Los oficiales investigados en el Milicogate

La fiscal militar Paola Jofré inició una amplía investigación sobre todos quienes trabajan en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) del Ejército, unidad desde donde desaparecieron miles de millones de pesos, a través de facturas falsas, provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Jofré, quien ha mantenido reuniones de coordinación con la fiscal civil del caso, Ximena Chong, ha estado tras la pista de cabos y coroneles, obviando por el momento a los generales eventualmente involucrados.

Jofré, de hecho, aún no investiga los bienes y cuentas bancarias del Jefe del Estado Mayor, general Miguel Muñoz, responsable de seguir la evolución de los saldos de la Ley Reservada del Cobre. Tampoco al general Ureta, quien firmó el ingreso de la empresa Tajamar al registro de proveedores del Ejército; ni del general Jorge Salas que en el año 2012 ordenó a los funcionarios militares y civiles del CAF que dejaran de revisar las facturas que les llegaban, para solo tramitarlas, según los informes de la PDI.

El radar de la fiscal, mientras, está enfocado en los coroneles Samuel Poblete, Roberto Heidke, Carlos Frez, Fernando Grossi y Gerardo Ruiz. Jofré solicitó a la Policía de Investigaciones antecedentes sobre sus bienes, cuentas bancarias y viajes al extranjero.

De hecho pidió procesar, en junio de este año, a Frez, Heidke y Poblete como autores del delito de malversación de caudales públicos por negligencia inexcusable, en su calidad de tesoreros del Ejército en diversos años. La fiscal militar detalló que las operaciones irregulares aprobadas por estos tres oficiales sumaban 722 millones de pesos.
La solicitud, sin embargo, fue revocada en votación dividida por la Corte Marcial el 7 de julio de este año, tres días después del fin de la Copa América ganada por Chile, cuando The Clinic preparaba el primer reportaje sobre el tema.

No obstante el revés de la fiscal en la Corte Marcial, las pesquisas posteriores ampliaron masivamente el arco de sospechosos debido a que, entre 2011 y 2014, al menos unos 25 uniformados tuvieron la responsabilidad de recibir, tramitar y aprobar con visto bueno las facturas pagadas con fondos de la Ley Reservada del Cobre, según admitió el propio Ejército.

En ese mismo período, los proveedores autorizados para vender al Comando de Apoyo a la Fuerza con cargo a la Ley Reservada del Cobre oscilaron entre 35 y 18, anualmente. Hasta ahora sólo seis están siendo investigados.

EL MODUS OPERANDI

Un informe de 70 páginas, enviado en enero a la fiscal militar Paola Jofré por el subcomisario Guillermo Castro, reveló los principales descubrimientos de la Policía de Investigaciones en el caso. “Se ha podido identificar globalmente el modus operandi”, detalla.

La defraudación comenzaba cada vez que un miembro activo del Ejército tomaba contacto informal con un proveedor autorizado de la institución, para pedirle que emitiera facturas por servicios no prestados. El documento luego era enviado por mano al Comando de Apoyo de la Fuerza, “para iniciar el proceso de recepción, revisión y pago”, este último a cargo de Tesorería (ver infografía Modus Operandi).

En este andamiaje, el cabo Juan Carlos Cruz, suboficial que se gastó más de dos mil millones de pesos en el casino Monticello, figura en los niveles más bajos de decisión, junto al sargento Luis Meléndez y la cabo Liliana Villagrán del Departamento de Planificación y Administración Financiera, la unidad a cargo de revisar pagos con fondos de la Ley Reservada del Cobre.

En el informe figuran, además, al menos 2.500 facturas cuestionadas. Hasta ahora, sin embargo, es imposible saber cuáles fueron confeccionadas por el cabo Cruz y cuáles por otros funcionarios, debido a que esa información estaba en el servidor del Comando de Apoyo a la Fuerza, el que fue inutilizado por desconocidos cuando la fiscal Jofré inició sus pesquisas.

¿Cómo fue posible, entonces, todo este desfalco? La respuesta la entregó a la PDI el coronel Fernando Grossi, quien fue tesorero del Ejército en 2011 y 2012, además de estar destinado al polémico Comando de Apoyo a la Fuerza en 2013.

“Las funciones que debe cumplir el jefe del Departamento de Planificación y Administración Financiera no se encuentran contenidas en ningún reglamento orgánico”, admitió. Las operaciones de esta unidad, por referirse a la Ley Reservada del Cobre, tampoco pueden ser revisadas por la Contraloría General de la República. El oscurantismo, al parecer, es total.

Grossi, quien hoy trabaja en la Subsecrataría de las Fuerzas Armadas, explicó por qué nadie en el Ejército advirtió que estaban pagando facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos. “Eso no se revisaba”, dijo sin ambages. Cuando le preguntaron por qué habían pagado facturas que tenían su vigencia agotada, respondió parecido. “No se le dio importancia”, precisó.

El coronel Grossi confirmó, además, que desde 2012 el general Jorge Salas dio la orden de que el Comando de Apoyo a la Fuerza no debía revisar las facturas, sino sólo tramitarlas.

OPERACIONES SOSPECHOSAS

Paralelamente, el Ejército chileno mantuvo insólitamente, hasta este año, a los proveedores que le entregaron facturas falsas en el marco de las millonarias defraudaciones con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

“Sí, se han seguido tramitando pagos para facturas emitidas por Frasim”, admitió el coronel Gerardo Ruíz, jefe subrogante del Departamento de Planificación y Administración Financiera, la unidad a cargo de gestionar las cuantiosas compras con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

La confesión del oficial, en declaraciones a la Policía de Investigaciones, reforzó una serie de sospechas sobre la trama detrás de los miles de millones de dólares defraudados en operaciones vinculadas a unas 2.500 facturas bajo sospecha.

La información surge en momentos que una serie de empresas son investigadas en el caso, además de Frasim y Raúl Fuentes Quintanilla, las sociedades que inicialmente concentraron las irregularidades y las pesquisas.
Las nuevas firmas bajo sospecha son Tajamar, Waldo Pinto Gaete, Tecnometal Company del fallecido subteniente reservista Pedro Salinas e Inversiones Capellán de las hijas del propio Raúl Fuentes Quintanilla.

Un hecho interesante es que varias de estas compañías ingresaron los últimos tres años al registro de proveedores del Ejército, convirtiéndose rápidamente en el centro de las operaciones sospechosas.

Frasim, por ejemplo, fue constituida en 2012 y la empresa Tajamar S.A. fue ingresada al registro de proveedores recién el 26 de febrero de 2013, en una resolución firmada por el general de brigada Héctor Ureta, como comandante (s) de Apoyo a la Fuerza.

Esta sociedad emitió luego sus facturas 001, 004 y 007 al Ejército por 142 millones de pesos, que fueron pagados con cargo a la Ley Reservada del Cobre, en resoluciones en que aparecen las firmas de los coroneles Fernando Grossi, Enrique Bödecker y Carlos Risi, además del nombre del teniente coronel Gerardo Ruiz.
Las operaciones con Tajamar S.A. fueron efectuadas además a través de licitaciones privadas por “servicio de mantenimiento” como consta en las facturas.

DUDAS PENDIENTES

La fiscal Jofré, quien desde mayo tiene dedicación exclusiva al caso, aún no ha podido determinar quiénes estarían involucrados, además del coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz, detenidos en el penal Cordillera desde junio de 2014.

La fiscal tampoco ha podido verificar si estas defraudaciones con la Ley Reservada del Cobre perseguían otros fines, además del enriquecimiento personal. Por ejemplo, si estos fondos fueron desviados para apoyar a ex agentes de la CNI investigados o sancionados por la Justicia. O si fueron destinados eventualmente a campañas políticas, como temen bajo anonimato algunos oficiales de alto rango al interior del propio Ejército.

El Congreso tampoco ha dado señales de que conformará una comisión investigadora, como propusieron las bancadas de la Izquierda Ciudadana y el Partido Comunista. El resto de las bancadas, sin embargo, guardó estricto silencio, más allá de los reclamos que hicieron algunos diputados individualmente.

