La campaña del terror contra los trabajadores que fuman marihuana

En los cinco años que Eduardo llevaba trabajando en el Hospital de Carabineros como asistente de esterilización, nunca nadie le había pedido hacerse un test de orina para saber si consumía drogas. Eso, hasta que a mediados de 2006, el nuevo director lo obligó: “Si alguien se negaba sería despedido inmediatamente”, recuerda Eduardo.

La noche previa a la reunión, Eduardo se había fumado un pito de marihuana en su casa. Tenía la certeza de que saldría positivo y que luego lo despedirían, pese a que no era estrictamente un carabinero, sino que un civil que trabajaba para la institución. En la desesperación creyó que si diluía su orina en agua tal vez podría pasar el test. Lo hizo, pero no le resultó.

Una semana después, los resultados arrojaron lo inevitable, sin embargo, no lo echaron inmediatamente. Antes que él, fueron despedidos dos funcionarios de carabineros con casi 20 años de servicio, uno por cocaína y otro por marihuana. Un mes después fue citado a una reunión con el jefe de personal: “Me dijeron: hagámosla cortita, o renuncias y te vas por la puerta ancha, o la hacemos difícil y nosotros nos encargamos de cerrarte todas las puertas”, recuerda Eduardo que le dijeron. Él optó por el camino difícil y el 8 de septiembre de 2006 se querelló por despido injustificado. “Yo consumo marihuana habitualmente desde los 16 años. Lo hago responsablemente, no tengo ningún problema en eso, porque nunca lo he hecho en horario laboral. Por eso encontré injusta la medida”, cuenta.

Luego de un par de meses de investigación, los abogados de Carabineros le pasaron el caso al Consejo de Defensa del Estado, que argumentó que Eduardo debía regirse por las mismas normas que los funcionarios policiales. La institución ganó el juicio. Su abogado, sin embargo, revirtió el falló en la Corte de Apelaciones. A los jueces les explicó que era incongruente que para efectos contractuales su cliente fuera considerado un civil, y que en materia de comportamiento fuese tomado como un policía. Le pagaron una indemnización de casi ocho millones de pesos y su caso sentó un precedente en el recinto de salud: nunca más se hicieron controles masivos y obligatorios sin la orden expresa de la Contraloría.

La práctica, que en ese entonces era propia de las instituciones armadas, pronto comenzaría a extenderse a empresas privadas en Chile. En el horizonte apareció el restrictivo modelo antidrogas de Estados Unidos.

TRABAJO SIN DROGAS

En 1980, al comienzo de la Guerra Irán-Irak, los militares estadounidenses contestaron una encuesta para calcular cuántos de ellos consumían drogas ilegales: un 27% admitió haberlo hecho en el mes anterior. El Ejército inició, entonces, un programa de testeos que en ocho años logró reducir esa cifra en 80%.

Maravillado por la respuesta de sus soldados, el presidente Ronald Reagan ordenó en 1986 que se instauraran lugares de trabajo libres de drogas en todos los órganos federales, pensando en que sirvieran de ejemplo para la empresa privada. La orden fue exigir que los empleados se abstuvieran de consumir drogas no solamente dentro del trabajo, sino también en su tiempo libre. El programa incluía instancias de asistencia, capacitación de supervisores para que intervinieran ante el uso de drogas y pruebas de control para identificar a aquellos que violaran la política. La medida permitía a los jefes pedir análisis de orina cuando llegaran nuevos postulantes, después de un accidente laboral, por alguna ‘sospecha razonable’ y también de forma aleatoria. Si se negaban, los trabajadores podían ser removidos del servicio.

Ese mismo año, Harold Green, dueño de la empresa de pavimentación Laurel, se convirtió en el primer empresario en aplicar la política de Reagan en el mundo privado. Todo empezó luego de un confuso accidente, cuando uno de sus camiones volcó y cayó a un río. Al recuperar la máquina encontraron dentro una lata de cerveza vacía y un cigarro de marihuana a medio fumar. Una semana después, otro empleado le rompió el tobillo a un compañero con su tractor. El trabajador no pasó el test de drogas y Green endureció su política: empezó a pedir un test cada vez que contrataba a alguien. La idea de un ambiente laboral libre de drogas se masificó con rapidez entre los empresarios. Surgió, entonces, una industria en torno al testeo.

