Educación Superior: Gobierno aprueba gratuidad en 2016 tras negociar con la oposición

Tras dos semanas de incertidumbre luego del fallo del Tribunal Constitucional, e intensas negociaciones en los últimos días en los pasillos del Congreso, ayer el Ejecutivo logró sacar adelante la denominada ley corta para garantizar la gratuidad a partir de 2016. Una salida que dejó satisfecho tanto al oficialismo como a los parlamentarios de oposición que impugnaron la glosa presupuestaria. Finalmente se acordó gratuidad para 178 mil estudiantes de educación superior y becas Nueva Milenio para 144 mil estudiantes de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

A las 16:18 horas de ayer, entre aplausos y festejos navideños, la Cámara de Diputados aprobó en tercer trámite las indicaciones que introdujo el Senado a la ley corta y que fueron negociadas con la derecha para impedir que acudieran nuevamente al TC, tal como habían amenazado el martes en la tarde. Con este último trámite legislativo aprobado, la gratuidad se convirtió en ley, lo que fue calificado como un hito histórico por el oficialismo.

“Después de tres décadas la gratuidad vuelve a nuestro país, lo que dijo la Presidenta Bachelet tras el fallo de TC es realidad: la gratuidad va. Lo que queremos decirles a las familias y a los estudiantes de Chile es que van a tener claridad completa respecto a la gratuidad en la educación superior. Hemos cumplido el compromiso de transformar la educación en lo que debe ser: un derecho social garantizado”, afirmó el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz tras días oscuros para el Ejecutivo.

Al concluir, ambas coaliciones se disputaron el triunfo de otorgar este beneficio a más estudiantes de educación superior: por un lado, la derecha, con el recurso al TC y la búsqueda de un trato igualitario para los estudiantes técnico profesionales; y, por otra parte, la Nueva Mayoría, acusando a la oposición de obstaculizar la gratuidad acudiendo al organismo constitucional y de disminuir la cantidad de beneficiados con ese sistema.

La receta de Zaldívar

La noche del miércoles, tras la aprobación en general de la ley corta en la Comisión de Hacienda del Senado, los senadores de la Nueva Mayoría Ricardo Lagos Weber, Carlos Montes y Andrés Zaldívar se reunieron hasta cerca de la medianoche con los ministros Rodrigo Valdés, Nicolás Eyzaguirre y Adriana Delpiano, en uno de los salones de la Cámara Alta.

Durante esa reunión, Zaldívar, como presidente de la Comisión de Hacienda, propuso las líneas generales de la fórmula para contentar a la derecha y darle salida a la ley corta durante la jornada del miércoles. Por esta razón, algunos de sus colegas y funcionarios de gobierno que conocieron las negociaciones, lo ungieron -en privado- como el “masterchef” por sus habilidades en la cocina del Parlamento.

La receta del senador DC constaba de dos indicaciones y un artículo transitorio en la ley corta, lo que fue compartido durante la mañana de ayer con los senadores de la oposición que se habían mostrado más duros y amenazaban con recurrir nuevamente al TC: el RN Andrés Allamand y los UDI Juan Antonio Coloma y Ena von Baer.

Pero ayer, fue el mismo senador Coloma quien reconoció que con las nuevas indicaciones se generaban mejores condiciones para los CFT e IP y que, por lo tanto, la oposición desistiría de ir al Tribunal Constitucional. Con eso, el Gobierno se aseguraba el triunfo de la ley corta porque contaba con mayoría en ambas cámaras para aprobar el proyecto.

Aún así, los senadores de la oposición optaron por abstenerse. “Valoramos el esfuerzo que ha hecho el Gobierno por intentar cumplir con el fallo del TC con las indicaciones que presentó en la mañana, pero queremos darnos más tiempo para revisarlas y por eso nos hemos abstenido”, explicó a The Clinic Online el senador García Ruminot.

En privado, influyentes senadores de la UDI reconocieron que la voltereta de la derecha al aprobar el día martes la ley corta en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, fue un error de dichos parlamentarios, los que se habrían precipitado y dejado llevar por el entusiasmo. Por eso, el miércoles, a primera hora, se le hizo un llamado al orden para que, por un lado, volvieran a plantear la inconstitucionalidad y por otro, para tener margen de negociación con el oficialismo.

