Milicogate: Oficialismo y Alianza darán quórum para crear Comisión Investigadora y Generales serán los primeros en declarar

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana promovió la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para determinar las responsabilidades políticas en el caso Milicogate, que destapó The Clinic.

La instancia debe ser aprobada la próxima semana y revisará el fraude al fisco con fondos de la Ley Reservada del Cobre, que asciende según se ha calculado hasta ahora a miles de millones de pesos. Para su conformación ya cuenta con el apoyo del oficialismo y la Alianza, por lo que están amarradas las firmas requeridas para ingresar la solicitud al Congreso.

El jefe de bancada de la DC, Ricardo Rincón, adelantó que como ya está garantizado que se obtendrá el quórum para conformar la entidad, se está trabajando en la definición de invitados y los primeros en ser citados a declarar, afirma, serán los Comandantes en Jefe de las distintas Fuerzas Armadas.

Las diligencias se iniciarán con el Comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, quien deberá responder por el presunto ilícito. El desfalco se cometió entre mediados del 2010 y el principio de 2014 a través de diversas operaciones fraudulentas. El general Oviedo ya admitió al ex ministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos.

Pero la Comisión no se restringirá a indagar en las irregularidades del Ejército. Luego de Oviedo, serán citados a declarar el resto de los Comandantes en Jefe. El diputado Rincón explicó que la Comisión excede el caso Milicogate y busca investigar el uso que se le está dando a los fondos de la Ley Reservada del Cobre: “Serán citados todos los Comandantes, porque no estamos circunscribiendo la Comisión solo al Milicogate, sino que también a la utilización que se le está dando a los fondos en términos de su administración, sistemas de control y proceso de selección de proyectos”.

Además, el parlamentario de la DC advirtió que alguien debe asumir las responsabilidad política del escándalo, el que calificó como la “fiesta de Alí-baba”. “Todo esto que está pasando es gravísimo. Los Comandates en Jefe no pueden deslindar sus responsabilidades. Ellos son los jefes de servicio de cada una de las instituciones castrenses. Cuando investigamos durante el gobierno pasado, sostuvieron que habían controles, evidentemente, no se están cumpliendo. Se sabe de casinos, caballos, apuestas, fiestas, esto es como la fiesta de Alí-baba. Alguien tiene que asumir las responsabilidad política”, sostuvo.

APOYO TRANSVERSAL

La Comisión fue respaldada por todos los partidos de la Nueva Mayoría. La entidad reunió 50 firmas y se requerían 48 para enviar la solicitud de creación. El oficio será presentado al regreso de la semana distrital, cuando se retomen las actividades el en Parlamento, el martes 3 o miércoles 4.

Desde la oposición adelantaron que sus votos estarán disponibles para aprobar la Comisión. El jefe de bancada de RN, Alejandro Santana, comentó que “siempre estamos disponibles y hemos puesto nuestros votos para las comisiones investigadoras. En este caso, estamos revisando los antecedentes, de vuelta de la semana distrital, vamos a tomar la decisión. Creemos que si existen los elementos y los fundamentos que den méritos para una comisión, sin lugar a dudas, nuestros votos van a estar a disposición”.

El integrante de la Comisión de Defensa, el diputado de la UDI, Osvaldo Urrutia, consultado sobre su posición con respecto a la Comisión, sostuvo que “no tengo problemas en aprobarla y nadie en el partido se va a oponer. El tema es que las comisiones investigadoras muchas veces no tiene ningún destino y es una pura pérdida de tiempo. Si hay antecedentes que ameriten la vamos a aprobar, pero este es un tema delictual y los responsables tienen que ser condenados por la justicia. Mucha pirotecnia la Comisión”.

La jefa de bancada de la UDI, María José Hoffman, confirmó que los votos de la UDI estarán disponibles, pero que idealmente esperan que la Comisión de Defensa se transforme en la investigadora.

EL CASO
La causa que remece la vigencia y los alcances de la ley reservada del Cobre fue relevada el 13 de agosto en exclusiva por The Clinic. Se trata de millones de dólares que desaparecieron de los fondos reservados del cobre a través de cientos de operaciones fraudulentas que comenzaron en 2010, según prueban inéditas conversaciones grabadas en secreto por oficiales del Ejército, además de numerosos documentos en poder de la Justicia Militar a los que accedió este medio.

La primera versión de los ilícitos, recogida en abril de 2014 y admitida por los propios involucrados, apuntó a que existía una defraudación ocurrida solo entre enero y marzo de 2014. La irregularidad correspondía a compras falsas de repuestos para autos militares efectuadas a través de la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la institución en el rubro “material de guerra y repuestos”.

Frasim, sociedad domiciliada en un humilde sitio de calle Santa Teresa 408, en la comuna de Estación Central, emitió diez facturas por repuestos de autos militares que jamás fueron entregados.

Las pesquisas, sin embargo, revelaron rápidamente que eran varias las empresas involucradas en operaciones similares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyos recursos han sido solicitados por diversos actores políticos para financiar programas sociales.

Ya en mayo de 2014, el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, detectó que fueron falsificadas las firmas del coronel Pedro Ferrer en operaciones por 303 millones de pesos a través del proveedor Raúl Fuentes Quintanilla y en otros 50 millones cuestionados de Frasim, propiedad de Francisco Huincahue.

Tras este antecedente, la a avalancha judicial y las pesquisas prosiguieron, en especial porque las facturas de la Ley Reservada del Cobre deben seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a las proveedores. Primero, llegan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), luego pasan al Departamento de Planificación Financiera, donde son revisadas e introducidas digitalmente en el Sistema de Finanzas del Ejército (Sifie), para luego pasar por Tesorería para su pago.

Mensualmente, además, el Estado Mayor revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que autorizan los giros de los fondos reservados del cobre. Con esos remanentes se pagan operaciones como las vinculadas a estas defraudaciones.

Por ser fondos reservados, la Contraloría General de la República carece de autoridad para fiscalizar estas operaciones. Ni siquiera el Congreso puede inmiscuirse en la definición de los armamentos a comprar.

La situación es tan grave que sólo el cabo Juan Carlos Cruz, quien permanece detenido, en menos de seis años gastó 2.368 millones de pesos en el casino Monticello.

Y el coronel Clovis Montero, otro de los involucrados que ya cumplió 15 meses de reclusión en el penal Cordillera, aseveró que “hay un aparato de defraudación, yo no me imaginaba lo grande que era y la cantidad de proveedores involucrados”, admitió.

Montero, a través de un manuscrito que entregó a The Clinic apuntó a que los principales responsables de lo sucedido “son los jefes de Finanzas del Comando de Apoyo a la Fuerza y los comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza”. “Ellos firmaban minutas y oficios conductores con las facturas (fraudulentas) y son responsables de la ejecución de la Ley (Reservada del Cobre)”, insistió.

Consultado sobre dónde está el dinero defraudado, Montero, sin entrar en mayores detalles, escribió los nombres del cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, el general Héctor Ureta y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer. A renglón seguido precisó que los dineros defraudados habrían sido gastados en “casinos (de juegos), propiedades, caballos y fiestas”.