Senadores investigados por platas políticas apuestan a que Abbott sería un persecutor “prudente”

-Es un hombre prudente y lo mejor es que odia las filtraciones, así es que yo al menos estoy tranquilo y casi contento-, comenta un senador implicado en el caso Penta-SQM al referirse a la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de nominar a Jorge Abbott como Fiscal Nacional, postulación que debe ser ratificada por la Cámara Alta que hoy está sorprendida y dividida por la decisión de la jefa de Estado, que optó por el nombre con menos apoyos en el Parlamento.

De hecho, The Clinic Online pudo constatar críticas a Bachelet -principalmente en el PPD y la DC- que radican, explica un senador de la Nueva Mayoría, en que envió a los ministro Jorge Burgos y Javiera Blanco a consultar la opinión de la Cámara Alta para luego “hacer lo que le dio la gana”. Un representante de la Alianza agrega al respecto que, más allá de las cualidades de Abbott, entre la quina propuesta por la Corte Suprema, sondeada con los parlamentarios, Abbott ocupó el último lugar de preferencias, pese a lo cual es su nombre el que será votado, como si el Senado fuera “un buzón”.

Si bien, esta es la opinión generalizada en el Parlamento, entre quienes tienen temas pendientes con Fiscalía, ya sea directamente o a través de terceros, hay calma.

Los complicados son Jorge Pizarro, Ena Von Baer, Iván Moreira y Fulvio Rossi, por la causa Penta-SQM; Jaime Orpis, por Corpesca; Eugenio Tuma por anomalías en el uso de asignaciones parlamentarias; y Carlos Bianchi por irregularidades en el arriendo de la sede. De ellos, sólo Bianchi está legalmente inhabilitado para sufragar en esta nominación, mientras que Moreira y Rossi ya anunciaron que se abstendrán, y Pizarro baraja esta alternativa, aunque votaría si faltan votos para Abbott.

The Clinic Online se contactó con estos siete senadores y de ellos, cuatro accedieron a conversar en off sobre su percepción de Abbott.

Uno de los senadores de la Alianza fue especialmente optimista. Adujo que se trata de un profesional que “da garantías de conducir los procesos de forma adecuada, sin perjudicar o beneficiar a ningún sector”. “Yo votaría por él, pero hay que ver qué dice el partido”, plantea.

El optimismo de algunos en la Alianza quedó de manifiesto ayer cuando se conoció a través de El Mercurio las posibilidades de que algunos parlamentarios y ex parlamentarios que hoy están siendo investigados por la fiscalía podrían alcanzar acuerdos que se basarían en una suspensión condicional de los procedimientos. Algo que algunos en la UDI lo leyeron como una señal de Sabas Chahuán.

Otro legislador del oficialismo acota que “claramente no era el candidato de nuestro sector, se manifestó así, pero me parece que es una persona razonable que no tiene intenciones de ser candidato a algo y que por ende conducirá los temas de acuerdo a lo que dice la ley”. Este parlamentario sostuvo que su voto estaría disponible para el brazo derecho de Sabas Chahuán porque considera que “no creará falsas realidades en la opinión pública, diciendo que ciertas faltas, reconocidas como tal, son delitos”.

Otro parlamentario, arguyó que creía que Abbott “no va a echar tierra sobre los casos investigados, pero por su forma de proceder va a ser cauteloso y no buscará lucirse ni crear expectativas innecesarias respecto de sus investigaciones”.

El cuarto consultado manifestó que desconocía la trayectoria de Abbott y que no sabía si lo apoyaría o no, pero que esperaba que “no toda su gestión se concentre en los casos políticos y ordene la Fiscalía para combatir la delincuencia”.

ABBOTT Y LOS POLÍTICOS

Abbott, abogado de la Universidad de Valparaíso, fue militante DC y del Mapu en su juventud y hoy es el director ejecutivo del Ministerio Público.

Según indica su currículo, fue Subdirector General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso (1988 a 1990); Director General Subrogante del organismo (1988 a 1990), y Director oficial de esta entidad desde 1992 hasta 2002. En ese año ingresó al Ministerio Público como Fiscal Regional de la Región de Valparaíso hasta 2010, tiempo en el que además debió subrogar en reiteradas oportunidades al Fiscal Nacional.

El proceder de Abbott respecto de los líos políticos ha sido oscilante. En octubre de 2010, la diputada Claudia Nogueira (UDI) llegó a un acuerdo extrajudicial, por el que pagó $30 millones, tras un juicio por triangulación de dineros destinados a asesorías.

El exdiputado RN, Maximiano Errázuriz, llegó, por la investigación que inició Abbott por delitos fraude al fisco reiterado y uso malicioso de instrumento privado en el uso de asignaciones para el arriendo de sedes, a un juicio abreviado que terminó con un fallo condenatorio.

Al exsenador Hosaín Sabag y su hijo diputado, Jorge, Abbott le mostró los dientes, sin éxito, en el año 2009. La indagatoría apuntó a que Jorge utilizó fondos de la Cámara de Diputados para arriendo de sedes distritales a una sociedad de sus padres que administraba un hermano. El juicio concluyó con los Sabag sobreseídos.

En 2012, en tanto, presentó un recurso contra Google por “ofensas a la honra”. En el buscador aparecía como “corrupto”. La PDI encontró a los culpables y Google debió eliminar los links que lo atacaban.

