El acuerdo transversal para aprobar la gratuidad 2016, a pesar de las críticas del fallo del TC

Aún cuando el texto liberado por el Tribunal Constitucional fue lapidario con los requisitos que puso el gobierno en la glosa de gratuidad, una serie de conversaciones en los días previos con la oposición le permitió al Ejecutivo sacar adelante su principal compromiso para 2016: el comienzo de la gratuidad universitaria.

A través de un proyecto de “ley corta” que se conversó desde la semana pasada con parlamentarios de la Nueva Mayoría y de oposición que precisamente impugnaron el beneficio ante el TC, el Ejecutivo logró no dejar fuera de la gratuidad a ninguna universidad estatal, exigir requisitos de calidad y que no exista lucro directo o indirecto en las universidades privadas para que accedan a este mismo beneficio y aumentar la cobertura de becas para estudiantes de centros de formación técnica e institutos profesionales.

Una salida menos compleja que las que se especularon durante la semana pasada y que logró sumar apoyos del Consejo de Rectores, prácticamente la totalidad de la Nueva Mayoría, la denominada “bancada estudiantil” y, sobre todo, a los parlamentarios de Chile Vamos que llevaron al tribunal a declarar los requisitos de la glosa de gratuidad como “discriminación arbitraria”.

En definitiva, sólo con la excepción de los dirigentes estudiantiles, todo los actores intervinientes en este debate acabaron contentos.

Irracional

Durante la semana pasada, el Ejecutivo desplegó a los ministros del Comité Político para buscar vías de acuerdo en el Congreso que le permitieran dar una salida al callejón oscuro que les dejó el fallo del TC.

Al correr los días, la fórmula que contemplaba aplicar como requisito sólo la acreditación por 4 años mínimo no sólo fue resistida por el ala más progresista de la Nueva Mayoría, sino que motivó una crítica descarnada por parte de los rectores de universidades estatales y la movilización de los estudiantes que se verían afectados.

Y el Gobierno, incluida la propia Presidenta Bachelet, se encargó de decir que el mecanismo no sería revelado hasta que conociera en extenso el contenido del fallo. Eso ocurrió recién ayer pasadas las 17:30 horas, cuando el TC le envió el texto completo a los requirentes. A esa altura, eso sí, el Ejecutivo ya contaba con un pre-acuerdo con la oposición bajo el brazo.

Por eso, a pesar de que el documento ocupó duros términos para el actuar diferenciador del Ejecutivo, señalando que la exclusión de estudiantes de los planteles fuera del Cruch dañaban el mandato constitucional de igualdad ante la ley y que no existía racionalidad en la diferencia de trato, la ministra de Educación anunció el ingreso del proyecto de ley varias horas antes de que se liberara la sentencia de 192 páginas contra la glosa.

“Resulta inentendible, por tanto, que si la finalidad declarada de la ley es otorgar gratuidad a los alumnos vulnerables, se escoja para ello un medio o factor de distinción que tiene por efecto excluir aproximadamente a la mitad de los sujetos que se pretende beneficiar. Como es evidente, dicha elección no satisface la exigencia de racionalidad mínima y convierte a la diferencia establecida por el legislador en arbitraria. Este criterio tampoco es adecuado en relación a la finalidad de asegurar la calidad de la educación recibida por los estudiantes vulnerables en forma gratuita”, dice el fallo.

El segundo criterio impugnado era el de establecer cuatro años de acreditación, el que para la mayoría de los ministros sí constituía una elemento objetivo para determinar la calidad de las universidades. Sin embargo, una vez más distinción entre Cruch y fuera del Cruch fue lo que inclinó la balanza.

Sin embargo, la sentencia señala que el problema de constitucionalidad se produce porque su aplicación no se realiza a todos los sujetos que se encuentran en la misma situación. “Nuevamente, si la finalidad del legislador es que los alumnos que se beneficien por la gratuidad obtengan educación de calidad, no se entiende que elija un factor de diferenciación que permite que un porcentaje relevante de aquellos estudie en universidades que no pueden proveerla”, dice el documento.

