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Muy pocos libros poseen la fuerza demostrativa de esta última publicación de Javier Rebolledo, que ata los cabos sueltos de cómo se fortaleció el régimen de privilegios y abusos que gobierna nuestra sociedad. Este libro nos enseña los nudos secretos del Chile pasado y presente entrecruzando dos narrativas: el púdico testimonio de los familiares de las víctimas sacrificadas por la violencia militar en 1973 y la denuncia de los impúdicos exponentes del triunfo económico, quienes se convirtieron en dueños del país gracias a su defensa de la revolución neoliberal.
En sus páginas, comparecen gráficamente las fotos de álbum de los familiares de los trabajadores ejecutados en Laja y San Rosendo y de los campesinos desaparecidos en Paine en 1973, junto con los retratos oficiales de quienes llenaban entonces las páginas sociales de El Mercurio: los mismos que siguen hoy figurando en los suplementos de Economía y Negocios, en los directorios de las grandes empresas, en las memorias institucionales de bancos y universidades privadas. El libro arma un cara a cara entre abusados y abusadores, señalando los nombres y apellidos de los responsables: los que pertenecían al aparato represivo de la dictadura y los economistas de la Escuela de Chicago que, en colaboración con sus servicios, diseñaban las tecnologías neoliberales mediante el efecto de shock de su capitalismo salvaje. La urdimbre narrativa de esta doble trama adquiere carácter de revelación por cómo entrelaza lo más grueso con lo más fino de los hilos conductores entre las amarguras del ayer y las frustraciones del hoy.

En “La danza de los cuervos. El destino final de los detenidos desaparecidos” (2012), consignas una evidencia que te marcó al investigar sobre temas de derechos humanos: los resultados de la Mesa de Diálogo convocada por Ricardo Lagos, destinada a recolectar información sobre el destino de los detenidos desaparecidos, nunca iban a ser confiables porque el Ejército seguía con mentiras y omisiones. Parece que ese fue uno de los motivos que inspiró tu primer libro…
Es así pero, además, influyó otro antecedente. Cuando preparaba un reportaje sobre el Cuartel Simón Bolívar y la Brigada Lautaro, fue la primera vez que La Nación Domingo censuró un tema referente a derechos humanos y quise averiguar por qué. Siguiendo la pista, me enteré de que el bloqueo del reportaje provenía del Ministerio del Interior debido a que la historia del Cuartel de Simón Bolívar involucraba a la persona de Víctor Díaz, ex subsecretario general del PC. Finalmente llegamos a un acuerdo con La Nación según el cual se podía publicar el reportaje pero sin tocar el nombre de Víctor Díaz ni las razones dadas por los agentes para explicar por qué había pasado tanto tiempo dentro del cuartel, casi siete meses, mientras que el promedio de estadía de los demás detenidos era solo de una o dos semanas. Como publicamos ese reportaje el año 2007 en una versión censurada, quise completar la investigación en el libro “La danza de los cuervos”. Lo que descubrí fue una cierta incomodidad dentro del PC en torno a cuál habría sido la verdadera conducta de Víctor Díaz durante los largos meses en que fue sometido a tortura en Simón Bolívar 8800, antes de ser desaparecido. Las confesiones de Jorgelino Vergara, “El Mocito”, y de exagentes de la DINA, habían dejado interrogantes sobre las colaboraciones que llevaron a varios militantes comunistas a caer por la delación de sus compañeros que no habían resistido la atrocidad de las torturas. Ese era un tema tabú dentro de los partidos de izquierda, siendo Víctor Díaz una figura icónica del PC. Las dudas flotantes hacían oscilar su imagen entre la construcción idealizada del héroe y la del delator. Me chocó ese tabú ligado a una concepción religiosa del héroe mítico, como si los torturados hubiesen debido guardar la pose estoica de los bustos de Lenin o Stalin mirando hacia el horizonte, mientras los estaban destrozando. Era una distorsión chiflada pensar que, para mantener en alto la moral de las nuevas generaciones, no había que reconocer la dificultad para establecer límites nítidos y estrictos entre lo que está bien y lo que está mal en condiciones de exterminio tan brutales como las que regían en ese Cuartel del Terror, del que no salió nadie vivo. Centrándome en la figura de Jorgelino Vergara –que siempre me pareció una especie de “Chacal de Nahueltoro”– se me hizo necesario escribir ese primer libro para detallar las crueldades “puertas adentro” del Cuartel Simón Bolívar, en el que operaba directamente el jefe de la DINA Manuel Contreras, y relatarlas a los que emitían juicios sin haber pasado por esa prueba. Quería llevarlos a revisar ese ideal sacralizado del militante cuyo heroísmo le exige no quebrarse bajo tortura. Para mí Víctor Díaz era un héroe por el solo hecho de militar en la clandestinidad de un partido proscrito por una dictadura salvaje y por enfrentar los tormentos inhumanos a los que estaban diariamente sometidos los prisioneros.

