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La empresa Socofar Logística S.A., distribuidora del holding farmacéutico Cruz Verde, vulneró el derecho a la intimidad corporal y la integridad psíquica de sus trabajadores, quienes denunciaron a la empresa por obligarlos a pasar por un escáner que mostraba sus partes íntimas. Así lo determinó la sentencia del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que obliga a la compañía a realizar un pago monetario a los funcionarios y otro al sindicato como medida de indemnización.

El control tecnológico adoptado por la empresa, con el argumento de detener la merma y robo de productos, generó el reclamo en julio del sindicato de trabajadores, que recibió el apoyo en su demanda de tutela laboral de la Dirección del Trabajo. Así se logró que el juez titular César Torres acogiera “parcialmente” la denuncia.

El uso del escáner -que los trabajadores pidieron que no vuelva a ser implementado-, no se informó de la debida forma y generó diversas situaciones cuestionables, como la generación de imágenes explícitas, entre ellas la visualización en pantalla de toallas femeninas en trabajadoras con período menstrual.

Esta situación se reveló cuando un fiscalizador de la Dirección del Trabajo concurrió a la empresa ubicada en Vicuña Mackenna #3350 por un accidente laboral y comprobó que la máquina entregaba una visión muy nítida de los cuerpos, los que resultaba ofensivo para los funcionarios.

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De esta forma, el tribunal prohibió en forma absoluta a la empresa Socofar Logística obligar a sus trabajadores a someterse al control del escáner EqO, bajo la versión de imagen aplicada, que muestra como es el cuerpo humano.

También impidió la generación de imágenes en formato comics, mientras no se cumplan algunos requisitos, lo que permitiría el uso de escáners en el futuro, según señalaron desde la directiva sindical.

Para que eso ocurra, la empresa Socofar Logística S.A. debe publicar disculpas públicas en al menos tres lugares visibles de la empresa “donde se reconozca la implementación imprudente del medio de control, que ello significó vulnerar derechos fundamentales de sus trabajadores y se pida a los trabajadores afectados aceptar el reconocimiento y las disculpas que se ofrecen”.

Además, esto se debe respaldar con una publicación de disculpas en un diario de circulación nacional. Junto a ello, se debe actualizar el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad introduciendo protocolos para la aplicación de esta tecnología teniendo en cuenta, por ejemplo, las diferencias de género.

En el caso de mujeres embarazadas, ellas deberán dejar estipulado por escrito el consentimiento para pasar por el escáner, y se debe asegurar la implementación de monitores en lugares visibles que aseguren transparencia respecto del método usado y que la aleatoriedad del control se aplique a menos del 50% del total de trabajadores.

Junto a eso la empresa deberá indemnizar a sus funcionarios por un monto de $30 millones repartidos en partes iguales para los 136 trabajadores asociados al sindicato -un total de $220.588 por trabajador- por el daño moral causado y una suma de $10 millones para el organismo de representación laboral para sus fines sindicales.

Con todo, el presidente del sindicato, Marcelo Silva, señaló a este medio que están analizando la opción de apelar a la resolución para lograr el retiro definitivo del escáner ya que la intención “no era buscar plata sino que se asegure la integridad física y moral de nuestros trabajadores”.

ACÁ LA SENTENCIA: