Transantiago: El proceso por estafa y apropiación indebida que pesa sobre los principales operadores chilenos

*Foto de Juan Pinto Zamorano.

Un acuerdo de tres exdirigentes microbuseros para apoderarse del patrimonio de la Asociación Gremial Metropolitana de Transporte de Pasajeros (AGMTP) repartiéndose las líneas de buses del entonces futuro Transantiago, firmado el viernes 10 de diciembre de 2004 en las antiguas oficinas ubicadas en el edificio de Catedral 1712, en Santiago Centro, es una de las principales pruebas que le permitió a la jueza Claudia Salgado del 34 Juzgado del Crimen de Santiago someter a proceso a siete de los principales controladores de empresas operadores del servicio de transporte capitalino por el delito de estafa y apropiación indebida.

Una victoria para los micreros querellantes, comandados por el empresario microbusero y actual presidente de la Asociación Gremial Metropolitana de Transporte de Pasajeros (AGMTP), Luis Vargas Pavez, quien inició acciones penales contra algunos de los principales controladores del sistema de transporte público capitalino, entre ellos el principal accionista de METBUS y Buses Vulé, el empresario Juan Pinto Zamorano; y el accionista mayoritario de STP Santiago, Jorge Gómez Pérez. Estas tres empresas hoy tienen 160 de los 368 servicios de todo el sistema, más del 40% del total del Transantiago.

Ambos, junto al ex dirigente y empresario microbusero que paralizó Santiago en agosto de 2002, Manuel Navarrete Muñoz, suscribieron un acuerdo para repartirse el negocio adjudicado por licitación a dos sociedades formadas por los ex micreros en el nuevo sistema, y que se suponía sería la forma de mantener a los dueños de micros amarillas en el rubro.

Un documento que, sumado a una serie de antecedentes entregados por los querellantes y los propios denunciados, sirvió para que la jueza declarara reos a los antes mencionados y a Luis Barahona Moraga (gerente general de STP), Luis Valdés Vallete, Miguel Herane Escaff y Gabriel Mallia Valdebenito, fijando una fianza de 10 millones de pesos para cada uno por apropiarse de acciones y bienes raíces que pertenecían a la asociación gremial que los reunía.

LA COLUSIÓN

Según señala la jueza Salgado, en la investigación se encuentra justificado que durante los años 2004 y 2010 “diversos individuos vinculados al rubro del transporte público de pasajeros, ejecutaron y/o celebraron una serie de actos jurídicos y/o contratos, aparentemente revestidos de legalidad, tales como venta o traspaso de paquetes accionarios, giros de cheques, compraventa de bienes raíces, ventas de flujos futuros y resciliaciones de contratos de prestación de servicios, entre otros, que no tuvieron otro objeto de desviar el patrimonio con que hasta esa fecha contaba la Asociación Gremial Metropolitana de Transporte de Pasajeros o A.G.M.T.P.”.

De esa forma, dice la jueza, los empresarios fueron quedándose con las acciones de las sociedades que formaban las empresas de transporte Buses Gran Santiago S.A., Buses Metropolitana S.A., Huelen S.A., y La Capital S.A., todas ellas creadas con dinero efectivo y bienes inmuebles aportados por los antiguos micreros con el objeto de postular al Transantiago.

Dichas empresas tenían directorios distintos, pero administración conjunta, de tal modo que cualquiera de ellas que se adjudicara una unidad de negocios o troncal en el nuevo sistema, repartiría el trabajo con todos los asociados. Así no quedarían fuera del negocio de sus vidas.

Tras el bloqueo general del transporte ocurrido el lunes 12 de agosto de 2002, que paralizó por completo a Santiago y por el que el gobierno de Ricardo Lagos invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado contra sus principales dirigentes, los empresarios microbuseros idearon ese plan para mantenerse en la industria.

Así nacieron dichas sociedades, quienes participaron en la primera licitación del nuevo sistema de transporte público para la capital. De esa forma, durante el año 2005, Buses Gran Santiago S.A. se adjudicó la Unidad Troncal nº 3 (correspondiente a los recorridos número 300) y Buses Metropolitana S.A. se adjudicó el troncal nº 5 (correspondientes a los números 500). A ello se sumaron seis unidades alimentadoras, líneas que acercan a los usuarios a las diferentes estaciones del Metro.

Nada malo para los operadores del sistema antiguo, quienes podrían seguir operando con las micros “enchuladas” mediante contratos de leasing con las sociedades concesionarias y participar accionariamente en dichas empresas. Según relata Luis Vargas, cada microbusero aportó 100 mil pesos por cada bus y aceptaron el alza de precios de boletos que entregaba la asociación gremial, de 5 mil a 20 mil pesos por rollo, para crear las sociedades y cubrir los costos de implementación.