Y ahora, ¿cuál fue la motivación que te empujó a escribir esta última parte de tu trilogía sobre “los cómplices civiles de la dictadura”?
Más allá de los testimonios y las denuncias recogidos en los dos primeros libros sobre el Cuartel Simón Bolívar y sobre Tejas Verdes, donde se origina el exterminio en Chile con la DINA, sentía que había que ponerle el cascabel al gato averiguando bien quiénes se habían encargado del diseño que destruyó al país de una manera tan siniestramente combinada. Durante todo el tiempo que trabajé en La Nación Domingo con el Gato Escalante en temas de derechos humanos, pudimos constatar que los civiles efectivamente estaban implicados en las aberraciones de los militares. Esos mismos civiles que siguen apareciendo hoy como blancas palomas en la primera plana de la actualidad y que, con motivo de los cuarenta años del golpe militar, decían que sus anteojeras ideológicas de la defensa del “pronunciamiento militar” y su celebración de la revolución neoliberal les impidieron constatar las violaciones de los derechos humanos. Cuando alguien como Hernán Larraín pide perdón en los cuarenta años del Golpe, lo hace por sus omisiones, repitiendo que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Mi libro intenta probar que era imposible que los civiles no conocieran de las persecuciones y desapariciones que ejecutaban los órganos represivos bajo el mando de Pinochet, de cuyo gobierno participaban o se beneficiaban. El libro demuestra también cómo varias figuras del poder político y económico asociadas al gremialismo y hoy vigentes estaban envueltas en operaciones muy turbias. El mismo Hernán Larraín, actual presidente de la UDI, estuvo un tiempo con arraigo nacional por el escándalo de la Cooperativa La Familia de la que fue socio fundador en 1975.

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Al sacar a relucir este impresionante antecedente de “la Cutufa de los gremialistas”, trazas una línea de continuidad que nos señala que el financiamiento de la política a través de contabilidades falsas, tal como aparece hoy en el caso Penta, deriva de una larga tradición del gremialismo de la que la Cooperativa La Familia fue precursora.
Efectivamente, en 1975 se funda la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Familia, muy vinculada al Movimiento Gremial. Nace avalada por la Pontificia Universidad Católica y es publicitada directamente por Canal 13 –con un programa de canto conducido por el integrante de los Huasos Quincheros Benjamín Mackenna– como una ayuda para que gente de escasos recursos pudiese acceder a beneficios. En 1976 se declara la quiebra de la entidad, que no tenía caja suficiente para devolver los dineros invertidos por más de 500 personas, y se presentan querellas contra los ejecutivos, llamando a declarar al mismísimo Jaime Guzmán respecto de un préstamo que lo involucraba. La Familia fue el ejemplo de cómo utilizar dinero de los más pobres para financiar gastos políticos. Ya contaba con un Libro Rojo cuya contabilidad falsa, tal como ocurre hoy en los casos Penta-Soquimich, ocultaba el destino de los fondos que financiaban al gremialismo con documentación simulada. ¡La UDI de hoy tenía de donde aprender!