Otro tema que deja dudas es la actuación del exministro de Defensa Jorge Burgos, actual titular de Interior. El líder demócratacristiano supo en abril de 2014 de los hechos, pero recién en noviembre informó los ilícitos al SII y al Consejo de Defensa del Estado, en reuniones personales con sus máximos responsables. Para esa fecha ambos organismos ya participaban de la causa que investiga la fiscal Jofré.

Burgos, pese a que su ministerio estaba formalmente informado desde septiembre de que las operaciones sospechosas eran multimillonarias, demoró meses en pronunciarse. Ni el ministro ni sus asesores confirmaron si este avisó oportunamente los hechos a la presidenta Michelle Bachelet o si esta se informó de lo sucedido leyendo The Clinic.
Es difícil entender, dada la envergadura de los montos involucrados y la alta sensibilidad política de la Ley Reservada del Cobre, la demora en las reacciones.

No hay que olvidar que los ahorros acumulados, provenientes de la Ley Reservada del Cobre, bordean los 4.200 millones de dólares. Con esos fondos se podrían edificar y habilitar 30 hospitales nuevos, además de construir 34.000 casas de 1.000 UF que permitirían erradicar todos los campamentos del país.

Burgos, pese a la enorme magnitud de los recursos en juego, optó por la prudencia, aun cuando conocía al coronel Clovis Montero, otro de los detenidos del caso, desde el Club Providencia de Pocuro, donde ambos coincidieron habitualmente hasta el año 2014.

En los próximos días, el Tribunal Constitucional deberá decidir sobre la legalidad de que los mismos hechos sean investigados en paralelo por la justicia civil y militar, las que procesan por separado a los involucrados en estos desfalcos, dependiendo de si vestían o no uniforme al momento de los ilícitos.

Hasta ahora no sólo falta el dinero defraudado, sino también muchas explicaciones aún sin resolver. Los cabos siguen sueltos, muy sueltos.

SUELDOS Y BIENES

Una primera línea de investigación de la fiscal Jofré apunta a determinar los patrimonios de los oficiales que pasaron por la Tesorería del Ejército y el Comando de Apoyo a la Fuerza, está última la unidad responsable de recibir, procesar y autorizar los pagos con fondos de la Ley Reservada del Cobre.

Entre ellos aparece el tesorero del Ejército, el coronel Samuel Poblete, quien mantenía en 2013 un sueldo de 2.600.000, después de tres décadas en la institución. Antes de volver a Santiago para asumir la Tesorería de la institución, estuvo destinado a Coyhaique, donde vivió con su mujer, María Baldessari, y sus dos hijos.

Sus principales activos son una propiedad en Los Vilos y un departamento en Lo Barnechea, cuyo avalúo fiscal es de 51.000.000 de pesos. A ellos suma dos autos, un Chevrolet Spark y un Susuki Gran Nomade.

Poblete es quien detectó las irregularidades el 31 de marzo de 2014, cuando las sospechas apuntaban a operaciones fraudulentas por sólo 103 millones de pesos.

Antes de Poblete, en tanto, el tesorero del Ejército fue el coronel Carlos Frez, ya en retiro. Su sueldo ascendía a 2.200.000 pesos.

Las dudas mayores por cierto apuntan hacia el Comando de Apoyo a la Fuerza y en especial su Departamento de Planificación y Administración Financiera, la unidad donde trabajaba el cabo Juan Carlos Cruz, el hombre que está preso tras admitir su participación parcial en los hechos.

El coronel Fernando Grossi, superior del cabo Cruz, recibía en 2013 un sueldo de 2.900.000 pesos como jefe del Departamento de Planificación y Administración Financiera. Grossi, de 55 años, tiene un hijo de 27 y otro de 25 años.

