su poder el gobierno de Estados Unidos, documentos que confirman la participación del tirano para tapar el brutal ataque que sufrieron Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri el 2 de julio de 1986.

El medio español cita una investigación de la Universidad de Georgetown que sostiene que el mismo Pinochet fue quien mandó frenar la investigación, y de hecho buscó levantar la imagen de que las dos víctimas no eran tales, sino que se trataba de terroristas.

Peter Kornbluh, responsable de la investigación, explicó a El País que pese a que estos cables llevan desclasificados más de diez años toman relevancia en la coyuntura que se vive en Chile tras el giro en el caso.

“Los abundantes detalles de los documentos desclasificados podrían servir de apoyo a la acusación (…) Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas”, señaló.

 

En concreto, la información que revela el National Security Archive del gobierno de Estados Unidos, refiere que la trama del ocultamiento partió en la misma Posta Central, donde llegaron Quintana y Rojas de Negri tras ser quemados vivos.

La publicación recoge que el 2 de julio de ese año; es decir, 6 días después del ataque, la embajada gringa en Chile envió a su gobierno un cable que reza que Rojas de Negri, quien ya había fallecido fue “quemado de forma deliberada por soldados”.

“Médicos en la Posta Central afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo”, asegura el documento.

Asimismo, agrega que fue el propio director por entonces del centro asistencial quien “escribió una nota en el historial médico (de Rojas) ordenando que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso y de Quintana, y que tampoco debía ser trasladado”.

Este hecho habría sido determinante, pues “impidió que se tomara cualquier declaración legal”.

Casi una semana más tarde, exactamente el 14 de julio de 1986, otro cable sostiene que “el Gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov”. “No es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas”.

Otro documento es enviado el 22 de julio donde se advierte que un informe de Carabineros “indica claramente que los miembros de una unidad militar chilena de patrulla estuvieron involucrados en la quema de los dos jóvenes”.“El presidente Pinochet le dijo al general Stange que no creía el informe y se negó a recibir el documento del general Stange”, por entonces director de Carabineros.

El 27 de agosto, casi un mes después, la inteligencia de EE.UU. asegura que la Dictadura “ha cambiado varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos (…) Algunos miembros del Gobierno probablemente seguirán intimidando a los testigos para convencerles para que cambien su testimonio, con el objetivo de liberar al régimen de responsabilidad alguna del crimen”.

“El ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueces para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas”, dice el último cable, fechado en diciembre de 1986.

En Chile, en tanto la sobreviviente del caso, Carmen Gloria Quintana, presentó esta semana un querella contra todos los exmilitares y civiles que hayan participado como autores, encubridores y cómplices.

La Presidenta Michelle Bachelet, por su parte, se comprometió a no medir esfuerzos para llegar a la verdad.