La derecha, cuando le toca formular un juicio sobre la dictadura, siempre trata de disociar lo positivo (la obra modernizadora de Pinochet y su milagro neoliberal) de lo negativo: los atropellos a los derechos humanos que algunos de sus personeros se muestran dispuestos a condenar. Tu libro demuestra que ambas expresiones de la dictadura son indisociables y que así lo confirman varias de las biografías de la derecha política en las que incursiona detalladamente.
Para mí era indispensable dejar en claro que los empresarios y los tecnócratas del gobierno militar que buscan siempre aparecer desvinculados de las violaciones a los derechos humanos –así como desvinculan a la economía de la política–, no solo sabían de la existencia de los aparatos represivos sino que en varios casos colaboraron con ellos. Quizás lo más difícil del libro fue encontrar dos casos tan emblemáticos como los Matte y los Kast. Los Matte, dueños de la Papelera, representan una superestructura de privilegios que se considera por encima de todo el país, afianzada en la omnipotencia del dinero y de la clase social. Los Kast designan a ese grupo de tecnócratas –tipo Joaquín Lavín o Cristián Larroulet– que fue parte del aparataje político-económico de la dictadura que desmanteló al Estado y que hoy día sigue como si nada en los directorios de empresas, bancos, universidades, etc. Al reabrirse últimamente ciertos casos judiciales, se pudo demostrar que miembros de estas familias y directivos de sus empresas quisieron vengarse de quienes sospechaban ser opositores al régimen militar. Operaciones que, a pocos días del Golpe, terminaron con la desaparición de 19 ciudadanos de Laja y San Rosendo, varios de ellos trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) liderada por Eliodoro Matte y de setenta campesinos de Paine, uno de ellos laborando hasta 1973 en el negocio “Bavaria” de la familia Kast. En ambos casos hubo facilitación de materiales y operaciones entre los directivos de las empresas de estas familias y los uniformados, tal como aparece mencionado en las declaraciones de tribunales.

El alcance investigativo de tu trabajo recoge una suma de información que tiene que ver con el pasado pero que, al mismo tiempo, se reedita en el presente, ya que varias de las historias desplegadas en tu libro son protagonizadas por personajes hoy investigados en los casos Penta, Soquimich o Corpesca.
Durante todo el trabajo exploratorio del libro, yo iba sumando materiales con ciertas hipótesis de trabajo pero sin medir todavía la escala de lo que se estaba develando. Sabía poco del rol de Eliodoro y Bernardo Matte, de Miguel Kast, durante la dictadura. Al reportear, fui aprendiendo y yo mismo me asombraba de cómo se iban ensamblando todas las piezas de un puzzle enorme. Miguel Kast fue apareciendo de a poco como el rey de corazones. Estaba vinculado con todo: con la Armada y su Comité Económico a cargo del exintegrante de la Junta Militar José Toribio Merino; con la Cofradía Náutica que había servido de fachada para la preparación del golpe de Estado de 1973; con el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, y con Jaime Guzmán, al que lo unía su devoción católica; con sus asesorías a la Unidad Económica del servicio secreto de la DINA, etc. Y todo esto desde ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional), encabezada por Kast, que fue el eje articulador de todas las reformas (tributarias, previsionales, laborales, de salud y educación, etc.) que Pinochet llamó después “las siete modernizaciones”. Ahí estaba la bisagra entre los organismos de represión y el poder civil de la dictadura. Cuando el universo de las víctimas se enfrenta en las páginas del libro al de los tecnócratas, sus testimonios de la violación a los derechos humanos manchan de sangre a quienes siempre pretendieron limpiarse de ella. Las mismas personas mentirosas en las que nos dice la derecha que tendríamos que confiar, eran delincuentes y lo siguen siendo. Jovino Novoa, que aparece implicado en el caso Penta como el articulador más poderoso entre la UDI y los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín –que acumularon sus riquezas con las privatizaciones en los años militares–, es el mismo Novoa que asumió la Subsecretaria de Gobierno en 1979 cuando esa jefatura trabajaba en asociación directa con la CNI y cuando la CNI estaba persiguiendo a Tucapel Jiménez antes de su asesinato.

