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En menos de un mes, desde dos organizaciones estatales -la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo)- se han tomado decisiones que tienen efecto directo en la Sociedad Química y Minera de Chile, empresa que es controlada por las Sociedades Cascadas de Julio Ponce Lerou. Un rol protagónico en esta arremetida lo tiene un enemigo conocido por el exyerno de Pinochet: Eduardo Bitrán Colodro, vicepresidente ejecutivo de Corfo.

SQM tiene hoy varios frentes judiciales abiertos: los eventuales delitos por las operaciones bursátiles de Cascadas, la indagatoria sobre el financiamiento irregular de campañas políticas y el arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago por la demanda de Corfo que alega incumplimientos en el contrato.

En este escenario, el 13 de octubre se informó que el nuevo director ejecutivo de la Cchen es Patricio Aguilera Poblete, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y, hasta antes de su nominación por Alta Dirección Pública, gerente corporativo de Corfo, es decir, brazo derecho de Bitrán.

Aunque asumirá en noviembre, Aguilera Poblete se encontrará a su arribo con un proceso abierto que podría transformarse en un golpe letal para SQM. Hace cerca de un mes, el consejo directivo de la Cchen, incumbente en el proceso de extracción del litio por una cláusula vigente desde 1984, exigió a Soquimich cumplir con una norma legal que establece que la compañía debe entregar la “trazabilidad” de sus exportaciones. Se trata, en suma, de documentos que informen para qué se usa el litio que sale de las fronteras.

Fuentes de la Cchen aseguran que el conflicto radica en que SQM no habría entregado el detalle de sus transacciones en los plazos establecidos.

La consecuencia directa de un incumplimiento de esta naturaleza es que la Cchen tiene la facultad de prohibir las exportaciones de la empresa al exterior. Desde la Cchen sostienen que “nunca se ha tomado una resolución así de drástica” y que es “muy poco probable que ello ocurra”, porque la política institucional es hacer ver a los fiscalizados en qué están fallando para solucionar los conflictos.

Sin embargo, ya en el año 2008, la entidad dio un duro golpe a la compañía que en aquel entonces no estaba, como ahora, bajo el escrutinio público. Usó sus atribuciones respecto del destino del mineral estratégico y frenó, tal como publicó The Clinic Online, el principio de acuerdo entre el Sistema de Empresas Públicas, SEP, que en ese entonces administraba los contratos de arriendo del Salar de Atacama, y SQM, que quintuplicaba la capacidad de explotación de litio para esta compañía, aumentando la cuota de extracción de 200 mil toneladas a un millón.

En aquella oportunidad, la entidad técnica hizo las preguntas adecuadas sobre el proceso -qué estudios avalaban el aumento de la cuota, qué implicaba para las reservas del país-, y ahora, nuevamente a través de una consulta, tiene a la compañía en las cuerdas.

Ello porque, apuntan fuentes del Gobierno, el que Aguilera Poblete llegue a la Cchen en momentos en que la organización debe definir si está conforme o no con los antecedentes entregados por SQM, podría otorgar al Estado un triunfo por “secretaría”, ya que, a diferencia de lo que ocurre con el arbitraje, la decisión sobre si SQM cumple o no con los requerimientos del contrato en cuanto a la trazabilidad, depende del criterio que aplique la Cchen.

El escenario es complejo porque la Corfo, bajo la administración de Bitrán, ha sido una de las figuras más relevantes del Ejecutivo en el conflicto arbitral que mantiene con Soquimich en que el Estado busca una indemnización y un término anticipado del contrato de arriendo del Salar de Atacama que rige desde 1993 hasta diciembre de 2030.

El requerimiento de la Cchen, además, se da luego de que Rafael Guilisasti abandonara su cargo como director de Corfo para asumir como presidente en el directorio de las sociedades cascadas, Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande.

Esta designación fue duramente criticada por Bitrán que incluso encargó a Contraloría un informe respecto de “si el proceder del ahora ex Consejero satisface o no los deberes de probidad administrativa establecidos en la Ley”.

EL COMITÉ

El jueves pasado, en tanto, la Corfo determinó la creación de un Comité destinado a revisar los contratos de arrendamiento del Salar de Atacama.

Fuentes consultadas por The Clinic Online plantearon que la función de esta entidad es fiscalizar el cumplimiento de los tratos que hoy están operando y que por años han quedado sin revisión por parte del organismo estatal.

Actualmente estos son dos Rockwood y Soquimich.

Entre los años 1980 a 1982, Corfo transfirió 3.344 pertenencias mineras a la empresa Sociedad Chilena de Litio –hoy Rockwood- sujeto a condición resolutoria en el contexto de un Convenios Básicos. Del remanente de 29.424 pertenencias mineras en poder CORFO, 1.370 pertenencias se encuentran destinadas a una franja de protección denominada «Tierra de Nadie» a favor de Rockwood.

El resto, 28.054 pertenencias mineras fueron entregadas en arrendamiento a Soquimich bajo el amparo de 2 contratos, uno de 1993 y otro de 1995, que establecen la explotación de 16.384 pertenencias y un área de resguardo de 11.670 donde no se puede producir litio.

Una de las conclusiones de la Comisión de Litio, que se creó tras la fallida licitación que se adjudicó SQM, es que ambos contratos debían ser revisados.

También se recomendó la producción estatal de litio que se realizaría a través de Codelco y Enami que tienen pertenencias que no están siendo explotadas.