Además, las entidades gremiales que conformaban la AGMTP (Ovalle Negrete, Matadero Palma y otras) aportaron también con bienes raíces y aceptaron un descuento por planilla de 100 mil pesos mensuales para crear un pozo común de dinero, una vez adjudicadas las líneas.

Sin embargo, al correr los años más de 2.800 microempresarios fueron quedándose fuera del sistema en un plazo de seis años y sin los paquetes accionarios que les correspondían de las empresas formadas en conjunto.

“Esta determinación delictiva fue adoptada por los querellados organizándose para tales efectos, proveyéndose de documentación falsa y engañando a muchas personas durante su existencia, por cuanto el propósito de estos engaños era la apropiación o sustracción patrimonial de terceros, fuera en pequeñas o grandes cantidades, pues usando la fachada de la asociación gremial y sus sociedades podrían realizar estas acciones, pretendiendo que se trataba de acciones propias del quehacer gremial y de las sociedades de transporte, que favorecerían nuestra actividades como pequeños empresarios del transporte, factor de engaño suficiente para ocultar sus propósitos delictivos de apropiarse de dineros y bienes de terceros, aparentando situaciones legítimas, que sus autores sabían no eran reales”, señala el documento.

Dicha colusión, a juicio de los querellantes, queda reflejada en el documento de acuerdo fechado el 10 de diciembre de 2004 con las firmas del entonces presidente de la asociación gremial, Manuel Navarrete Muñoz, y los dirigentes microbuseros Jorge Gómez Pérez y Juan Pinto Zamorano, en el que suscriben un acuerdo que aparentemente favorecería a todos los asociados de las gremios que entonces representaban, distribuyéndose los cupos que se obtuvieran en conjunto en la licitación, proporcionalmente en relación a la cantidad de buses que tenía cada entidad gremial.

Según consta en la investigación que llevó adelante la jueza Claudia Salgado, el propio Navarrete reconoció e hizo entrega de una fotocopia de ese acuerdo, el que fue protocolarizado ante un notario público en junio de 2012 y al que tuvo acceso The Clinic Online.

En el escrito aparecen las firmas de los empresarios antes mencionados y se detalla la repartición que harían supuestamente para las asociaciones de micros que representaban: Jorge Gómez a STP Santiago S.A., con 550 buses y 16,38% del negocio; Juan Pinto lo hizo a nombre de La Montaña S.A., Los Halcones de Tulahuen S.A. y Comercial Nuevo Milenio, con 780 buses y 23,29% del negocio; y Manuel Navarrete a Buses Huelen S.A., Buses Metropolitana S.A., Buses La Capital S.A. y Buses Santiago S.A., con 2.500 buses y un 60,32% del negocio.

Para los querellantes, un acuerdo que si bien en el texto señala buscar la licitación de recorridos para ocupar las plazas de todos sus asociados, en los años posteriores dio cuenta de una una serie de convenios, ventas de acciones y traspaso de bienes para apoderarse de las empresas y quedarse con el negocio.

“Y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias porque creemos que la autoridades del gobierno tendrán algo que decir porque no pueden estar entregándole servicios a pulso, por muy buenos operadores que sean, porque con la plata que reciben no pueden ser malos operadores. Usted ve que los terminales no están buenos, la gente de población sufre, porque está mal diseñado el Transantiago pero mientras está esta gente, no se preocupan. Ellos se han hecho ricos a costillas de esto”, dice Vargas.

El empresario alude a lo ocurrido con la línea 213e, que era controlado por la empresa “extranjera” Subus. En noviembre pasado el Ministerio de Transportes decidió quitarle ese servicio y asignárselo a STP Santiago, controlada por Gómez, por la mala calidad del servicio.

En esa oportunidad, el ministro Andrés Gómez Lobo señaló que “los contratos permiten esa reasignación y hemos utilizado las cláusulas del contrato con el fin de mejorar los servicios y le permite a la empresa que cede el servicio concentrarse en los que le quedan para mejorar su operación”.

El anuncio fue realizado un día antes que la jueza Salgado dictara el procesamiento.

EL MEJOR OPERADOR

En 2005, Buses Metropolitana S.A. (hoy controlada por Juan Pinto Zamorano) fue una de las empresas ganadoras obteniendo la Unidad de Negocios Troncal nº5 y la zona J, que comprende los ejes de Francisco Bilbao, Avenida Matta, Avenida Grecia, Blanco Encalada, 5 de Abril y Pajaritos, entre otros. Se caracterizan por ser las de color verde claro y verde agua.