Si aparece tan clara la imbricación de los varios poderes que se conjugaron para atentar contra la democracia primero y luego para controlarla con exclusiones y restricciones de derechos, ¿no debe leerse como ingenuidad o torpeza que la Nueva Mayoría haya pretendido avanzar en reformas vectoriales sin cambiar primero el tablero de la Constitución, cuya armadura impide que se desplacen las piezas?
Los gobiernos de la Concertación no quisieron entender que la magnitud del daño causado y sus efectos duraderos en la población tocaba con la misma profundidad y gravedad a diferentes ámbitos de la sociedad chilena. Y no lo quisieron entender porque el gran pacto de silencio de este país se llama “Transición”. El pacto se selló entre la administración política de los gobiernos de la Concertación, los militares y los poderes fácticos. No es casualidad que aparezca buena parte de la Concertación ligada a Ponce Lerou. La Concertación y la Nueva Mayoría han funcionado con un criterio de realidad política. No se espantan con nada porque han aprendido a hacerlo todo negociadamente, desde cómo sacar a los senadores designados… Todo se ha ido ganando en un tira y afloja que se va arreglando finalmente con acuerdos moderados, sin que haya estado nunca en cuestión una transformación profunda del modelo neoliberal. Michelle Bachelet retoma una tradición de los presidentes de la Concertación que se había interrumpido en 2006, y elige ir en octubre al Centro de Estudios Públicos (CEP) para rendir cuenta de la gestión de su gobierno frente a los principales exponentes del mundo empresarial y económico nacional. El CEP fue fundado en 1980 por Jorge Cauas quien, desde el ministerio de Hacienda en 1974, había aplicado salvajemente el Programa de Recuperación Económica que materializó la doctrina neoliberal consignada en El Ladrillo: un libro publicado por el CEP en 1992 para convertir en oficial ese documento que permanecía clandestino. El presidente del CEP es actualmente Eliodoro Matte Larraín, que también preside el directorio de la Papelera: su padre era accionista mayoritario al momento de los crímenes y cuando él entró en 1976 conoció del caso, evidentemente, ya que en 1979 se abrió la investigación, cerrada en 1982 y luego reabierta en 2010 aportando pruebas de que la Papelera tuvo un rol facilitador en la elaboración de listas para el secuestro y la matanza de los trabajadores de Laja y San Rosendo en 1973. El vicepresidente del CEP es Wolf von Appen, director de Soquimich y hermano de Sven Von Appen, quien declaró a la prensa en la última campaña presidencial que “si Michelle Bachelet no lo hace bien buscamos un nuevo Pinochet”. Ambos hermanos lideran el grupo Von Appen que controla la mayoría de los puertos chilenos a través de Ultramar. Un informe realizado por la Policía de Investigaciones en el marco del Caso Riggs, reveló que integrantes de este grupo donaron cerca de 250.000 dólares a la Fundación Pinochet. Así y todo, ¡Michelle Bachelet se presenta en el CEP para restablecer confianzas entre el poder ejecutivo y el empresariado! ¡Cuando en el Consejo Honorario de la institución figuran los empresarios que se adueñaron del país saqueando al Estado con las privatizaciones! Uno de los objetivos de mi libro es servir de material consultivo y educativo para que, a las personas que hoy están pidiendo un cambio profundo de la sociedad por la vía de una nueva Constitución, les sobren razones para exigirlo sabiendo lo criminal de todo lo que esconde la Constitución de 1980. El modelo neoliberal implantado se ve como un todo monolítico por lo gigantesco y poderoso de su diseño. Pero al identificar bien las circunstancias y personas que estuvieron al origen histórico de este diseño, quizás se vuelva más fácil aprender cómo desmontarlo.