Finalmente, sobre el requisito de triestamentalidad (representación de funcionarios y estudiantes en el gobierno universitario) los ministros señalaron que ese punto no tenía conexión directa con la finalidad de otorgar gratuidad a alumnos vulnerables ni con asegurar calidad de la educación.

Con todo esos argumentos, los ministros respaldaron la votación del pasado jueves 10 de diciembre que declaró discriminación arbitraria en la glosa presupuestaria.

Por su parte, los ministros de la “minoría”, argumentaron a favor de las universidades del Cruch que éste es un organismo creado por ley y que tiene formas de financiamiento distintas “históricas”, además de una carga por seleccionar a sus estudiantes sólo por el sistema de postulación de la PSU y no admisión abierta como en los demás planteles.

Además, el documento señala las universidades estatales que no contaban con 4 años de acreditación que se verían perjudicadas por la baja en los recursos para becas – tras el traspaso de dineros desde ese ítem a la glosa de gratuidad- por lo que quedándose fuera del beneficio también serían damnificadas al tener que postular a becas.

Además, señalaron que el requisito de no lucro ya está establecido en la ley, por lo que ese principio debe respetarse en todo momento. “El propósito de estos fondos es asegurar el derecho a la educación de los alumnos vulnerables, no la utilidad de los dueños de las instituciones que provean el servicio”, dice el texto.

La fórmula inicial

La fórmula había sido presentada a los presidentes del PS, PPD y DC el domingo en la noche en la casa de la Ministra Delpiano. En esa instancia, a la que también asistió Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés, los ministros aseguraron que el proyecto contaba con el apoyo de la oposición y que, por lo tanto, no existiría riesgo de que fuera impugnada nuevamente ante el TC.

Ayer, a pesar que después del Comité Político en La Moneda, el Gobierno anunció que ingresaría el proyecto de ley corta antes de conocer el texto completo del fallo del TC, finalmente lo hicieron minutos después de ser liberado cerca de las 18:00 hrs. En gran medida, señalaron los parlamentarios de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, porque la fórmula dada a conocer satisfacía a los sectores más críticos del oficialismo y al mismo tiempo le otorgaba un pequeño triunfo a la oposición.

A eso de las 13:30 horas, algunos integrantes de la comisión de Educación de la Cámara ya se mostraban contentos con lo anunciado y anunciaban su aprobación. En esa línea, la presidenta de dicha comisión y una de las más críticas durante la semana anterior, la diputada Camila Vallejo, celebró esa fórmula.

“Me parece que va en la línea de lo que conversamos con la ministra, que le presentamos a distintos ministerios del Gobierno, lo que conversamos con los rectores de las estatales, y que además permite garantizar que el 2016 va la gratuidad, que entran todas las instituciones del Cruch y entran otras instituciones privadas dentro de un marco regulatorio”, dijo la también ex dirigente estudiantil.

El mecanismo, además, era el más cercano a lo que compartió en privado la ministra de Educación y sus asesores en los días posteriores al fallo e incluso durante los meses anteriores, mucho antes de que la derecha recurriera al TC.

Algunos parlamentarios consultados por The Clinic Online señalan que, por ejemplo, en octubre pasado la ministra Delpiano comentó que su idea era hacer una distinción entre universidades estatales y privadas, en el marco del impulso del Gobierno a reforzar la educación pública. Justamente lo que vino a hacer la denominada “ley corta”.

Además, en entrevista con este medio antes de conocer el fallo, la titular de Educación señaló que no molestaban la entrega de becas a CFT e IP e insistió en que la opción de que universidades estatales quedaran fuera del acuerdo podría representar una precedente “funesto” para el futuro.

