Columna: Apenas poniéndonos al día

Una “Nueva Mayoría en lo Valórico” celebró el senador UDI Iván Moreira cuando la totalidad de la bancada DC votó junto a la derecha en contra de legislar sobre un proyecto de eutanasia y muerte digna. A renglón seguido llamó a reeditar esa misma mayoría en contra del proyecto de aborto del gobierno. Moreira puede ser duro de mollera, pero entiende perfectamente el cuadro: solo la unión de los grupos conservadores en Chile puede impedir el avance de la llamada agenda progresista en materia de derechos civiles y libertades individuales. El 2015 nos dejó esa importante enseñanza. Se trata de una alianza que trasciende las actuales coaliciones –porque sus objetivos modifican el eje ideológico tradicional– y que ostenta poder político suficiente como para seguir retrasando el ingreso de nuestro país a un estado de modernidad cultural.

El año, sin embargo, partió bien para el liberalismo de cuño moral. Al fin se aprobó el Acuerdo de Unión Civil (AUC) que venía prometiéndose hace rato. Lo que pudo transformarse en un golazo en tiempos de Sebastián Piñera –un gobierno de derecha legislando a favor de las minorías sexuales– terminó decantando en lo obvio: un gobierno de izquierda dando (apenas) el primer paso en materia de igualdad de derechos entre ciudadanos de distinta orientación sexual. Piñera podrá culpar a la UDI por bloquear la iniciativa, pero lo cierto es que perdió una oportunidad histórica para redibujar los contornos doctrinarios de su sector y finalmente le dejó la pelota rebotando en la línea a Bachelet. La jefa solo tuvo que empujarla y correr a abrazarse.

Interesantemente, la ciudadanía no le asigna un mérito especial al actual gobierno por la promoción de una agenda de derechos civiles. La mayoría de los chilenos aprueba el matrimonio igualitario, la legalización del aborto ante ciertas causales e incluso la despenalización de la marihuana. Según las encuestas, estas causas despiertan una adhesión mayor que otras banderas de la Nueva Mayoría, como la reforma tributaria o la educacional. Pero cada paso que se avanza en ellas no se traduce necesariamente en mayor apoyo político al oficialismo. Una hipótesis es que la agenda ético-progresista está desanclada de un programa político particular porque tiene vida propia. Esto no quiere decir que izquierdas y derechas piensen lo mismo frente al problema “valórico” ni que debamos ser indiferentes respecto a quién maneja el poder para promover estas batallas. Tiene que ver, sin embargo, con la intuición generacional de que todo lo que estamos haciendo en esta materia es simplemente ponernos al día. Por lo tanto, somos reacios a entregarle un reconocimiento muy efusivo a quienes lo único que hacen es actualizar el software.

El caso de las famosas tres causales de aborto –por indicación terapéutica, inviabilidad del feto o violación- es probablemente el mejor ejemplo. Recientemente, la Alta Corte de Belfast decretó que la ley restrictiva que opera en Irlanda del Norte –que es menos restrictiva que la nuestra– constituye una vulneración de los derechos humanos. En otras palabras, desde la perspectiva liberal, lo que busca aprobarse en el Congreso chileno bastaría solamente para salir del estado de barbarie jurídica que faculta al Estado para perseguir penalmente a mujeres que no están dispuestas a cargar con un deber superogatorio (o con la cruz que Dios les envió, como lo formulaba Jaime Guzmán). En este sentido, los esfuerzos de la DC y el lobby eclesiástico han sido efectivos. Estamos hablando de una ley básica que ya estaba madura en el primer gobierno de Bachelet. Nos encontramos en tierra derecha de su segundo mandato y todavía estamos al aguaite.

Es cierto que la Concertación nunca fue muy liberal que digamos. El bloque progresista siempre estuvo contenido. Momios hay en todos los partidos. Recordemos que Andrade dijo que Chile no estaba preparado para el matrimonio igualitario y que la propia Bachelet incluyó el cannabis en la Lista 1 de peligrosidad. Hablando de marihuana, el autoritarismo todavía campea en la izquierda chilena. La presidenta ha optado por entregarle el Senda a un conocido prohibicionista. Justo cuando estábamos aplaudiendo la apertura del proyecto del gobierno en la materia –que permitía el autocultivo y autorizaba el porte para consumo personal– La Moneda pidió de vuelta los documentos para aplicarles un lifting restrictivo. Mientras tanto, las policías se divierten montando operativos para requisar tres matas. Aquí ni siquiera estamos al día. Al menos, lo estamos conversando. Supongo que eso sirve como consuelo.

Donde hay menos consuelo es en los retrocesos. Aunque sería deshonesto sostener que el control de identidad preventivo aprobado ese año por nuestros honorables es lo mismo que la vieja detención por sospecha, también sería ingenuo desconocer que muchos de sus efectos prácticos son similares. No solo se trata de una medida poco efectiva para combatir la delincuencia. Su principal problema es que incrementa el ámbito de atribuciones discrecionales de la autoridad respecto de una garantía fundamental como la libertad de desplazamiento. Esto sin mencionar que lesiona la igualdad de los ciudadanos ante el ejercicio del poder, pues se trata de una herramienta que por su naturaleza tiende a estigmatizar a ciertos grupos de la población. Toda la derecha y casi toda la Nueva Mayoría votaron a favor. Solo se opusieron en bloque los comunistas y el puñado de parlamentarios liberales que sobreviven en el Congreso. Otra alianza inédita. Aunque el registro histórico del PC con las libertades individuales merece varios reproches, sería injusto decir lo mismo respecto de su compromiso actual con la agenda progresista de los derechos civiles.

¿Y qué pasó con la derecha liberal? A estas alturas da un poco de pudor revisitar esta interrogante. El 2015 fue testigo de una bizantina, pero memorable discusión. Tres de los cuatro partidos que componen la coalición “Chile Vamos” acordaron estipular en su declaración de principios un articulado explícito defendiendo la vida desde la concepción a la muerte natural. Es decir, ni aborto ni eutanasia bajo ninguna circunstancia. El pequeño movimiento Evópoli fue el único que consideró que no era buena idea excluir ipso facto de la coalición a aquellas personas que discreparan en un tema tan puntual. Sus dirigentes ni siquiera estaban abogando por los derechos reproductivos de la mujer, sino apenas por omitir una escritura en piedra. Por semanas, los medios publicaron sendos debates epistolares respecto a si Margaret Thatcher y otros íconos del pensamiento conservador mundial cabrían en “Chile Vamos”. Que el nombre de Thatcher haya operado como umbral ahorra comentarios. Aunque probablemente Evópoli se saldrá con la suya –es demasiado el costo político de mostrarles la puerta– el episodio revela el desequilibrio de fuerzas al interior de la derecha. Aún no sabemos si Evópoli es liberal, pero si lo fuera, tiene la pista pesada con esos socios. Mientras tanto, el negocio lo ha hecho Amplitud. Los pocos liberales que habitaban en RN ahora tienen una alternativa real para emigrar. De hecho, al votar a favor de la eutanasia junto a los senadores del PS y el PPD, Lily Pérez confirmó que tampoco podría estar en “Chile Vamos”. Nada muy terrible, dirá Moreira, en la medida que sigan estando los votos democratacristianos.

*Cientista Político