Carta de senadores DC y ex ministro critica el mecanismo para la gratuidad del Gobierno

El 21 de septiembre, los senadores Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, junto al ex ministro José Pablo Arellano, le entregaron un documento de seis páginas llamado “Financiamiento a la Educación Superior para 2016. Cómo seguir avanzando”, a la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

En él, los políticos proponían que la gratuidad en la educación superior se llevara a cabo ofreciendo más becas.

Luego, el 20 de octubre, los senadores DC y el ex ministro le hicieron llegar una carta a la ministra titulada “Los riesgos de la improvisación en la Educación Superior”, a la que El Mercurio tuvo acceso. En ella se refieren a la apuesta del Gobierno de legislar la gratuidad de la educación superior por medio de una glosa de Ley de Presupuestos, lo que acabó en el Tribunal Constitucional.

En la misiva, los personeros democratacristianos cuentan que “varias voces han alertado sobre los riesgos y la inconveniencia de hacer cambios al sistema de financiamiento de la educación superior a través de la Ley de Presupuestos. El Ministerio de Educación desestimó esas advertencias y el proyecto de presupuestos propone cambiar significativamente la forma de financiar la educación superior”, según publica Emol.

Asimismo, enfatizaron la idea planteada en el primer documento entregado a Delpiano, explicando que “se han hecho anuncios de cambios de paradigma y de una redefinición del sistema de financiamiento de la educación superior a través de la Ley de Presupuestos del 2016. Ese no es el mecanismo legal para tales cambios. La Ley de Presupuestos tiene una tramitación expresa que no permite tales cambios institucionales”.

Junto a este argumento, Walker, Zaldívar y Arellano anexaron una simulación que sugiere cuatro opciones que permitirían entregar más becas el próximo año. La primera de éstas asegura poder beneficiar a 282.00 alumnos, invirtiendo aproximadamente 170 mil millones de pesos.

Por otro lado, el nuevo documento esboza los obstáculos que podría implicar basarse en la glosa presupuestaria.

“En esos mismos días, los estudiantes estarán rindiendo la PSU (29 de noviembre al 1 de diciembre), tendrán que postular y luego matricularse a partir del 27 de diciembre. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo se les podría informar de los resultados de un proceso de evaluación socioeconómica si ni siquiera el reglamento para tal evaluación estaría publicado a esa fecha? Es fácil imaginar la enorme incertidumbre que este nuevo proceso, distinto al conocido y probado hace años, que rige para las actuales becas y créditos, va a generar entre los miles de estudiantes que recién ingresan a la educación superior”, consigna la carta.

En esa línea, el documento advierte que el mecanismo que quiere usar el Gobierno “distorsiona los criterios de mérito académico que han caracterizado a nuestro sistema de educación superior. Para acceder a la gratuidad no se exige requisito académico, más allá de tener admisión a la IES, que en algunas instituciones se limita a la prueba rendida. En el caso de las becas y créditos siempre han existido requisitos académicos para obtener esos beneficios”.