Hoffmann-La Roche, los creadores del Valium, la primera versión del diazepam, tuvieron el primer convenio con el Pentágono. Fueron contratados para examinar a los veteranos que volvían de Vietnam, y después iniciaron una campaña mediática para movilizar a las empresas estadounidenses a enfrentar el problema de las drogas. Lo llamaron “Iniciativas Corporativas para un lugar de trabajo libre de drogas”. El imperio de Hoffmann-La Roche dio paso a nuevos actores y hoy son otros los líderes del mercado, entre ellos la Asociación de la Industria de Pruebas de Drogas y Alcohol (DATIA), fundada en 1995, y que según la revista Forbes, emplea a lobbistas a nivel mundial para impedir la despenalización de la marihuana y ampliar el uso de los test. Hace algunos años, DATIA encontró un socio en Chile: Patricio Labatut.

GLOBAL PARTNERS

2 de junio de 2015. Patricio Labatut, dueño de la empresa Global Partners, está en el Trump National Doral, un resort de lujo en Miami de la cadena del actual precandidato presidencial Donald Trump. Frente a él está Jack Sims, el fundador y gerente de Tiger Nuts, la agencia de marketing más grande de Estados Unidos. Dirige su discurso a los cientos de asistentes que viajaron a la conferencia anual de DATIA, la empresa líder en el control de drogas a nivel mundial. Labatut escucha con atención. En seis horas más estará en un panel junto a cuatro expertos internacionales en detección de drogas. Hablarán durante una hora de la experiencia de cada uno implementando políticas antidrogas en sus propios países y luego todos se irán a una fiesta en la piscina del resort. Habrá comida y música bailable, todo tal cual anuncia el folleto del evento: una oportunidad única para hacer nuevos contactos laborales y tentativos negocios.
Hace once años que Labatut entró a Global Partners, la empresa que entonces dirigía su padre Patricio Labatut Pérez. En el 2006, junto a su hermano, se hicieron cargo del negocio. Para entonces, la compañía llevaba seis años en el mercado del control de drogas en los ambientes laborales, transformándose en pionera del rubro en Chile. Ofrecían productos para medir el consumo y, además, políticas empresariales para lograr “lugares de trabajo libres de alcohol y droga”, o Drug Free Workplace, como se conoce internacionalmente al concepto acuñado por EE.UU. En su página web hablan de dos objetivos: mantener ambientes seguros y libres de accidentes laborales y potenciar el capital humano de las empresas. Hoy, con la ayuda de sus socios DATIA, se han convertido en líderes del mercado local.

En el 2014 Global Partners pasó a ser una sociedad por acciones y les prometieron a sus inversionistas una rentabilidad sostenida. Desde entonces, han expandido su mercado. Tienen clientes en las más diversas industrias: minería, construcción, servicios, transporte, y manufactura. Entre las compañías más importantes destacan: Anglo American, BHP Billiton, Antofagasta Minerals, Besalco, Sigdo Koppers, Embotelladora Andina, Aes Gener, BTG Pactual, Banco Estado, Universidad Católica, Cencosud, Gildemeister, y Sky Airline. También han hecho negocios con diferentes instituciones del Estado, entre ellas el Instituto de Seguridad Laboral, las Fuerzas Armadas y el Senda. A fines de abril de este año, por ejemplo, Global Partners se adjudicó la licitación de las 52 mil unidades de test de drogas que compró Carabineros para controlar a sus funcionarios. Cobraron 109 millones de pesos.

