Columna: Educación técnica superior más allá de las banderas corporativas

La promesa de gratuidad en la educación superior no ha generado –hasta el momento– un debate ciudadano como esperábamos. Más bien despertó una pelea desde distintas trincheras ideológicas y corporativas que por años se había mantenido silente. La novedad hoy es que ya no son sólo las universidades quienes se inquietan ante el anuncio gubernamental, sino que también los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP), instituciones formadoras de técnicos y técnicas.

En esta pasada, la propuesta de gratuidad anunciada para el año 2016 beneficia a las universidades, y en menor medida a CFT e IP. Sólo siete de estas instituciones podrían pasar a ser gratuitas, con presencia en sólo ocho regiones del país. Claramente esta noticia no ha dejado contento al sector técnico superior. Se reclama por discriminación arbitraria, que sus estudiantes deberían ser prioridad por provenir de sectores socioeconómicos más vulnerables y se dice que se les está excluyendo de un beneficio que les pertenece por derecho. El problema con este reclamo es que nadie parece cuestionarse qué tan bien han hecho su pega.

Vale la pena preguntarse: ¿es primera vez que se discrimina o se descuida al sector técnico terciario? Porque pareciera que una falsa alarma de incendio se activó cuando el verdadero aviso de alerta lleva harto tiempo en llamas. Para muestra, un botón: cuando se decidió prohibir el lucro en las universidades, también se concedió a los IP y CFT el privilegio de lucrar. El caso del IP Valle Central es enigmático, y nos mostró cuán perversa puede ser la ley: un grupo de accionistas decidió repartirse cuantiosas utilidades, mientras la institución no aseguraba el pago de sueldos a sus docentes, y persistían otros problemas financieros que afectaron a sus estudiantes.

En todo este tiempo, no hemos visto juicios morales que reprochen la idea de lucrar con las expectativas de estudiantes y familias de escasos recursos, que además de las dificultades de tiempo que tienen para estudiar por tratarse en su mayoría de trabajadores, se endeudan por años en instituciones buenas, regulares y malas ¿Se ha discriminado antes? Sí.

Otro botón de muestra: año a año la matrícula en este tipo de instituciones aumenta exponencialmente, sin embargo, son tantos los estudiantes que entran como los que desertan. Lea bien. La deserción al primer año en CFT e IP se acerca al 40%, es decir, cuatro de cada diez jóvenes que ingresan a estas instituciones interrumpe sus estudios, sea por razones económicas, por compatibilidad de horarios o simplemente por desinterés. Además, estas entidades tienen bajos porcentajes de acreditación, cuentan con poca regulación y por muchos años se prohibió la participación estudiantil.

Hoy se reclama que el anuncio de gratuidad es arbitrario y discriminatorio, pero lo cierto es que desde hace mucho tiempo hemos permitido como país que se trate de manera injusta e irresponsable a la educación técnica superior y a los miles de estudiantes y familias que acuden a ella. Y lo peor: poco se ha hecho por cambiar la historia.

Por eso es prioritario que el anuncio de gratuidad sea una oportunidad para correr el cerco como sistema educativo, y no como una coyuntura para defender banderas corporativas. Es bueno que nos planteemos la necesidad de cambiar radicalmente el modelo regulatorio, posibilitando en el corto plazo que tanto CFT e IP se transformen a entidades sin fines de lucro para que puedan acceder a la gratuidad, siendo parte de un modelo educativo con instituciones de fin público. En el mediano y largo plazo queda mucho más por hacer. Que esa sea también una oportunidad para reorientar una nueva educación técnica superior, con alto valor político, social y económico, igual o más que el que se le otorga a las universidades. La manera de hacer frente a la discriminación al sector técnico superior no empieza ni termina con la gratuidad.

*Patricio Carrasco cientista político e investigador de Política Educativa de Educación 2020.