El pacto de silencio del abogado Alfredo Prieto

El jurista Alfredo Prieto Bafalluy, abogado integrante de la Corte Suprema hasta marzo de 2015, trabajó por al menos dos años con la Central Nacional de Informaciones (CNI) en la persecución, delación y despido de miles de profesores de colegios y universidades, según revelan oficios reservados de la dictadura militar y su policía secreta encontrados por The Clinic.

Prieto, tío del diputado Ernesto Silva Bafalluy, expresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), mantuvo esa colaboración con la policía secreta al menos durante el tiempo en que ejerció como ministro de Educación Pública del régimen militar, entre el 14 de diciembre de 1979 y el 21 de abril de 1982, según confirman los documentos.

En ese período, que antecedió a la crisis económica y las “marchas del hambre”, Alfredo Prieto inauguró además el histórico proceso de municipalización de las escuelas y liceos del país, transformación que marcó el futuro de millones de estudiantes en todo el Chile.

Pero no solo la persecución a profesores y el hecho de haber iniciado la municipalización de liceos marcan la hoja de vida de este destacado jurista, cuya familia es una de las más influyentes al interior de la UDI y la Cámara Chilena de la Construcción.

Su paso por la actual Corte Suprema también estuvo cruzado por decisiones y actuaciones polémicas en los ámbitos económicos o sociales. Por ejemplo, generó polémica cuando votó en diversos juicios inmobiliarios pese a que su estudio de abogados, Prieto, García, Urzúa & Díaz de Valdés Abogados, se especializa justamente en la asesoría legal a empresas de la construcción y a haber coincidido como director de la sociedad “Vive Sociedad de Leasing Inmobiliario S.A”, con el presidente de la Cámara de la Construcción, Daniel Hurtado.

De hecho, esta polémica votación llegó incluso en enero de 2014 hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz, a través de una carta denuncia enviada por el abogado Gustavo Cruzat, quien reclamó que Prieto Bafalluy no se inhabilitara en estos juicios en los que a su entender tenía intereses coligados.

Pero no solo el sector inmobiliario fue polémico en su paso por la Corte Suprema: en uno de sus últimos juicios, Prieto Bafalluy fue además quien argumentó en contra del recurso de unificación de jurisprudencia presentado por el funcionario Juan Pablo Vial contra la municipalidad de Santiago.

La resolución -respaldada por los otros cuatro miembros de la Cuarta Sala de la Corte Suprema- estableció en la práctica que los miles de trabajadores a honorarios que existen en el Estado tenían los mismos derechos que los trabajadores de planta o contrata.

Como consecuencia de ello, la propia presidenta Michelle Bachelet terminó anunciando en su discurso del 21 de mayo que el Estado regularizará la situación de 8.000 trabajadores a honorarios “que cumplen funciones permanentes”. Prieto Bafalluy, por cierto, estuvo en desacuerdo de lo acordado como quedó escrito en la sentencia.

El abogado fue también uno de los integrantes de la Tercera Sala de la Corte Suprema que rechazó el recurso de protección que buscó infructuosamente cambiar de penal a Celestino Córdova, activista mapuche acusado de asesinar al matrimonio Luchsinger en la Araucanía.

EL TRABAJO CON LA CNI

Pero las polémicas no solo refieren a sus fallos en el presente. También apuntan hacia su paso por los altos mandos de la dictadura y su trabajo codo a codo con la CNI en esos años, lo que abre una serie de interrogantes sobre cómo fue posible que un abogado que trabajó con la CNI llegó a la Corte Suprema en democracia.

En concreto, desde sus primeros días como ministro de la dictadura, hace 35 años, Prieto Bafalluy mantuvo de hecho una activa colaboración mutua con la CNI y su primer director, el suicidado general en retiro Odlanier Mena, trabajo que fue clave para iniciar la municipalización de la enseñanza en todo el país.

De hecho, el abogado discutió con Mena en reiterados oficios secretos desde las normas y principios que debían regir la educación pública hasta los antecedentes políticos de centenares de docentes demócrata cristianos, socialistas o simplemente simpatizantes de izquierda, como muestran centenas de oficios con su propia firma.

En la práctica, una a una las fichas de seguridad que la CNI tenía de múltiples profesores fueron desfilando por el despacho ministerial de Prieto Bafalluy, entre ellas las de docentes como Samuel Bello de Santiago, Lidia Ríos de la VII Región, Carlos Arancibia de La Granja, Francisco Laporte de Angol, Sergio Guzmán de Llanquihue, Víctor Gómez de Aysén y Floridor Pérez de Combarbalá, por ejemplo.

Todos ellos fueron finalmente removidos del sistema educacional por decisión de Prieto, con el objetivo de limpiar el magisterio de “elementos contrarios al Supremo Gobierno”, como subrayó el abogado en varios oficios. Esta purificación ideológica, como muestran otros miles de oficios encontrados, perduró por años y llegó a implicar la exoneración de unos 8.000 docentes en todo el país hacia 1987.

Pero Prieto Bafalluy y la CNI no sólo persiguieron profesores, sino que también discutieron paso a paso el avance de la municipalización, advirtiendo sus fallas, proponiendo mejoras, alertando sobre el mal uso de fondos, en especial de las subvenciones escolares. Fue un trabajo global y coordinado, día a día a través de oficios secretos o reservados que llevaron nombre, firma, fecha y timbre.

“Diversos alcaldes de las comunas de la provincia de Curicó manifestaron que estarían en condiciones de asumir la administración de los establecimientos educacionales de sus respectivas comunas, si se les dan los medios”, informó por ejemplo el general Mena al ministro Prieto en un oficio reservado del 27 de mayo de 1980 en la antesala de la municipalización.

Fue en ese marco de trabajo mancomunado que la polémica municipalización de la enseñanza germinó, cuando el entonces ministro Prieto recibió un memorándum reservado el 24 de noviembre de 1980, en el que la superintendenta de Educación, María Teresa Infante, le entregó “un resumen con la nómina de las 15 primeras comunas” que recibirían colegios públicos, entre ellas, por cierto, estaban los que diligentemente sugería la CNI.

En total, 299 liceos, 3.214 profesores y más de 50.000 estudiantes pasaron de depender administrativamente del Estado central a los municipios de Linares, Maule, Villa Alegre, Curepto, Río Claro, Bulnes, Papudo, Petorca, San Clemente, San Carlos, Empedrado, Zapallar, La Ligua y Cabildo.

La municipalización fue desde entonces una realidad en marcha y casi sin oposición inicial, salvo manifestaciones aisladas. Millones de jóvenes dejaron de ser educados al alero del gobierno central por décadas y unos 90.000 perdieron su condición de trabajadores del Estado.

NUEVOS PROBLEMAS

En medio de esas transformaciones, el general en retiro Odlanier Mena fue removido de la CNI, pero eso no detuvo los lazos de Prieto Bafalluy con ese organismo represivo.

De hecho, el nuevo director de la CNI, el general Humberto Gordon, mantuvo el contacto con el jurista, a quien envió el 4 de noviembre de 1981 un memorándum secreto alertando de nuevos problemas en el desarrollo de la municipalización. “Doscientos profesores (de la IX Región), con más de 20 años de servicios cumplidos, presentaron su renuncia el día 14 de octubre recién pasado”, informó el jefe de la policía secreta en un oficio reservado.
Gordon, exedecán del presidente Eduardo Frei Montalva, advirtió que la situación constituía un problema “inquietante” para el desarrollo de la política educacional, debido a la pérdida de “docentes experimentados y en plena capacidad intelectual”.

Aún más, el militar planteó que la crisis obedecía a la falta de “una política eficiente y oportuna de información al profesorado, especialmente en las regiones”, sobre el nuevo proceso.

Prieto, consciente del tema, redobló esos meses los esfuerzos por aclarar la situación jurídica en que quedaban los profesores al ser traspasados desde el Estado central a los municipios, en diversos intercambios con la Contraloría y la propia Presidencia.

Sin embargo, a juicio de la CNI, la pérdida de docentes estaba acompañada además por un inoportuno ingreso de maestros opositores al sistema escolar, debido a la incapacidad de los municipios para mantener el control ideológico sobre el magisterio.

En un oficio secreto de tres páginas del 1 de diciembre de 1981, el general Gordon explicó en detalle la nueva situación al ministro Prieto. “En el proceso de traspaso (de liceos) a las municipalidades se han detectado algunos problemas en la contratación del personal que asumirá roles directivos”.

Gordon, tras apuntar que problemas similares habían ocurrido en el propio ministerio de Educación, explicó sin tapujos las consecuencias de esa falta de rigor.

“La situación mencionada, junto con alterar los propósitos del actual gobierno en materia educacional, lesiona integralmente las posibilidades de brindar, a los educandos, una formación acorde con la línea nacionalista, independiente y unitaria que nuestras juventudes y la Patria necesitan”, subrayó.

Presuroso, Prieto envió seis días después la información al ministerio de Interior en un oficio de once páginas con los nombres de los profesores opositores a la dictadura que estaban contratados en el sistema público, como primer paso para su exoneración definitiva.

De esa forma, el exabogado integrante de la Corte Suprema coronó su paso por el ministerio de Educación habiendo denunciado, investigado y exonerado a más de un centenar de profesores, los que jamás supieron las razones de sus despidos de la educación pública, según los miles de oficios reservados de esa época que llevan su firma.