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Menos del 1% de los casos (0,48% para ser exactos) de denuncias de torturas y apremios ilegítimos realizados por uniformados termina en condenas efectivas. Esa fue la cifra a la que llegaron los investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) en su último informe, revelado ayer en la tarde.

Así se constata en el “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2015”, que estudió este fenómeno desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal en el país (año 2000) en adelante y que escarbó en las cifras de los dos tipos de torturas: la judicial, practicada por funcionarios ligados al sistema de justicia criminal, como fiscales y policías; y la practicada por miembros de Gendarmería, que preferentemente adopta una forma de castigo, suplicio o represión.

Un documento elaborado con cifras públicas tanto de apremios ilegítimos contenidos en el Código Penal y Justicia Militar, sentencias condenatorias e informes que relatan de conductas como tratos crueles, inhumanos y degradantes contra civiles.

Tortura pos dictadura

El informe señala que desde la aplicación de la Reforma Procesal Penal las denuncias sobre maltrato o torturas de policías o gendarmes fueron disminuyendo en los primeros años. La aplicación de mayores y mejores controles, sanciones e informes de los policías pedidos por los jueces, mayor rapidez -antes del cambio judicial un imputado podía estar hasta cinco días privado de libertad- y las propias confesiones de detenidos ante los jueces ayudaron a bajar los índices.

Sin embargo, al poco tiempo hubo un resurgimiento de las torturas en el sistema reformado y aumentaron progresivamente. Según la información proporcionada por el Ministerio Público, los casos de “Tormentos y apremios ilegítimos (Artículo 150A Código Penal) pasaron de ser 13 en 2006 a 59 en el 2010 y finalmente 186 el año 2014. Es decir, un aumento de casi 14 veces.

Algo similar ocurre en las denuncias por “violencias innecesarias” del Código de Justicia Militar desde el año 2004 al 2011. En el año inicial ingresaron 675 casos y en 2011 llegó a 1.797 denuncias.

El problema es que todos los actores reconocen en esto una especie de cultura del maltrato, en el que los apremios leves suelen ser una cuestión general. “Los casos de violencia excesiva y tortura tienden a concentrarse en grupos vulnerables como los menores de edad o en contextos de vulnerabilidad, como en las protestas sociales, en las cárceles, en zonas relacionadas con el ‘conflicto mapuche’ y también en pasos fronterizos sobre los inmigrantes”, dice el documento.

Entre los factores que podrían explicar el fenómeno, el estudio menciona las críticas realizadas desde el año 2007 hacia el sistema justicia criminal. Se decía que el sistema era muy “blando” y que sólo la policía se encargaba de hacer su trabajo, por lo que un proyecto de ley llamado “Agenda Corta Antidelincuencia” (Ley 20.253, del año año 2008) le concedió mayores atribuciones a la policía durante las detenciones.

“Eso es un fenómeno bien interesante en el sentido de qué es lo que pasa si una institución de siente más segura y de repente al parecer se pone menos restrictiva en el ejercicio de su poder. A partir de ese fenómeno se estudia la tortura hoy”, dice la directora del centro, Judith Schönsteiner.

Esa situación aumentó con las protestas sociales que se intensificaron desde el año 2011 en adelante. Las cifras así lo demuestran: las denuncias aumentaron un 50% desde 2011 a 2014, según las cifras de instituciones como informes del INDH, Amnistía Internacional, Human Rights y la misma UDP.

“Observando la sociedad, especialmente las cárceles y la detención por Carabineros, nos damos cuenta que hay más denuncias por torturas y abusos y esto se duplicó entre 2011 y 2014. Y al mismo tiempo los medios de comunicación reportan mucho más fuerte, el INDH se hace más fuerte, pero al mismo tiempo tenemos una aumento de solo un 17% en el mismo lapso de tiempo en casos que se concluyen, de investigación contra funcionarios que terminan. Es una brecha muy llamativa”, dice la académica.

Detenido en marcha

Cárceles y protestas

En el documento se estudia específicamente los apremios recibidos por ciertos grupos vulnerables. En el caso de las cárceles, una cifra cercana al 50% se refiere a torturas ocurridas al interior de recintos penitenciarios y ejecutadas por personal de Gendarmería.

“Las prácticas ejecutadas en estos contextos incluyen golpes en varios lugares del cuerpo, encierro, hacer que los internos se desnuden, mojarlos con agua helada y dejarlos por horas en condiciones climáticas adversas, además del encierro en celdas de castigo o aislamiento”, dice el texto.

“Efectivamente se detecta una debilidad en el sistema de investigación, especialmente en Gendarmería, donde no hay investigación independiente, básicamente está la misma Gendarmería a cargo de la investigaciones de los abusos, lo que genera una dificultad, y la falta de un juez que podría sistemáticamente dar seguimiento a las situaciones carcelarias y específicamente a los abusos”, señala Schönsteiner.