Sus bienes incluyen un sitio eriazo en Limache y una vivienda en Puerto Varas. Su cónyuge, Isabel Carrasco, posee una casa en Limache, un departamento en Las Condes y una parcela también en Puerto Varas. También posee dos autos, un Fiat de 1981 y una Toyota 4Runner, según informó la PDI a la Justicia.

El teniente coronel Gerardo Ruíz, otro de los oficiales investigados por la fiscal Jofré, está casado con Sandra Múñoz, con quien tuvo tres hijos. ÉL posee un departamento en Concón y ella otro en Las Condes, en la avenida Apoquindo.

El coronel Milko Maturana, también investigado por la fiscal militar Paola Jofré, fue jefe del Departamento de Planificación y Administración Financiera en 2012. Recibía 2.000.000 de pesos de salario, según su declaración de intereses.

El cabo Juan Carlos Cruz, preso junto al coronel Clovis Montero en el penal Cordillera, gastó entre 2008 y 2014, unos 2.400 millones de pesos en los tragamonedas del casino Monticello. Algo así como 68 millones de pesos por cada uno de sus 33 años de vida. La mitad de los chilenos tardaría 20 años en ganar con su trabajo este último dinero. Cruz, además, formó una distribuidora de gas en el año 2009. Allí comenzaron los cinco años más abundantes de su vida, de la mano de Elizabeth Vega, su pareja, aún libre.

Con ella, el cabo Cruz vivió en San Bernardo, aunque posee un departamento en el paradero 22 de Vicuña Mackenna, cuyo avalúo fiscal es de 14.000.000 de pesos. Con Elizabeth poseían además tres autos Hyundai, modelos Elantra, Veloster y Santa Fé.

Otro de los investigados es Danilo Alarcón, un empleado civil del Comando de Apoyo a la Fuerza que era amigo de Cruz, tiene 54 años y vive cerca del Estadio Municipal de la Florida. Reside en una casa de avenida Santa Amalia con Margarita, su mujer, y sus tres hijos. También posee una casa en Puente Alto.

Otro de los investigados es Mario Barrientos que ya no trabaja en el Ejército, tras retirarse como coronel en enero de 2010. Hoy es un civil con un solvente patrimonio. Posee una casa en Los Vilos, un departamento en la comuna de Santiago y una vivienda en Huechuraba, con un avalúo fiscal de 47.000.000 de pesos.

El coronel Jorge Silva era jefe de mantenimiento cuando los hechos fueron descubiertos. Posee un amplio y lujoso departamento en Alonso de Córdova, además de un sitio eriazo en Los Ángeles. Su mujer, Francisca Rivas, es dueña de predios agrícolas en esta última zona.

El coronel Pedro Ferrer, otro investigado, a quien le falsificaron reiteradamente su firma, como comprobaron las pericias caligráficas de la Policía de Investigaciones, posee un departamento en calle Lord Cochrane en Santiago Centro.

Entre los civiles, las pruebas apuntaron desde un inicio a Francisco Huincahue y Raúl Fuentes Quintanilla. Luego se sumaron Waldo Pinto y el hoy fallecido Pedro Salinas.

Huincahue tiene 54 años y está casado con Beatriz Ruiz, siete años menor. Tuvieron tres hijos y uno murió, Felipe Javier. En 2012 constituyó Frasim, la empresa ubicada en Estación Central que se convirtió en proveedor clave en repuestos para autos militares. Ese año las millonarias defraudaciones con los fondos reservados del cobre ya estaban en marcha.

En tanto, Raúl Fuentes Quintanilla, desde cuya empresa salieron facturas falsas al Ejército, tiene 70 años, y cinco hijos de tres mujeres distintas. César y Katherine, sus hijos mayores, son socios suyos en la empresa de repuestos que creó en 2004.

Katherine y Nicole, sus hijas, conformaron en 2009 Inversiones Capellán, otra de las empresas sindicadas por defraudación con los fondos reservados del cobre. En esta sociedad, Raúl Fuentes Quintanilla figuraba como gerente al momento de los supuestos ilícitos.

El empresario no posee grandes propiedades, pero sí una decena de buses, como consta en los informes en poder de la fiscal Paola Jofré.