Justicia cita a declarar a Cardenal Ezzati por demanda de US$ 210 millones

La ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Maritza Villadangos, citó para el próximo 18 de noviembre a las 15.00 al arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati, en el marco de una demanda presentada el 17 de octubre del año 2013 en contra de la iglesia por US$ 210 millones de dólares .

La acción legal, de  70 páginas, presentada por el abogado Raúl Lecaros, exige que el Arzobispado de Santiago restituya la totalidad de bienes que Ana Fernández Valdés, viuda de Juan Undurraga Aninat, y su hijo reclaman como propios y que hoy están en poder de la institución eclesiástica a través de operaciones en investigación de la fundación de derecho canónico Isabel Aninat Echazarreta (FBIAE) con Navarés S.A, sociedad a través de la cual Undurraga Aninat era propiertario de acciones en Soprole. Por lo mismo, los demandantes exigen que se declare la inexistencia y la nulidad de derecho público de la FBIAE.

Undurraga Aninat en 1986 creó la bajo las leyes canónicas y no civiles la Fundación que, según ha sostenido el abogado Lecaros, tuvo traspasos “secretos” desde la sociedad Navarrés -creada en Uruguay y cuyo patrimonio se restringía a los papeles de Soprole- a la fundación antes mencionada. Todo, se establece en la demanda, con la venia de la “Sagrada Congregación Romana para el Clero de la Sagrada Iglesia Católica de Roma”. A raíz de estas triangulaciones, señala, la iglesia se hizo de un millonario patrimonio.

La diligencia conocida como “absolución de posiciones” se trata de un interrogatorio por parte de la magistrada con una lista de preguntas que presentan los demandantes. Estas últimas se encuentran “bajo custodia” y sólo se abrirá el sobre que las contiene, una vez que el prelado concurra a tribunales.

La magistrada citó también para efectuar la misma diligencia, se lee en la resolución del 9 de noviembre pasado, al abogado Álvaro Ortúzar -patrocinante de la Iglesia- el 17 del mismo mes, mientras que Fernández Valdés deberá acudir dos días más tarde.

Papeles

La causa de carácter civil ha tenido un intenso movimiento desde su presentación hasta ahora. En ella constan más de cien actuaciones judiciales, tendientes a demostrar las supuestas anomalías cometidas por el Arzobispado de Santiago, con los dineros que Ana Fernández asevera le pertenecen.

Asimismo una serie de documentos con los estados financieros de Soprole desde los 70 hasta la década 90, estudios en derecho, entre otros.

Los hechos detrás de la demanda comenzaron en 1973 cuando Juan Undurraga Aninat, el entonces dueños de los bienes y dinero, contrajo matrimonio de María Fernández Valdés. Esta última era viuda y tenía ocho hijos. De la unión nació Juan Luis Undurraga Fernández en enero de 1975, afectado por una trisomía. El caso es mencionado porque aseguran los requirentes que este hecho le provocó un “shock sicológico” a Undurraga  y desde ese momento inició una serie de movimientos para que su cónyuge no pudiera administrar los bienes.

La fórmula fue crear la Fundación, que contó con la anuencia de la Iglesia. En la oportunidad, la entidad tenía, entre otros miembros al fallecido Sergio Valech y Bernardo Salas, secretario general, ambos del Arzobispado de Santiago. La instancia comenzó a operar una vez que se dictó el “decreto de erección canónica”.

Si la fundación se disolvía, señalaban los estatutos, los recursos de la misma pasarían a la propiedad del Arzobispado de Santiago. Ello, dice la demanda, con el fin de mantener los bienes en secreto y eludir el Código Civil.

Hasta el cierre de esta edición el estudio Ortúzar no ha presentado escrito alguno que fije un domicilio distinto donde tomar la declaración a Ezzati, por lo que el prelado debería concurrir a Palacio de Tribunales.

Hay que recordar que Ezzati, concurrió al mismo edificio el pasado 5 de noviembre, luego que fuera citado por el ministro de fuero Juan Manuel Muñoz, en la demanda que interpusieron las víctimas del sacerdote Fernando Karadima.

Este diario intentó obtener una versión de parte del abogado Álvaro Ortúzar, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.