condenas

La Organización No Gubernamental (ONG) Litigio Estructural en Derechos Humanos (LEASUR) presentó una querella criminal por la retención ilegal y arbitraria de unas 500 personas que habían obtenido el derecho de rebaja de condena por buena conducta.

El libelo apunta a que entre 2014 y 2015, cuando el titular de la cartera de Justicia era José Antonio Gómez, estas personas fueron mantenidas en prisión injustamente.

En la querella, Leasur advierte que en este caso el Ministerio de Justicia impuso una nueva política de revisión para otorgarles ese derecho, excediéndose con ello en sus atribuciones e impidiendo o retrasando ilegal y arbitrariamente su liberación.

La acción judicial va en contra de los personeros del Ministerio de Justicia que resulten responsables por los delitos de prevaricación administrativa e irregularidades en la detención.

“Queremos saber quiénes son los responsables de este abuso sistemático en contra de cientos de chilenos. No podemos tolerar que personeros del Estado violen la ley”, señala María de los Ángeles Barros, subdirectora de la ONG.

“Se ha comprobado que las personas que obtienen el derecho de rebaja de condena producto de su excelente comportamiento reinciden menos. Que el Estado, de acuerdo con la ley, valore la motivación y compromiso de quienes obtuvieron este derecho, y que, por otro lado, niegue o retrase ilegalmente su liberación, genera un quiebre en la confianza con las instituciones y entorpece el proceso de reinserción social”, agrega.

A diciembre del año pasado, la Defensoría Penal Pública, Leasur, CONFAPRECO y otras ONG ya habían interpuesto cientos de recursos de amparo en favor de los afectados, los que fueron acogidos tanto por las Cortes de Apelaciones como por la Corte Suprema. Los máximos tribunales señalaron reiteradamente que la decisión de reducir el tiempo de privación de libertad está radicada exclusivamente en la Comisión de Reducción de Condena y que al Ministerio de Justicia le corresponde solo ejecutarla. Sin embargo, y contraviniendo lo ordenado por el Poder Judicial, los personeros de la cartera continuaron violando la garantía constitucional de libertad de cientos de chilenos.

“Los personeros del Ministerio de Justicia infringieron la ley deliberadamente, porque sabían que negar o retrasar la liberación de quienes ya habían obtenido la rebaja de condena no era parte de sus atribuciones”, afirmó Barros.

Finalmente, la representante de Leasur señala que “estamos frente a una actuación abusiva que significó la privación ilegal de libertad de cientos de personas que habían cumplido su condena ante la ley, y que el Ministerio de Justicia mantuvo tras las rejas arbitrariamente». Exigimos que la justicia se pronuncie acerca de estos hechos y por eso estamos interponiendo una denuncia”.