Ayer, la ministra habló en nombre del Gobierno y dijo que se encontraban “contentos de poder partir con este esfuerzo y hemos encontrado la mejor disposición del congreso para tramitarlo en tiempo récord y tener el miércoles totalmente tramitada la ley. Conversamos con todos los sectores políticos, creemos que da garantía a todas las partes”.

El ministro Eyzaguirre, por su parte, dijo que no podía asegurar lo que hiciera la oposición pero junto a Delpiano “hemos trabajo y chequeado con distintos sectores, aunque no puedo hablar por la oposición, que existe bastante conformidad con estos criterios que aseguran gratuidad dependiendo del nivel socioecónomico, de calidad y buen uso de los recursos públicos, que no sean controlados por sociedades comerciales”.

De esa forma, fuentes en el Congreso comentaron que la fórmula de aplicar 4 años de acreditación cómo único requisito, mecanismo socializado por la Segpres y Hacienda la semana anterior, fue sólo una “pantalla” para aunar a los sectores más críticos y asegurar el financiamiento a todas las universidades del Cruch, sin distinción.

Cayó la teja

Con el acuerdo prácticamente cerrado ayer, esta mañana los presidentes, secretarios generales, jefes de bancada e integrantes de las comisiones de Educación de la Cámara y el Senado, Chile Vamos se reunirá para zanjar su postura frente al proyecto de ley corta.

Eso sí, ya ayer el presidente de RN, Cristián Monckeberg, y el principal requiriente de la UDI, el diputado Jaime Bellolio, mostraron su satisfacción con el proyecto de ley ingresado por el Gobierno. “Yo creo que hay sentido común y sensatez y estamos avanzando en eso. Yo personalmente lo voy a empujar, porque creo que es un acuerdo razonable, bueno, en un tiempo en que el país necesita de buenos acuerdos en estas materias”, dijo Monckeberg.

Por su parte, el diputado Jaime Bellolio -que ayer se reunió incluso con el rector de la Universidad de Chile- adelantó que durante la comisión de Hacienda pudo revisar el proyecto y se mostró conforme con que al Ejecutivo “le haya caído la teja”.

“Nos parece que ha vuelo el sentido común. El sentido común es que no sea la plata la que deje afuera los estudiantes de la educación superior. La glosa anterior era tramposa porque hacía discriminación arbitraria. Se dijeron muchas cosas, hoy día lo que se esta cumpliendo es que hay más estudiantes beneficiados, no hay discriminación arbitraria y se regula la calidad, esos tres requisitos son sustantivamente importante y están mejorados”, dijo el parlamentario por San Bernardo.

Así, de cumplirse los plazos estimados por el Gobierno, el miércoles podría emanar la ley corta y se anunciaría la lista de instituciones a las que podrán optar los estudiantes para acceder a la gratuidad. Allí se podría abrir un nuevo flanco, eso sí, de integrar instituciones que han sido investigadas por lucro, como la Universidad Andrés Bello (miembro del cuestionado grupo Laureate) u otras de las denominadas “cota mil”.

Pero ahora, en el Gobierno y la oposición parece haber un consenso que llevaría a ejecutar sin problemas la gratuidad para 178 mil estudiantes desde marzo próximo y el aumento de becas para 144 mil estudiantes de centros de formación técnica e institutos profesionales.

A las 21:00 hrs la Comisión de Hacienda, en la que estuvieron presentes integrantes de la Comisión de Educación, discutió en detalle la cifras que contempla la nueva ley corta. La exclusión de la gratuidad de los CFT e IP, que ahora sólo serán beneficiados mediante becas que tienen requisitos, fue tema de debate entre los parlamentarios de la NM y la oposición.

Las críticas del oficialismo, como resultado del fallo del TC, se centraron en que la nueva ley corta aumentará el potencial alcance de beneficiados en las universidades privadas e irá en desmedro de la educación técnica profesional.

Finalmente, a las 22:25 hrs. el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión y hoy será discutido en la Cámara Baja.