Lo que había solicitado la oposición es que quedara por escrito que los CFT e IP pudieran acceder a la gratuidad en un plazo de tres años máximo y que en caso de haber recursos sobrantes, estos fueran reasignados a mejorar las becas para llegar a un umbral de “gratuidad” por esa vía.

Según los parlamentarios de derecha, el punto de inflexión fue que el artículo transitorio quedara consignado en la ley corta como una obligación del Estado a traspasar a los CFT e IP beneficiados con becas el próximo año al sistema de gratuidad en el futuro. Es decir, a “no discriminar”.

Pese a esto, el oficialismo celebró que este punto no los hizo ceder terreno ya que, desde su perspectiva, estaría considerado en la ley larga de Educación Superior, que debería ser ingresada en los próximos días por el Ejecutivo. Eso sí, varios parlamentarios oficialistas han insistido en reconsiderar el plazo e ingresar la reforma en marzo próximo.

A eso se suma una segunda indicación que estipula que en el segundo semestre del 2016 habrá una reasignación de los dineros no ocupados desde la beca Nuevo Milenio II a la Nuevo Milenio III, que incluye a los CFT e IP acreditados por cuatro años. De esa forma, la idea es acercarse lo más posible al arancel completo, disminuyendo la cantidad del copago.

Ambas medidas respondieron a las exigencias que hizo Chile Vamos en la jornada del miércoles. Pero el Gobierno aprovechó la negociación para introducir una mejora en vías de fortalecer las universidades estatales. Esta consiste en que, en caso de que adhieran menos universidades privadas a la gratuidad 2016, los recursos que sobren pasen al pozo de $2.500 millones.

Una vez aprobadas las indicaciones en el Senado y despachada la ley, ésta volvió a la Cámara de Diputados donde obtuvo un respaldo cerrado tanto de la Nueva Mayoría como de la oposición con 92 votos a favor, dos en contra y una abstención. De esa forma, el Gobierno ahora podrá anunciar la lista oficial de instituciones que obtendrán el beneficio unos días antes de la publicación de resultados de la última PSU.

Los beneficiados con gratuidad y las becas

¿Cómo queda el panorama en cifras? Primero, los recursos que habían sido asignados a la glosa de la gratuidad son los mismos: cerca de $517 mil millones. Con el fallo del TC, la ley corta y las posteriores indicaciones en ambas cámaras, lo que el Gobierno hizo fue una re distribución de los dineros.

Hasta antes de la impugnación en el TC, los estudiantes que accederían a la gratuidad eran 208 mil en total. De ellos, 50 mil correspondían a estudiantes de CFT e IP. Además, se complementaría con becas Nueva Milenio por $700 mil  para 144 mil estudiantes de educación técnica profesional. Pero el fallo determinó que la glosa contenía discriminación arbitraria.

Por ello, el Ejecutivo decidió redactar una ley corta para reasignar los recursos. Ahora serán 178 mil estudiantes universitarios de los cinco primeros deciles (hasta $154.166 per capita por familia) los beneficiados con la gratuidad; es decir, 30 mil menos que los contemplados originalmente.

Los beneficiados serán los estudiantes de 16 universidades del Estado, que están obligadas a adherir, más las universidades privadas tradicionales -que pertenecen al Consejo de Recortes-, y cuyo reclamo originó una indicación para precisar que las fundaciones sin controladores también estaban contempladas. Junto a ellas están las universidades privadas que no pertenecen al Cruch, pero que cumplen con el requisito de cuatro años de acreditación y que son sin fines de lucro y tengan interés de acogerse al beneficio. De estas últimas ya anunciaron que se incorporarán la Universidad Católica Silva Henríquez, la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado.

En tanto, para los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales el número de beneficiados será de 144 mil estudiantes. Antes de la impugnación en el TC, 50 mil de ellos estudiarían gratis. Posteriormente, con la ley corta se optó por mejorar la Beca Nuevo Milenio II con $850 mil  para los CFT e IP acreditados y que no tengan fines de lucro o que manifiesten su voluntad de pasar a ser sin fines de lucro.

Tras una indicación de la Cámara de Diputado, la Beca Nuevo Milleno III pasó de 850 a 900 mil pesos para los CFT e IP que tengan cuatro años de acreditación. Los principales beneficiados serán los estudiantes del Duoc e Inacap.