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La Corte Suprema ordenó hoy procesar a quince exagentes de la DINA por el asesinato, en julio de 1976, de Carmelo Soria Espinoza, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), informaron fuentes judiciales.

La resolución del máximo tribunal revocó un dictamen anterior, del juez especial Lamberto Cisternas, que había denegado el procesamiento de los involucrados y ordenó someterlos a proceso por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita, precisaron las fuentes.

Entre los inculpados figuran el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, los brigadieres Pedro Espinoza, Jaime Lepe, que fue secretario personal de Augusto Pinochet, y Pablo Belmar, además de los comandantes Guillermo Salinas y René Quilhot y el coronel Juan Morales Salgado.

También el estadounidense Michael Vernon Townley, el exmayor Armando Fernández Larios y el exiliado cubano Virgilio Paz Romero, los tres condenados en Estados Unidos por el asesinato del canciller Orlando Letelier, cometido en Washington en septiembre de 1976.

Townley y Fernández Larios se entregaron a la justicia estadounidense y recibieron leves condenas tras convertirse en testigos protegidos, condición en la que continúan viviendo hasta el presente en ese país.

Sólo por asociación ilícita fueron procesados la escritora Mariana Callejas Honores, esposa de Michael Townley, María Damiani Serrano, Ricardo Muñoz Cerda y Carlos Sáez Sanhueza, en tanto que como cómplice de homicidio calificado fue encausado José Lagos Ruiz.

Mariana Callejas también fue condenada a prisión por el asesinato del general Carlos Prats González, antecesor de Augusto Pinochet al mando del Ejército, perpetrado en Buenos Aires en septiembre de 1974.

Según la resolución de la Corte Suprema, la detención ilegal y homicidio de Carmelo Soria Espinoza, que llegó a Chile como refugiado de la Guerra Civil Española, fueron planificados y ejecutados en cumplimiento de órdenes dadas por quienes se desempeñaron como jefes o superiores jerárquicos de la DINA, entre ellos, el general Manuel Contreras, fallecido el pasado 7 de agosto, y Pedro Espinoza, preso por otros casos de violación de los Derechos Humanos.

La muerte de Carmelo Soria es emblemática entre los crímenes de la dictadura de Pinochet (1973-1990) y policialmente está resuelto desde 1993, tras la declaración de José Rios San Martín, un exsuboficial y miembro de la DINA.

Carmelo Soria, sospechoso de pertenecer al Partido Comunista, fue interceptado cuando transitaba en su automóvil el 14 de julio de 1976 por agentes disfrazados de carabineros y llevado a una mansión del lujoso sector santiaguino de Lo Curro, en la que vivían Michael Townley y Mariana Callejas.

Townley tenía en el subterráneo un laboratorio en el que preparaba gas sarín para asesinar a opositores a Pinochet y que servía además como lugar de interrogatorio y tortura, mientras en la casa su esposa dirigía talleres literarios o celebraba tertulias con conocidos escritores de la época.

En esa casa, Soria fue torturado y, como nunca entregó información, le aplicaron gas sarín. Luego, según Ríos San Martín, lo “destestuzaron” haciendo palanca contra un escaño por medio de la torsión de la cerviz.

El cadáver de Soria fue introducido en su propio automóvil y lanzado a un canal de riego, después que los agentes le vaciaron encima una botella de licor, para hacer creer en un accidente provocado por la ingesta de alcohol.

Carmen Soria, hija de la víctima, consideró que el procesamiento de los presuntos autores, que ha buscado durante décadas, “llega demasiado tarde, como en tantos otros crímenes de la dictadura”.

No obstante, según dijo a radio Cooperativa, pedirán que sea sacado del caso el juez Lamberto Cisterna, que a su juicio ha sido un obstáculo para que se haga justicia en el crimen.