El documento también ahonda en apremios a otros grupos como mujeres, pueblos originarios y en contextos de protestas sociales. En el último caso, las denuncias de manifestantes torturados o con tratos crueles, inhumanos y degradantes se han sucedido desde que comenzaron a ser más frecuentes.

En este punto el informe destaca el caso del estudiante del Liceo Amunátegui César Reyes, detenido por el supuesto robo de un notebook por personal de la PDI, ingresado a la fuerza a un vehículo, luego golpeado en un cuartel policial en Las Condes -que fue revelado sólo tras un amparo presentado por sus abogados y la intervención del juez y fiscal de turno- y obligado a revelar su clave de su cuenta en Facebook. Por este caso actualmente la Fiscalía Centro Norte lleva adelante una investigación contra un detective formalizado por apremios ilegítimos y delito informático.

Trabas y competencias de la Justicia Militar

El informe además destacó los problemas para investigar sanciones en casos de torturas. En este punto se destacan distintos tipos de barreras para captar y recibir denuncias, lo que en la práctica se traduce en que sólo los casos muy evidentes y graves son investigados.

Además, las investigaciones generalmente terminan siendo meramente formales y demoran entre 2 a 3 semanas en comenzar después de la tramitación de la orden de investigar emanada del Ministerio Público para obtener respuestas recién 2 o 3 meses después. Así, la mayoría de las veces los casos terminan “sin resultados” y archivados.

Schönsteiner señala que una traba sorpresiva para los propios autores del informe fue que no podían acceder a las investigaciones administrativas.

“Hicieron la solicitud de acceso a la información. Estos procedimientos debieran estar accesibles. No hay justificación alguna que, desde el Derecho internacional por lo menos, corresponde de no dejar acceder por lo menos a los datos estadísticos. Pero efectivamente por Transparencia se nos rechazó esa solicitud porque ‘distraería indebidamente a los funcionarios de su labor normal’, que es un argumento que permite la ley de de Acceso a Información si la cantidad de información es demasiado extensa para recopilarla”, señala.

La directora del Centro de DDHH UDP dice que eso revela tres posibles conclusiones: 1) existen tantas investigaciones administrativas por tortura que no se pueden sistematizar; 2) no están sistematizadas, cuando deberían estarlo por ser una tarea del servicio; 3) simplemente porque no quieren entregar esa información.

En este punto, además, se desarrolla uno de los puntos que el informe recomienda cambiar: la aplicación de competencia de Justicia Militar en casos en los que las víctimas sean civiles. Según Judith, el Derecho internacional, específicamente la jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y otros, es que no es aceptable que cuando hay víctimas civiles puedan ser los casos investigados en la Justicia Militar.

La muerte de Manuel Gutiérrez en 2011 o recientemente de Rodrigo Avilés, el estudiante de la UC gravemente herido por el chorro del carro lanza aguas de Carabineros el 21 de mayo pasado en Valparaíso, son algunos de los casos en este ítem.

“No podemos tener personas de la misma institución juzgando a sus pares, por lo tanto debe pasarse a la justicia ordinaria. Eso en conjunto con la falta de tipificación de tortura en el Código Penal nos genera usualmente ese fenómeno que destacaron los investigadores, que la tortura solamente en 0,48% de los casos llega a una condena efectiva y eso, en la mayoría de los condenas son, además, penas no privativas de libertad. Y uno se pregunta por qué por un hurto o robo hoy día según nuestro Código Penal muchas veces aplica cárcel efectiva y por el crimen más grave del sistema penal según el Derecho internacional no aplica”, agrega Schönsteiner.

Finalmente, la abogada también señala su preocupación por el proyecto de ley en el Congreso sobre aumento de penas y aumento de facultades en la detención preventiva, donde a su juicio se debilitaría la protección en el lapso entre detención y la presentación al juez por el control de detención, que es el lapso donde los efectivos policiales incurren en el maltrato y la tortura.

“Necesitamos estructuras mucho más fuertes y claras, independientes de fiscalización y de poder denunciar, especialmente cuando se trata de una cultura de malos tratos (…) Efectivamente hay un tema más estructural de que hay una cultura de maltrato, de falta de respeto detrás de esto y por lo tanto también que hay que atacar las raíces de esto y avanzar con capacitación y reglas más claras aunque también con mejoras laborales de gendarmes y carabineros porque una persona estresada no va a reaccionar bien en una situación así”, señala.

Acá el capítulo “La tortura en Chile: Estado actual desde la Reforma Procesal Penal” contenido en el Informe Anual sobre Derechos Humanos UDP 2015: