Columna: Hora de definiciones en la Agenda de Transparencia

Durante la semana pasada se concretó un importante avance en el contexto de la Agenda de Probidad y Transparencia impulsada por el Gobierno: el Congreso aprobó el proyecto de ley sobre Probidad en la Función Pública. Lo anterior se constituye como un hito importante y como Fundación valoramos el progreso que esto significa. Sin embargo, el debate sigue en curso y quedan muchas cosas por mejorar.

Uno de los proyectos más relevantes es el relativo al Fortalecimiento de la Transparencia y Democracia -que será discutido en extenso por la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado este martes 22 de septiembre- y que regula importantes aspectos de nuestra institucionalidad política, tales como: campañas electorales, financiamiento de los partidos políticos y fiscalización.

En términos de avance, el proyecto contempla regular, entre otros cosas: un nuevo concepto de gasto y propaganda electoral; establecer límites más bajos al gasto en campañas; prohibir el aporte de empresas a campañas electorales y partidos políticos; terminar con los aportes reservados y hace públicos la identidad de los donantes personas naturales a dichas campañas y partidos; etcétera. Sin embargo, existen aspectos preocupantes que deben ser abordados con urgencia:

1. Distribución del financiamiento público a los partidos políticos. En la regulación actual del proyecto –teniendo en cuenta las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo- se establece que el fondo para el aporte público a los partidos políticos estará divido en dos partes: un 20% será repartido entre todos los partidos que cumplan con la normativa legal en proporción al número de regiones en que estén legalmente constituidos. El 80% restante será repartido entre los partidos políticos que cuenten con representación parlamentaria en proporción al número de votos que cada uno de ellos haya recibido en la última elección de diputados.
Esta regulación nos parece injusta; favorece de forma desproporcionada a los partidos más grandes y consolidados, dejando en desventaja a aquellos que, cumpliendo con la normativa legal, se encuentra en un proceso de formación o crecimiento. De esta forma, el predominio y ventaja comparativa de ciertos partidos se va consolidando de una elección a otra, impidiendo que nuevos actores accedan a los medios que les permitan darse a conocer a la ciudadanía, formar a nuevos dirigentes y expandirse a lo largo del territorio nacional, entre otras tareas. Es injusta, además, porque el fondo se constituirá en razón de los votos que reciban candidatos de todos los partidos políticos legalmente constituidos (0,04 UF x voto), obtengan o no representación parlamentaria. Entonces, el fondo se constituye mediante el esfuerzo de todos lo partidos (todos ellos hacen campañas y buscan encantar al electorado), pero la mayoría de sus recursos se los llevan sólo aquellos que resultan ganadores.

Lo que proponemos es que exista un aporte basal a los partidos políticos (20%) del fondo repartido en proporción a las regiones en las que estén constituidos y un aporte variable (80%) en proporción a votos que éstos obtengan en las últimas elecciones. De esta forma se le da un efecto concreto y valoriza de forma equitativa toda preferencia ciudadana, resulte vencedora o no.

2. Reinscripción real de todos los militantes o afiliados a partidos políticos: La forma en que se pretende dar cumplimiento a la promesa presidencial de reinscribir a todos los militantes de los partidos no es acorde al espíritu de la misma. La reinscripción propuesta en el proyecto de ley que estamos analizando es parcial y permite que se concrete mediante la participación de los militantes en las próximas elecciones internas de los partidos. Los mecanismos no aseguran una solución de fondo al problema que se pretende solucionar, ya que en dichas elecciones participarán el mismo padrón de electores que es controlado –en algunos casos- por los caudillos internos. De esa forma, la solución propuesta reproduce el problema, no lo resuelve.

Desde Ciudadano Inteligente, proponemos que se dé cumplimiento literal a la propuesta del Consejo para la Probidad y Transparencia y se exija la reinscripción de todos los militantes mediante un proceso llevado a cabo exclusivamente para dicho efecto.

3. Fortalecimiento del Servel. Si lo anterior y todos los demás aspectos positivos que se contemplan en el proyecto se aprueban, no servirán de nada si no se cuenta con mecanismos y órganos que tengan la capacidad institucional, material, técnica y humana para fiscalizar el cumplimiento de la ley. Con un Servel sin dientes, no hay reforma a la política.

Necesitamos contar con una dotación funcionaria y presupuestaria suficiente, que permita que el Servel se despliegue en terreno –especialmente en periodo electoral- para ejercer el debido control sobre el cumplimiento de las normas de límite al gasto y propaganda electoral establecidas en el proyecto. Se deben introducir mecanismos que garanticen un presupuesto suficiente y estable. Además, es necesario contar con una rama fiscalizadora y acusadora claramente independiente de aquellas encargadas de sustanciar los procesos sancionatorios. Lo anterior permite que se respete los principios del debido proceso en instancias persecutoras, con los correspondientes resguardos que garanticen la imparcialidad de los órganos sancionadores y el derecho a defensa de los acusados. Por último, consideramos preocupante que se derogue la prohibición de que Ministros, Subsecretarios, Intendentes y Gobernadores puedan desempeñarse como consejeros del Servicio, ya que se debilitan los límites entre el sujeto fiscalizador y el fiscalizado. Al respecto, compartimos la propuesta del Consejo Asesor Presidencial que sugiere hacer partícipe a la Alta Dirección Pública en el proceso de selección y nominación de los consejeros.

En resumen, el proceso de reformas ha mostrado avances importantes, pero aún queda mucho por hacer. La sesión de hoy martes 22 en el Senado es una oportunidad crucial para abordar y perfeccionar los aspectos que hemos comentado, todo esto para dotarnos de una democracia más participativa, transparente y proba, que sea capaz de conquistar la confianza de la ciudadanía.

*Octavio Del Favero es Coordinador Legislativo de la Fundación Ciudadano Inteligente.