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Mediante un documento firmado el 27 de julio de 2015 por cuatro ministros de la Corte Suprema y tras seis meses de investigación, el comité creado por el Pleno del Máximo Tribunal para investigar la denuncia de exámenes truchos en la convalidación de alumnos de Derecho de la Universidad Central llegó a la conclusión de que no existían irregularidades y que ante las investigaciones paralelas que llevaba adelante el Ministerio de Educación y la Fiscalía Centro Norte la opinión era “desestimar la denuncia y disponer que se archiven los antecedentes”.

Tras completar un expediente de más de 700 páginas en ese tiempo, los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Carlos Cerda y la ministra Andrea Muñoz tomaron esa decisión un mes antes que se conociera el contenido del informe preliminar del Ministerio de Educación -de 103 páginas- sobre el mismo tema y que concluyó todo lo contrario: que en la U. Central “existió una política institucional, tendiente a simular o disimular hechos que no eran tales”, comprobando que el plantel indicaba que algunas cátedras habían sido cursadas y aprobadas en esa casa de estudios, en circunstancias que sólo habían sido convalidadas.

Pero el comité investigador de la Corte Suprema estaba integrado por dos ministros de la Corte -Muñoz y Künsemüller- que el 9 de febrero pasado ya habían votado en contra de iniciar una investigación por las presuntas anomalías en esa universidad, tal como muestra un documento al que tuvo acceso The Clinic Online (ver al final de la nota).

Tal como señala ese oficio, en aquella ocasión se acordó “encomendar una revisión de las titulaciones antedichas, con el voto en contra de los ministros señores Dolmestch, Künsemüller y Fuentes y señora Muñoz, quienes estuvieron por no disponerla”.

Su voto, sin embargo, no fue motivo para que ambos no quedaran fuera del comité que revisó la investigación. Y en el caso de Künsemüller, además, éste fue profesor en el Magíster de Derecho Penal en la Universidad Central al menos hasta el año 2013, pero no se inhabilitó ni para votar si se decidía investigar ni para ver la causa.

QUE SE ARCHIVE

En la resolución de la Corte -que se adjunta de forma íntegra- , el comité informa que se revisaron los antecedentes que se presentaron para posibilitar la titulación de cinco egresados de Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Chile, la denuncia realizada por la exprofesora de ese plantel Carolina Venegas León y la autodenuncia que interpuso la universidad ante la Fiscalía Centro Norte el 8 de mayo pasado.

Además, el comité requirió mediante un oficio del Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, antecedentes a la casa de estudios como la reglamentación para convalidaciones de asignaturas y las fichas de apertura de expedientes de titulación.

La resolución además señala que el pasado 1 de junio, la Universidad Central entregó los documentos de los alumnos solicitados por el tribuna, con excepción de los del egresado Danilo B.R., ya que éste no ostentaba el grado de licenciado y había sido “erróneamente mencionado por los denunciantes”.

“De acuerdo al mérito de la documentación aportada no se observa que existieran irregularidades en los procesos de titulación de las personas mencionadas y considerando que estos mismos hechos están siendo investigados por el Ministerio de Educación y por la Fiscalía Centro Norte del Ministerio Público, este Comité es de opinión de desestimar la denuncia y disponer que se archiven los antecedentes”, concluye el documento.

MINEDUC: “AFECTARON EL DERECHO A LA EDUCACIÓN”

La decisión del Máximo Tribunal se contrapone a la conclusión a la que llegó la abogada del Ministerio de Educación, Francisca Muñoz San Martín, quien en un documento fechado el 4 de septiembre de 2015 señala que la universidad “ha incumplido reiteradamente sus compromisos administrativos y académicos asumidos con los estudiantes”, tras comprobarse la denuncia de exámenes truchos.

Según el documento del Mineduc, “se indicaba que las cátedras habían sido cursadas y aprobadas en el plantel, en circunstancias que sólo habían sido convalidadas. Actas que se agregaban a los antecedentes que se remitían a la Corte Suprema, para la apertura de expedientes de juramento y que fueron suscritas por docentes, pese a que los exámenes no se rindieron allí, las comisiones no se constituyeron y las calificaciones fueron predefinidas. Todo ello, con el objeto que el máximo tribunal no objetara el juramento del egresado, al no haberse efectuado las convalidaciones correctamente”.

Además, el informe del ministerio señala que “ello incidió en el normal funcionamiento de la Escuela de Derecho, toda vez que ante estas situaciones irregulares acontecidas en la Universidad y ante los reclamos de los estudiantes frente a tres casos en que la Excma. Corte Suprema objetó el expediente de juramento de alumnos de esa Escuela, la institución debió revisar los antecedentes de cada uno de los estudiantes con asignaturas convalidadas, paralizando el proceso de licenciatura y de entrega de los antecedentes requeridos por los egresados para la apertura del expediente de juramento ante la Excma. Corte Suprema. En consecuencia, se advierte que tales hechos afectaron el derecho a la educación de decenas de estudiantes que han visto interrumpido su proceso de titulación”.

Ante estos hechos, el Mineduc decidió remitir la información al Fiscal Nacional.

Dicho documento incluye un cruce de datos de 19 egresados de Derecho de la Universidad Central escogidos aleatoriamente con el que se hizo un cuadro comparativo que cuenta con las actas de examinación (asignatura-fecha), el documento por el que el director de Escuela pide rectificación, la resolución rectificatoria de la Vicerrectoría General Académica y el historial académico.

Entre ellos aparece Danilo B.R. con un acta de validación de diciembre de 2003 por el ramo Historia del Derecho, con la comisión formada por Christian Merino -otro de los profesores denunciantes- y el ex decano Andrés Naudón Figueroa.

Según el documento, la universidad envió en esas carpetas 21 actas de examinación, de las cuales 20 fueron suscritas por Naudón como integrante de la Comisión. Naudón fue quien en enero pasado le señaló a este medio que no había delito en la Universidad Central sino que se estaba ante un ataque personal de los profesores denunciantes.

Además Naudón, luego de ser desvinculado de la universidad, interpuso una demanda de tutela laboral contra el plantel por “violación de derechos fundamentales” exigiendo el pago de 100 millones de pesos por daño moral. El pasado 8 de septiembre la defensa de Naudón presentó un recurso de nulidad ante el 2º Tribunal Laboral de Santiago después que el 28 de agosto se rechazara la demanda y se fallara a favor de la U. Central.

ACÁ LA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE LA CORTE SUPREMA: