Informe revela que sin recursos extras se puede cubrir gratuidad para 2016 y fortalecer la educación pública

Sin un peso extra y sin crisis económica, reforma a la educación pública. Esa es la conclusión a la que llegaron en la Fundación Nodo XXI con un estudio sobre la asignación de recursos para Educación por parte del Estado, que será liberado próximamente.

El documento de la fundación ligada a la Izquierda Autónoma fue elaborado con la proyección de recursos estatales entregado al mercado educativo por conceptos como Aporte Fiscal Indirecto, recargas al Crédito con Aval del Estado (CAE), subsidio nacional al CAE (Ley 20.634), nuevas asignaciones de CAE y becas de arancel a instituciones de educación superior investigadas por lucro o con fines de lucro para 2016.

Un estudio que demuestra que más allá de una desaceleración económica o la traba de moda que implique destinar plata directa a las instituciones públicas que entregan educación terciaria, es una mera discusión de voluntad política y un problema de administración de recursos, al menos para iniciar un proceso largo de reformas.

Según el presidente de la Fundación, Carlos Ruiz Encina, “hay un problema de que no existe un compromiso real para reconstruir la educación pública. Partamos de la base: la sociedad demandó educación pública, gratuita y de calidad. Y ante ese tema, que implica inyectar recursos a la educación pública”.

El informe señala que “si es que Chile mantuviese inalterados y sin discusión los mismos patrones que ha sostenido en el período histórico reciente en materia de gasto público en educación, para el año 2016 nuestro país podría destinar cifras superiores a los 216 mil millones de pesos de todos los chilenos para becas y créditos a instituciones que lucran y por la obtención de los estudiantes con los mejores puntajes PSU”.

Según los datos entregados, la cifra destinada al subsidio del mercado duplica el fondo destinado por la ley de presupuesto vigente al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y podría financiar la totalidad del costo de la política de gratuidad para el año 2016.

Uno de los puntos abordados analiza la “gratuidad” de la educación superior para el 2016 propuesta por el gobierno. “El primer anuncio concreto formulado durante este año 2015 por el hoy ex Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, planteaba un costo estimado para iniciar la implementación de la gratuidad ‘entre 400 y 500 millones de dólares’. La cifra estimada en este trabajo, de $216.682.924 miles de pesos, equivale a la fecha a US$ 303.356.094 dólares. Es decir, los recursos que hoy se utilizan para subsidiar al mercado en educación superior, permitirían cubrir entre un 60% y un 80% de los dineros anunciados por el ex titular de Educación. Sin embargo, recientemente se ha anunciado una disminución de 91 millones de pesos para la gratuidad, destinándose US$ 300.000.000 dólares. Dicho cambio implicaría que con la cifra aquí estimada se podría cubrir por completo la gratuidad para el año 2016″.

Otro de los ejemplos abordados en el estudio es el presupuesto de tres Universidades estatales de regiones. Si se toma como referencia los presupuestos totales 2015 de las Universidades de Valparaíso, Talca y Antofagasta, estos arrojan una suma de $216.552.821 miles de pesos. En otras palabras, con los recursos que hoy benefician a la banca y al mercado educativo en general, se podría financiar el presupuesto completo de tres universidades estatales regionales, lo que sería expresivo de una voluntad de dar pasos decididos hacia la construcción de una nueva educación pública.

En ese sentido, el documento demuestra que se cuenta con los recursos disponibles para comenzar una reforma, “la pregunta entonces es qué Reforma se quiere empujar. Con los recursos que se evidencian el Estado puede seguir incentivando la expansión de la matrícula a instituciones que deliberadamente hacen negocios con la educación, junto con seguir condenando a miles de estudiantes a una deficiente educación. O la alternativa que nuestro análisis sugiere: redestinar dichos recursos para el apoyo a las instituciones públicas, mayoritariamente estatales, interrumpiendo las lógicas actuales de financiamiento. La decisión que se adopte no está condicionada por una inyección de recursos adicionales, bastaría con un crecimiento promedio del gasto público en educación en los últimos años”.

El sociólogo justamente lo que ocurre hoy es que están dando pasos para fortalecer la educación de mercado, en detrimento de la educación pública. “Con los mismos recursos que existen con la ampliación de presupuestos sustantivos que se han dado en los últimos años, es posible empezar a reconstruir la educación pública y no se toma ninguna decisión en esa línea. Es un debate eludido”.

El académico dice que se ha eludido la discusión de diversas formas. “Primero con el tema del copago, de los arriendos, después de la matizar el lucro y todas esas discusiones no abordan el tema en sí. Entonces, sistemáticamente la educación pública se ha sacado del foco y ahora, la razón de turno es la crisis económica”, dice.

Ruiz agrega que en términos prácticos “se apuesta por meterle plata a la demanda, que es pasarle plata a las familias con voucher, becas. Cuando lo que habría que financiar es la oferta, que son las instituciones donde hay que reconstruir, preparar y hacer todo para recuperar la educación pública. Eso además de ir escalonádamente bajando los precios y tener un plan de desarrollo y avanzar hacia la gratuidad”.