Comisión de Ética del Senado analiza ampliar sus facultades a dos meses de que indagados por platas políticas elijan al fiscal nacional

Sólo el desaforado senador Carlos Bianchi, quien enfrentará entre septiembre y octubre un juicio oral bajo los cargos de negociación incompatible y fraude al fisco en Punta Arenas, está hoy inhabilitado para participar de la votación del sucesor de Sabas Chahuan. El resto de los parlamentarios, incluso aquellos formalizados por causas relacionadas con el financiamiento irregular de campañas políticas, podrán elegir al próximo fiscal nacional que debe, precisamente, investigarlos.

La situación, admiten parlamentarios, es compleja y, aunque no ha sido analizada formalmente en la Comisión de Ética de la Cámara Alta, ha sido motivo de conversaciones de pasillo entre los legisladores que reconocen en el hito un conflicto, tal como lo es, apuntan, el “maltrato” por parte de los electores que los increpan por casos como Penta y Soquimich.

La situación es así: a mediados de octubre, Chahuán debe dejar su cargo. Y 10 días antes de eso, es decir, a principios de mes, la Corte Suprema abre un proceso de selección para que interesados postulen al puesto, luego elige una quina, y de esa quina, la Mandataria nomina a una persona, quien debe ser ratificada por el Senado.

En la Cámara Alta hoy está formalizado por haber recibido recursos de Penta de forma ilegal el senador Iván Moreira (UDI); está investigado y querellado por el Consejo de Defensa del Estado, Eugenio Tuma (PPD); indagado en el caso Corpesca, Jaime Orpis (UDI); y el 31 de julio, Chahuán solicitó al Congreso antecedentes de asesores de Jorge Pizarro (DC), Fulvio Rossi (PS) y Ena Von Baer (UDI). Pizarro y Rossi han aparecido vinculados al caso SQM, mientras que Von Baer figura en la carpeta Penta.

Al respecto, el senador e integrante de la Comisión de Ética, Alejandro Guillier, aseveró a The Clinic Online que no existen facultades constitucionales que impidan que alguno de sus colegas ejerza el derecho a voto aún cuando en el caso del sucesor de Chahuán los políticos mencionados tengan un interés personal en el tema.

Según explicó Guillier, las limitaciones de la Comisión de Ética para entregar una directriz o sugerencia en cuanto al sufragio se sustenta en que podría ser utilizada esta instancia para alterar las mayorías, por lo que su campo de acción es bastante reducido. También, apuntó, existe el criterio de no pasar a llevar el principio de inocencia de los senadores investigados y en última instancia salvaguardar la representación delegada por una región en un senador.

Con todo, Guillier precisó que “se está revisando y estudiando qué modificaciones se pueden hacer a la Comisión, toda vez que el espíritu de la instancia es regular la convivencia entre senadores. Nunca a nadie se le pasó por la cabeza que íbamos a enfrentar situaciones tan bochornosas que comprometen la dignidad del cargo, así es que una vez que tengamos claro todas las situaciones que nos afectan como Senado se va a trabajar en hacer cambios”.

En tanto, el senador Alfonso de Urresti, que también integra la Comisión, acotó que “no se ha discutido formalmente el tema, pero me parece relevante que el presidente (Hernán Larraín) lo pueda poner en tabla para revisar si éticamente existe inhabilidad”.

Argumentó además que “se están conversando las competencias de la Comisión de Ética porque creemos que debe estar facultada para adelantarse a situaciones que pueden ser complejas, poder resolver, sin transformarse en un organismo fiscalizador, asuntos que competen a los senadores”.

ABSTENCIÓN O INHABILIDAD

Uno de los senadores involucrados en el financiamiento irregular de su campaña por parte de una de las empresas investigadas aseveró a este medio que ha conversado con otros legisladores en una situación similar a la suya y que la deducción es que lo más probable es que el candidato que nomine la Presidenta sea previamente consensuado entre la Alianza y la Nueva Mayoría y que, de ser así, el sufragio de los “cuestionados” no tendrá relevancia.

“Ahí es sencillo, uno se ausenta de la sala o se inhabilita y ya está, porque votar es darle pie a la prensa para que levante un tema al respecto y sigan poniendo a unos pocos como símbolos de un práctica que era generalizada y que ya se asumió como errada”, apuntó.

En este sentido, agregó que existe claridad en el Congreso que quien sea designado debe entregar garantías a todos los sectores. “No se trata de intervenir en la justicia, pero si el parlamento y el Gobierno ya se comprometieron con una agenda de probidad, no es lógico que se siga destruyendo el Congreso”, recalcó.

LOS NOMBRES
Hasta ahora figuran en la carrera por suceder a Chahuán Jorge Abbott, quien es Director Ejecutivo Nacional, y que es resistido por la derecha; Alberto Ayala, golpeado por la indagación en su contra por supuestas filtraciones al exministro de Interior Rodrigo Peñailillo; José Morales, conocido por su seriedad y que fue removido del caso Cascadas por solicitud de querellantes de esa causa; Raúl Guzmán Uribe, fiscal de la zona sur y heredero del caso Bombas; y Xavier Armendáriz, exfiscal que condujo la investigación contra el exsenador Jorge Lavanderos y el abogado Cristián Riego de la Universidad Diego Portales.