El acuerdo entre el gobierno y la derecha que da luz verde a la ley corta de gratuidad

Tras tres jornadas de intensas negociaciones entre la Nueva Mayoría y la derecha este mediodía se cocinó un acuerdo para aprobar la Ley Corta de Gratuidad en la educación superior 2016.

En la sala del comité socialista del Senado, el Ejecutivo redactó un serie de indicaciones que permiten a ambas coaliciones quedar conformes una vez que el Congreso despache el proyecto, según contaron a este medio fuentes del Parlamento

Las negociaciones partieron ayer en la noche después que la Comisión de Hacienda del Senado aprobara en general la iniciativa. En esa instancia, el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, llamó a los parlamentarios de Chile Vamos, en reiteradas oportunidades, a buscar un consenso.

Finalizada la reunión, los senadores del oficialismo, Carlos Montes, Ricardo Lagos Weber y Andrés Zaldívar se reunieron hasta cerca de la medianoche con los ministros de Educación, Adriana Delpiano; de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre; y de Hacienda, Rodrigo Valdés, en un salón anexo de la Cámara Alta. Posteriormente, Valdés e Eyzaguirre se quedaron tirando líneas para terminar de definir los términos de la propuesta.

El contenido de este acuerdo fue compartido con los senadores de la derecha, Juan Antonio Coloma, Andrés Allamand y Ena von Baer durante la mañana.

El detalle de las indicaciones incluye un artículo transitorio para que en un plazo de tres años, a contar de 2016, los Centros de Formación Técnica (CFT) y los Institutos Profesionales (IP) alcancen la gratuidad, algo que estaría contemplado en la ley larga.

Para el próximo año, en tanto, se produce una reasignación de dineros no ocupados desde la beca Nuevo Milenio II a la Nuevo Milenio III, que incluye a los CFT e IP acreditados por cuatro años. De de esa forma, la idea es acercarse lo más posible al arancel completo, disminuyendo la cantidad del copago.

Estos puntos eran dos de los tres requisitos que exigía Chile Vamos para aprobar la ley y no acudir nuevamente al TC, tal como amenazó ayer luego de que el texto saliera de la Cámara.

Pero además, el Gobierno añadió un beneficio para la universidades estatales, el que implica un aumento de los recursos para mejoras de calidad de dichos planteles, cifra que sube de 2.500 millones a 5 mil millones de pesos. Este monto saldría de los dineros destinados a la gratuidad de los establecimientos privados que no adhieran al beneficio.

De esta forma, ambas coaliciones saldrían victoriosas después de arduas negociaciones tanto en la Cámara como en el Senado.

Con esto, la ley sería despachada durante esta tarde y se cumplirán los plazos para dar a conocer las instituciones beneficiadas antes del domingo, día en que se publican los resultados de la PSU y se inician las postulaciones.

Reacción de la NM

A través de una declaración pública, los parlamentarios del oficialismo indicaron que “reiteramos nuestra convicción de avanzar hacia la educación como un derecho social. Por lo anterior, reafirmamos nuestra voluntad y absoluto compromiso con la construcción de un sistema de educación gratuito de calidad”.

Además, y haciendo referencia al aspecto de la ley que en esta pasada dejó fuera del beneficio a los CFT y los IP, apuntaron a que “lamentamos que la consecuencia de dicho fallo (TC) los haya afectado”.

“Este es un sector relevante, no sólo para la cantidad de estudiantes y trabajadores que asisten a él, sino por su aporte al desarrollo” del país.

Finalmente, indicaron que valoraban el esfuerzo del gobierno para incluir en el breve plazo a estos establecimientos en la gratuidad, así como destacaron el aumento en los montos de las becas que ase asignarán a los estudiantes de esos planteles.

“Reafirmamos nuestra solicitud, planteada en la Cámara de Diputados, en orden a incrementar los fondos para este sector durante el segundo semestre de 2016 de conformidad a la disponibilidad presupuestaria”.