LOS SENADORES INVESTIGADOS

Jorge Pizarro
Semanas después que el senador Pizarro ganara la presidencia de la DC, a principios de abril, el SII realizó una segunda denuncia por SQM, que incluyó entre las facturas y boletas de honorarios ideológicamente falsas a Ventus Consulting S.A, empresa de sus hijos, Sebastián, Jorge y Benjamín Pizarro. La consultora emitió 11 boletas por 45 millones de pesos entre 2011 y 2012.

Tras la defensa a sus hijos, que le costó varias críticas de parlamentarios de su partido -al punto que se habló que no debía asumir la testera de la DC-, el 8 de abril, el hijo del senador, Sebastián Pizarro Cristi, declaró ante el SII que no tenía respaldo de los trabajos prestados a la minera, porque se trató de “asesorías verbales”.

El 8 de junio, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella contra el senador que interpuso la fundación Ciudadano Inteligente por el delito de cohecho. Esto a raíz de la presunta vinculación de las boletas emitidas por Ventus con el financiamiento irregular de campañas políticas.

El senador aclaró que quizás se abstenga, siempre y cuando no falten votos para Abbott, de lo contrario votará.

Jaime Orpis

En medio de la indagatoria a Corpesca por el caso de Marta Isasi, el ex gerente general de la pesquera, Francisco Mujica, declaró que el senador Orpis recibía aportes mensuales de la empresa.

Según la declaración de Mujica, fue el propio Orpis el que propuso el mecanismo de pago a través de boletas idelógicamente falsas emitidas por sus asesores y familiares de éstos. En total, el senador recibió de la pesquera $230 millones entre 2009 y 2013.

El senador reconoció los aportes de la pesquera, pero negó haber cometido un delito y dijo que su actuación en el Congreso no estuvo influenciada por los intereses de Corpesca.

El diputado Hugo Gutiérrez interpuso una querella en contra de Orpis, al igual que la Fundación Ciudadano Inteligente y ahora último, el CDE.

Iván Moreira
El senador de la UDI fue formalizado el 22 de junio por delito tributario. Esto debido a la emisión de boletas idelógicamente falsas de su pareja y el chófer del senador a empresas Penta por $38 millones de pesos. Luego de filtrarse mails en que le solicitaba a Hugo Bravo dinero para financiar su campaña, fue el único que reconoció su participación en los hechos y pidió públicamente disculpas.

Al igual que el senador Rossi, se abstendrá de la votación para confirmar al Fiscal Nacional.

Fulvio Rossi
Según la investigación de la Fiscalía, 3 ex colaboradores del senador, habrían emitido boletas falsas a SQM. Mariela Molina con una boleta por 4.444.444; María Valentina Martínez con una por 4.444.444 y otra por 2.225.775; René Madariaga con boletas por 17.777.766.

Además, el 1 de septiembre se filtró un mail en que el senador le solicitaba a Patricio Contesse financiamiento para 32 concejales de su zona.

Después de la recomendación de la Presidente del PS, Isabel Allende, Fulvio Rossi decidió no votar en la elección del Fiscal Nacional.

Ena Von Baer

Cuando recién estalló el caso Penta, la senadora por la región de Los Ríos, Ena Von Baer, negó haber solicitado recursos para su campaña a los dueños de holding. Sin embargo, posteriormente se hicieron públicos correos electrónicos donde solicitaba fondos para pagar una deuda de campaña de 100 millones de pesos. Además, la declaración de Hugo Bravo la mencionó como una de las políticas que recibía aportes de manera irregular a través de Jovino Novoa. Acogiéndose en su fuero parlamentario, el 9 de abril declaró ante el fiscal Sabas Chahúan en las oficinas de sus abogados.

Eugenio Tuma

El senador es investigado por el delito de fraude al fisco debido a irregularidades en el uso de sus asignaciones parlamentarias, según denunció su ex jefa de gabinete, Claudia López Molina.

El CDE se querelló por la confección de propaganda electoral, a favor de Ana Llao, candidata a concejal de la Conadi, con un costo de 665 mil, que fue ingresada en el ítem “gastos de oficina” del parlamentario. Además, la querella lo acusa de pagar dos sueldos a Yenny Cifuentes por 444 mil con la instrucción de ser entregados a la candidata a la Conadi.

Según La Segunda, existe otro pago cuestionado de más de 500 mil pesos al ingeniero forestal Carlos Castillo Torres, contratado como “personal de apoyo”, que según el ente regulador, cumplía funciones de administrador de la empresa forestal Monte Raíces, de propiedad del senador.

Por último, entre marzo 2010 y junio de 2012, habría pasado varias boletas y facturas de especies y servicios sin relación alguna con labor parlamentaria, muchos de ellos adquiridos por sus familiares, y por ellas se reembolsó a lo menos la suma de $2 millones 698 mil.

Carlos Bianqui

El senador está desaforado y siendo investigado por fraude al fisco y negociación incompatible por el arriendo de una sede parlamentaria, ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto 824-A, propiedad de la familia de su esposa a precios inflados. La oficina de 33 metros cuadrados era alquilada por un millón 298 pesos mensuales con dineros de la asignación parlamentaria.