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El abogado Julián López, quien defiende a los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, aseguró que el sistema de persecución penal se ha ensañado con sus clientes.

En entrevista con El Mercurio, López expresó que hubo cambios de criterios en el actuar del Servicio de Impuestos Internos nunca vistos y que se aplicó de manera incorrecta la ley con sus patrocinados, atendida la -a su juicio- larga prisión preventiva de más de 50 días que debieron cumplir.

“El sistema de persecución penal se ha dirigido contra Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano con un rigor extremo. Se les han imputado hechos que tradicionalmente no eran considerados delitos, se les ha atribuido participación en muchos de ellos solo por ser los controladores, se los ha sometido a una extensa privación de libertad que no es frecuente en casos de delitos económicos y han debido sufrir un intenso juicio público que no ha tenido consideración con ellos ni sus familias. Los acusadores se han negado, incluso, a reconocerles la colaboración y reparación que han brindado. En suma, mis clientes han sido sometidos a una persecución penal absolutamente desigual y desmedida”, dijo.

López indicó que el llamado caso Penta es un caso más, bajándole el perfil: “Presentar al caso Penta como una experiencia inédita de acción de la justicia frente a los “poderosos” es de una ignorancia infinita. Desde la crisis bancaria de los años 80 hasta las condenas recientes de parlamentarios o autoridades religiosas, los jueces chilenos han demostrado su independencia en muchas ocasiones. Los relatos épicos que se han tejido en torno al caso Penta no solo desconocen esa realidad sino que pretenden ejercer presión ilegítima sobre el sistema judicial: se quiere hacer creer al público que si la fiscalía pierde, no será por las debilidades de su caso sino porque los jueces han sido débiles. Y eso es completamente inaceptable”.

El profesional insistió en que el Ministerio Público incumplió su compromiso de no pedir la prisión preventiva en contra de “los carlos” y que sus clientes han colaborado ampliamente con la investigación.

“Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano colaboraron ampliamente con la investigación porque esa fue su firme decisión, desde el primer día. Más allá de lo que tienen derecho a decir en su defensa, ellos aceptaron públicamente su responsabilidad por esas prácticas y se comprometieron a corregir sus efectos, lo que han hecho con creces. Las medidas cautelares a las que han sido sometidos no son consecuencia de esa colaboración, sino de las condiciones ambientales en que se ha desarrollado este caso, y que son de sobra conocidas”, explicó.

Asimismo criticó el peso público que ha tenido el caso Penta y cómo la responsabilidad, más allá de la labor de la fiscalía se le carga a los jueces: “Cuando se dota a un caso de esa clase de connotaciones simbólicas el derecho pierde terreno, porque los encargados de la persecución penal empiezan a fijarse menos en el texto de la ley y más en la forma en que sus decisiones serán recibidas por la opinión pública. Y entonces lo que en otras condiciones sería considerado legal y sensato, se tiñe de una carga emocional, se juzga como “impresentable” y surge la tentación de adoptar la posición más extrema y trasladar al juez el costo de defraudar las falsas expectativas.

Insistió en que sus clientes aportaron platas a la política con dineros que eran propios y descartó que hubieran creado sociedades especialmente para defraudar.

“El hecho de que hayan actuado así prueba que actuaban por convicción y que no esperaban ningún retorno. Lejos de ser una dificultad, me parece que esa es una de las fortalezas de nuestra defensa”, reveló.

López manifestó que hoy en el Ministerio Público no existe una opinión institucional y habló de caudillismos: “El Ministerio Público es una pieza clave del sistema de administración de justicia penal y ha hecho esfuerzos por actuar con coherencia y objetividad, evitando que la institución quede entregada a caudillismos. Sin embargo, lo que ha ocurrido en este caso es precisamente lo contrario. Y eso es tremendamente complejo, porque el funcionamiento de todo el sistema presupone la existencia de un interlocutor institucional, de modo que cuando se está hablando con un fiscal, se tenga la certeza de que se está hablando con el Ministerio Público como un todo. En este caso, ha sido difícil saber cuál es la posición institucional frente a cada cuestión que se plantea, y en ocasiones da la impresión de que esa posición no existiera”.

“Sin ir más lejos, hace dos semanas me tocó participar de una audiencia en que el fiscal Gajardo argumentó ante la Corte de Apelaciones, con absoluta convicción, que mis representados arriesgaban una pena efectiva y, sin embargo, todos pudimos leer tres días después, en una entrevista, que el fiscal nacional piensa exactamente lo contrario. Ese tipo de inconsistencias me producen desconcierto, pero me parece que no afectan tanto a mi defensa como a la credibilidad de la fiscalía”, insistió.