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Poder

11 de Diciembre de 2015

Milicogate llega hasta la Contraloría por oficio de diputados de la DC

Los parlamentarios Jaime Pilowsky y Ricardo Rincón solicitarán a la Contralora General de la República (s), Patricia Arriagada Villouta, que fiscalice los fondos y gastos efectuados bajo la Ley 13.196, (ley reservada del cobre) y ejecutados por el Comando de Apoyo de la Fuerza del Ejército. La petición de los parlamentarios falangistas surge luego de una serie de publicaciones realizadas por The Clinic que destaparon el Milicogate, que habla sobre el millonario robo al fondo reservado del cobre por cerca de 10 palos verdes, y en el que se vieron involucrados distintos miembros del Ejército a través de facturas truchas. Por otra parte pedirán que la entidad emita un nuevo dictamen que apunte claramente a los procedimientos fijados para fiscalizar estas platas en un futuro.

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Los diputados de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincón y Jaime Pilowsky solicitarán a la Contralora General de la República (s), Patricia Arriagada Villouta, que fiscalice los fondos y gastos efectuados bajo la Ley 13.196, (ley reservada del cobre) y ejecutados por el Comando de Apoyo de la Fuerza del Ejército.

Por otra parte pedirán derechamente que la entidad emita un nuevo dictamen que apunte claramente a los procedimientos fijados para fiscalizar estas platas en un futuro.

La petición de los parlamentarios falangistas surge luego de una serie de publicaciones realizadas por The Clinic que destaparon el Milicogate, que habla sobre el millonario robo al fondo reservado del cobre por cerca de 10 palos verdes, y en el que se vieron involucrados miembros del Ejército a través de facturas truchas.

En el escrito de Rincón y Pilowsky se trae a colación que el pasado 8 de septiembre, en sesión de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, el Contralor General del Ejército, General de Brigada Rodrigo Carrasco González, informa que en abril de 2014 el tesorero del Ejército presentó de manera interna ‘la existencia de irregularidades en el pago de seis facturas, por un monto de más de 53 millones de pesos, con fondos provenientes de la ley 13.196’, conocida como la Ley Reservada del Cobre”.

Carrasco mencionó en esa cita que desde aquel entonces ordenaron realizar “auditorías e investigaciones sumarias”, mientras que “se colocaron en conocimiento del II Juzgado Militar de Santiago los posibles hechos ilícitos ocurridos”.

De acuerdo a lo expuesto por los diputados, “la auditoría efectuada concluía irregularidades por montos cercanos a los 1.800 millones de pesos”.

Por regla los gastos y facturas deben regirse bajo un procedimiento en el que participan el CAF, el Departamento de Planificación Financiera del Ejército y la Tesorería de la institución, pero el carácter reservado de los antecedentes hacen que el control externo sea imposible.

Las medidas adoptadas por el Contralor General del Ejército, expusieron los parlamentarios DC, dejan en evidencia “el control precario que tenía el sistema de pago que se realizaba a través del Comando de Apoyo a la Fuerza”.

Por su parte, los DC pusieron sobre la mesa que “la Contraloría no está en condiciones de verificar el destino u objeto de la inversión de los recursos, porque la cuenta se realiza sin que sea necesario acompañar su documentación sustentatoria”.

En cuanto al caso se puede decir que el coronel Clovis Montero es el principal imputado, y junto con él aparecieron los nombres del general Héctor Ureta, el cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer.

Los últimos en caer fueron los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, y la cabo primero Millaray Simunovic Bustamente.

Los hechos destapados por este medio provocaron que el Ejército anunciara que por primera vez en 205 años se someterá a una revisión externa, encargada a la auditora Surlatina.

Tal como reveló The Clinic, la trama detrás de los millonarios desfalcos partió en el año 2010, durante los albores del gobierno del Presidente Sebastián Piñera y no cesó hasta marzo de 2014, al tomar el mando de su segunda admistración Michelle Bachelet.

El hecho fue reconocido por el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien admitió al entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, que su institución pagó cientos de facturas falsas.

“Se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas”, tal como dijo el coronel Clovis Montero en entrevista con este medio.

Dentro de lo más llamativo se encuentra el caso del cabo Cruz, quien entre 2008 y 2014 desembolsó 2.368 millones de pesos en máquinas tragamonedas, adquirió un fina sangre, viajó a Cuba con su familia y enchuló a su pareja. “Le perdí sentido al dinero”, declaró en abril de este año.

Una de las últimas revelaciones dice relación con un correo del general Héctor Ureta, comandante de la División de Mantenimiento de la institución, que desató una verdadera guerra luego de revelar las oscuras maniobras.

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