La discusión sobre la legalización del autocultivo de marihuana para el consumo privado abrió para Global Partners una oportunidad única de seguir ampliando su mercado. El 4 de noviembre del año pasado, Patricio Labatut acudió a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a exponer sobre los efectos colaterales del consumo de marihuana en los ambientes laborales. Comenzó recitando una serie de cifras aterradoras: el 29,4% de los accidentes laborales son causados por el consumo de drogas, hay 90 mil personas internadas por consumo al año, y el 10% de los trabajadores da positivo en un test. Labatut les explicó a los parlamentarios el origen de la experiencia de Estados Unidos y la política de Reagan, la fuente de inspiración de su negocio: “El 4 de enero de 1987 hubo un choque de trenes en Maryland, donde habían 660 pasajeros, de los cuales 16 murieron y 64 quedaron heridos. La causa fue que el ingeniero y el maquinista habían estado fumando marihuana previo a subirse a los trenes… Ustedes, ¿dejarían que su hijo se subiera a un bus escolar sabiendo que la persona que estaba conduciendo consumió marihuana antes de subirse?”, les preguntó.

TEST ILEGALES
Desde que la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto a comienzos de julio pasado, Patricio Labatut ha escrito innumerables cartas a diarios y revistas especializadas, y se ha paseado por varios programas de radio y televisión. El contenido de su discurso siempre es el mismo: promover el control de las drogas en el trabajo, su negocio.

Médicos e investigadores de todo el mundo, sin embargo, se han opuesto a la política que defiende. Desde la Universidad Northwestern han explicado que si el uso de drogas es perjudicial por un tema de productividad, el foco está mal puesto. Argumentan que el efecto de las drogas es menos importante de estudiar que el impacto que provoca en el rendimiento el trabajo nocturno y el exceso de carga laboral. Por otro lado, el académico de la Universidad Estatal de Nueva York Michael Frone explica en su libro “El uso del alcohol y las drogas ilícitas en la fuerza laboral y el lugar de trabajo”, que no hay ninguna prueba de que los test de drogas reduzcan el consumo. Argumenta que el efecto disuasivo más fuerte podría ser que los usuarios optaran por no trabajar para empresas que los pondrán a prueba o simplemente dejar de consumir algunos días antes.

En Chile, el negocio de Labatut también se ha ganado enemigos. Para quienes defienden la legalización, el negocio de Global Partners podría poner en jaque las libertades que pretende resguardar la modificación a la ley 20.000. Más aún, cuando los test de droga se están comenzando a aplicar para entrevistas de trabajo, donde lo que se busca no es saber si la persona está bajo los efectos de la droga en el desempeño de sus funciones, sino simplemente si las consume. Bajo estos parámetros, la nueva ley podría ser letra muerta: “Me parece una intervención que va más allá de la legalidad. La ley permite el consumo de todas estas sustancias y no se puede discriminar laboralmente a una persona por el tipo de drogas que consume. Muchas veces los narcotest salen positivos, incluso si consumiste el fin de semana. Yo haría un llamado a los trabajadores para que consideren que esto es una ilegalidad”, explica el doctor Sergio Sánchez, asesor de políticas de drogas del Colegio Médico.

Para Claudio Venegas, director de la Revista Cáñamo, la discusión sobre los test de drogas es algo que necesariamente se debe dar, se apruebe o no el autocultivo. El negocio de Labatut, explica, es solo una campaña del terror que fomenta sus utilidades: “Ellos están metiendo miedo de que aquí se viene la debacle y lamentablemente hay gente que vive de que otras personas le teman a esto. No entiendo por qué les preocupa qué va a pasar cuando cambie la ley. Para ellos el tema es meter el test, porque la prohibición no solamente alimenta el narcotráfico, sino que también a las empresas de rehabilitación, a las clínicas, y a quienes se dedican al testeo. Lo curioso de esta lógica es que cuando te muestran horrorizados las cifras del consumo de los trabajadores, no se hacen cargo de su propio fracaso, porque esos números han sido generados por el modelo que defienden”, argumenta.

Hasta el cierre de esta edición, intentamos comunicarnos con Patricio Labatut, pero no contestó nuestros llamados, ni tampoco respondió un cuestionario que le hicimos llegar.