Las denuncias que amenazan a la alcaldesa de Lampa

Por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas sobre probidad administrativa fue acusada la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar Novoa, por dos concejales de la comuna: Alejandra González y Juan Antonio Amigo. El requerimiento, presentado a comienzo de julio en el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y que hasta ahora se había mantenido en estricta reserva, está amparado en el artículo 60 de la ley orgánica de Municipalidades que apunta a “la conducta intachable” y “desempeño honesto” de las autoridades edilicias. Los concejales acusan a la alcaldesa, vicepresidenta de la mesa directiva de Renovación Nacional, de al menos 12 irregularidades graves que forman parte de una petición formal de remoción de su cargo. Lampa, luego de las intensas lluvias que afectaron a la comuna, parece continuar anegada.

“A confesión de parte…”

El más grave de los puntos presentados ante el tribunal electoral se refiere al no pago de cotizaciones previsionales de funcionarios de la corporación municipal de salud y educación. El documento judicial señala que la Contraloría comprobó que la alcaldesa adeudaba más de 97 millones de pesos, desde mayo de 2013 a mayo de 2014. Parte de la deuda se mantendría aún vigente. La alcaldesa, representada por la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, en la contestación realizada al requerimiento, admite la deuda, pero señala que esta ha disminuido año a año y no constituiría “un abandono de deberes”, pues se trataría de una “deuda histórica o de arrastre”.
-Nosotros tenemos un aforismo jurídico que dice “a confesión de parte relevo de pruebas”. La alcaldesa reconoce expresamente no tener pagadas las cotizaciones previsionales de los trabajadores, eso significa que se ha incurrido en la causal y ella ha confesado la falta- admite el abogado Nelson Rocco, representante de los concejales.

La argumentación de la alcaldesa, asegura la contraparte, es una simple justificación debido a que la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, realizada en abril de 2014, contempla que el notable abandono de deberes se configuraría “cuando el alcalde en forma reiterada, no pague íntegra y oportunamente las cotizaciones previsionales correspondientes a sus funcionarios”.
El grave daño previsional, aseguran funcionarios municipales, les ha repercutido de manera directa en otros ámbitos. “Como el municipio tampoco paga los créditos en las cajas de compensación estamos morosos, pues existe un convenio entre la corporación y la cooperativa Coopeuch. Hay mucha gente en Dicom. No podemos postular a un subsidio, a crédito para estudiantes, la gente que está en isapres no puede hacer uso de sus planes”, cuenta Betsabé Castillo, dirigente de la salud en Lampa.

Los dramas han aquejado fuertemente a los funcionarios de la salud debido a que tampoco el municipio ha implementado el servicio de bienestar de personal, contemplado en la ley 20.647 del año 2013, que ganaron los trabajadores en las manifestaciones que llevaron a cabo ese año. La no implementación del servicio ha impedido que los recursos estatales puedan ser utilizados por los trabajadores. “Tenemos una compañera que está con insuficiencia renal y está en lista de espera de trasplante y que perfectamente con este fondo podríamos haberla apoyado económicamente. Somos el único municipio de las ocho comunas de la zona norte que no tenemos servicio de bienestar por responsabilidad de un alcalde”, declara Betsabé. Un tema que los trabajadores de la salud califican como gravísimo. “Atenta contra la dignidad de las personas. Si el Estado, de alguna u otra forma, se comprometió a dignificar al trabajador público de la salud, que tenga sus derechos básicos, pienso que es una transgresión a sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución”, agrega la dirigente.

“Lampa perdió…”

Los déficits en el sistema de salud municipal no paran. Los concejales acusan la no ejecución íntegra de algunos programas debido a que, según consta en un oficio de diciembre de 2014, el ex director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, doctor Luis Lefio, ordenara la restitución de fondos por más de 330 millones de pesos debido a que los dineros transferidos no habrían sido utilizados con tal finalidad, ni restituidos oportunamente. Situación que, denuncian los concejales, habría ido en desmedro de los programas relacionados con odontología del adulto mayor, vida sana, prevención en salud bucal y otros. El municipio, en la respuesta otorgada al requerimiento en su contra, arguye que los fondos habrían sido devueltos, que estos habrían sido “reinyectados” por el Servicio Metropolitano de Salud Norte y que los programas de salud se encuentran operativos a la fecha. Los funcionarios de la salud, sin embargo, alegan que los programas de “apoyo a la gestión local”, deben ser invertidos en los pacientes de la comuna. “La gente no recibió las prestaciones de salud en los tiempos que el ministerio de Salud destinó los recursos, y si estos fueron devueltos habría que preguntarse dónde fueron reinyectados. En cualquier caso, Lampa perdió”, asegura Betsabé Castillo.

Los concejales también acusan a la alcaldesa, quien no quiso responder las consultas presentadas por The Clinic, de irregularidades en la puesta en marcha del consultorio Juan Pablo II, basándose en una auditoría emitida por la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte. En el documento se especifican graves faltas como el incumplimiento de plazos en la ejecución del proyecto, falta de supervisión en los avances y en la regularización de la autorización sanitaria. Este último punto es el que ha generado más controversia debido a que el establecimiento estaría funcionando sin la resolución sanitaria que acredite, según asegura el concejal Juan Antonio Amigo, los estándares mínimos exigidos para evitar “eventos adversos” que ponen en riesgo a los usuarios. “El consultorio no tiene solucionado su conexión a la red de alcantarillado. Está conectado a una fosa de tratamiento que es de un privado, vecino al establecimiento, que si el día de mañana se le ocurre cancelar el manejo de aguas servidas el policlínico se va a quedar sin atención”. El mismo municipio, en la respuesta al Tribunal Electoral, señala que “la planta de tratamiento no cuenta con autorización para su funcionamiento, y el propietario no está dispuesto a asumir los costos que implica la ampliación para poder obtener el permiso”.

El municipio, además, según plantean los concejales, habría aplicado contratación directa a la productora Valenzuela y Valenzuela, sin efectuar la licitación pública obligatoria cuando el contrato supera las mil UTM. La empresa aludida, según los detalles proporcionados, se habría adjudicado la mayoría de las fiestas que organiza el municipio por sobre el monto estipulado por ley: Festival del verano, celebración del día del padre, actividades recreativas en la V región, servicios de publicidad para el día del niño, del dirigente, bingos solidarios y otras actividades artísticas.

Los concejales denuncian también el uso de uno de los vehículos fiscales del municipio, patente DPDJ-43, por el conviviente de la alcaldesa, Alejandro Valdés Rebolledo, quien no posee la calidad de funcionario del municipio.

“El vehículo no puede ser usado por una persona externa, tiene que tener una autorización fiscal, es algo absolutamente irregular. Lo único que pido a es que los tribunales hagan su pega”, pide la concejal Alejandra González.