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Nacional

18 de Diciembre de 2015

Cristián Vargas reaparece con demanda laboral contra el SII y acusando “razones políticas” para su despido

El abogado y ex subdirector jurídico del Serivicio de Impuestos Internos, disparó que su despido del organismo fiscalizador pasó por "mi opinión contraria a las orientaciones y decisiones gubernamentales y de la nueva dirección de SII, en relación con los delitos, especialmente en los casos vinculados con el financiamiento ilegal de la actividad política. Y, a pesar que ya se me había apartado del cargo de subdirector, y, por lo tanto, no tenía injerencia en la conducción de la institución, se optó por castigarme, despidiéndome sin manifestar motivo alguno, en forma arbitraria e ilegal".

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El ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) Crustián Vargas, que acusó las comentadas presiones por parte del Gobierno para frenar la investigación en el caso SQM, reapareció esta vez para presentar una tutela laboral ante el Primer Juzgado de Letras de Santiago, criticando que sufrió despido injustificado y discriminatorio tras 20 años de pega en el organismo.

Según consigna El Mercurio, Vargas aseguró derechamente que “el término del contrato (como abogado asesor de la Subdirección Normativa) se debió a razones políticas” y a su postura crítica en torno a la forma de avanszar en la investigación que dice relación con las platas en el financiamiento de la política.

Cabe recordar que en primer lugar el profesional fue despedido como subdirector Jurídico del SII por las diferencias notorias que mantuvo con el ex director del SII, Michel Jorratt. Tiempo después fue nuevamente contratado por el organismo para desempeñarse como abogado asesor de la Subdirección Normativa, sin embargo, fue despedido el pasado 24 de septiembre por la cabeza del organismo, Fernando Barraza.

Para refrescar la memoria, sobre Vargas se puede decir que cuando fue despedido la primera vez, envió una carta a los funcionarios del SII que practicamente significó una bomba de tiempo para el organismo fiscalizador. En el escrito el jurista reiteró las presiones que el SII estaba sufriendo para no avanzar en la investigación de delitos tributarios en los casos Penta y SQM.

Por su lado disparó que desde el Ministerio de Hacienda e Interior estarían moviendo los hilos para la no presentación de querellas. A su vez criticó el actuar lento de Jorratt y se refirió a las filtraciones que iban a parar al ex ministro Rodrigo Peñailillo desde el Ministerio Público.

Vargas habría dicho que dentro de la información que circuló en ese tiempo, Peñailillo habría recibido detalles de la querella que presentó el 9 de enero el SII en contra del ex subsecretario Pablo Wagner y su cuñada, María Carolina de la Cerda, donde se incluía una boleta emitida a SQM en el 2009.

Pues bien, en la acción que presentó Vargas su despido pasó por “mi opinión contraria a las orientaciones y decisiones gubernamentales y de la nueva dirección de SII, en relación con los delitos, especialmente en los casos vinculados con el financiamiento ilegal de la actividad política. Y, a pesar que ya se me había apartado del cargo de subdirector, y, por lo tanto, no tenía injerencia en la conducción de la institución, se optó por castigarme, despidiéndome sin manifestar motivo alguno, en forma arbitraria e ilegal”.

Añadió que pese a que realizó con éxito una política en materia de delitos tributarios, “cuando emergen los casos de delitos tributarios relacionados con grandes empresas vinculadas al financiamiento de la actividad política (Penta y Soquimich) en los que aparecían involucrados personeros tanto del gobierno como de la oposición, el carácter técnico y autónomo del SII (…) empezó a verse afectado por presiones que apuntaban a que no se ejerciera la acción penal o se limitaran estas acciones”.

“Mi decisión de no aceptar esas presiones, representando al interior de la dirección del SII la inconveniencia para la institución de acceder a requerimientos que respondían a objetivos extraños a los propios del servicio y, luego, la denuncia pública que efectué para frenar los intentos ilegítimos de limitación de las investigaciones en curso provocaron que personeros políticos de distinto signo y autoridades de gobierno se opusieran a mi gestión y se me pidiera mi renuncia”, sentenció.

Cabe decir que el jurista solicita ser indemnizado de once meses de la última remuneración recibida, algo así como 76 palos y medio.

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