Actualmente METBUS es la empresa mejor evaluada del Transantiago. En el último ranking de calidad del servicio de empresas concesionarias tiene índices de frecuencia superiores al 98% y de regularidad arriba del 83%, y es destacada por haber obtenido el primer lugar en los 13 rankings realizados trimestralmente por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

En su página web señalan que a la fecha cuentan con 928 buses de alto estándar, 14 terminales y 3.500 trabajadores, que operan entre la zona oriente y poniente de la capital, abarcando las comunas de Maipú, Pudahuel, Cerro Navia, Lo Prado, Estación Central, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, Macul, Lo Barnechea y Peñalolén.

Según constata la querella, en 2006 la asociación gremial de microbuseros tenía el 86% de su capital. Juan Pinto Zamorano tenía en esa oportunidad 8,4% de las acciones. Ahora la empresa es conocida como METBUS y Pinto Zamorano es su representante legal y gerente general, controlando la empresa a través de Inmobiliaria e Inversiones Mejores Tiempos Ltda. con un 36,57% y con Inversiones Palma Chilena S.A. con 21,57%.

Dentro de la participación accionaria también se encuentra Buses Huelén S.A. con 10,44% (antes de la asociación gremial y que hoy pertenece mayoritariamente a Luis Valdés Vallette, Miguel Herane y Thomas Quiroz Leaman), Inmobiliaria Costa Azul S.A. con 8,96%, Miguel Herane Escaff con 4,53%, y otros accionistas con menos de 1% cada uno.

Consultados por esta situación, desde METBUS contestaron a The Clinic Online que “Gabriel Mallia y Juan Pinto han sido involucrados infundadamente, en una acción judicial respecto de cuyos hechos no tienen participación alguna. Tanto es así, que la querella que les afecta como el auto de procesamiento que les imputan, hacen referencia a hechos cometidos en la administración en la Asociación Gremial Metropolitana de Transportes de Pasajeros entre los años 2004 y 2010”.

Según la empresa, Mallia y Pinto se retiraron de la AGMTP en abril del año 2001, “precisamente por existir diferencias irreconciliables con aquellos dirigentes gremiales”.

Luego de este alejamiento, constituyeron junto a otros 600 empresarios la Federación de Transportes Siglo XXI, la cual se caracterizó por ser una Federación gestionada de manera esencialmente técnica y buscando la profesionalización de la actividad”, señalan.

Sobre el documento que probaría la colusión, METBUS señaló a este medio que “ha quedado demostrado que dicho documento no tuvo ninguna importancia en los resultados de la Licitación de 2004; es más, Juan Pinto en términos reales perdió la propuesta más importante que realizó”.

Finalmente, la empresa respondió que la situación no debería afectar a METBUS, ya que desde que se incorporaron Mallia y Pinto a la dirección de la empresa -antes llamada Buses Metropolitana- la empresa “ha cumplido rigurosamente el contrato firmado con el Ministerio de Transportes”.

EL ROL DE NAVARRETE

Tras pasar 20 días preso y ser condenado a tres años y un día de cárcel con pena remitida por atentar contra el libre desplazamiento de los ciudadanos, junto a lo demás dirigentes microbuseros que comandaron el paro de 2002, Navarrete siguió a la cabeza de la asociación gremial y llevó adelante, según consta en los diversos documentos, el traspaso de acciones en beneficio de Juan Pinto Zamorano, Jorge Gómez Pérez y otros empresarios.

En la querella presentada por el abogado Héctor Concha Humeres, en representación del empresario Luis Vargas, constan escritos que muestran que Navarrete pagó 10.213 acciones de Buses Metropolitana S.A. en representación de Inmobiliaria e inversiones La Primavera Ltda. -también propiedad de la asociación gremial- con el inmueble Resto Hijuela Fundo La Primavera, en Frutrono, Valdivia.

El terreno fue avaluado en 1.151.000.000 pesos, lo que a juicio de los querellantes excede enormemente su valor real. Además, esas mismas acciones después fueron vendidas por Navarrete a STP Santiago, de propiedad de Jorge Gómez Pérez.

Según los acusadores, Pinto Zamorano también pagó 6.769 acciones de Buses Metropolitana S.A. con la entrega de una parcela, un lote y una casa en Maipú, más un departamento en Avenida Pocuro, en la comuna de Providencia. Todo ello fue avaluado en 720 millones de pesos, lo que también excedería su valor real.

Finalmente, Luis Valdés Vellete -otro de los empresarios procesados- entregó propiedades agrícolas de Coihueco, en la Región del Maule, para pagar un paquete accionario de Buses Metropolitana. De esta forma, los estos dirigentes adquirieron acciones de dicha empresa a valores muy superiores, haciéndose con el control de ella.

Pero con Navarrete a la cabeza, la asociación gremial además sufrió importantes pérdidas de ingresos. Según consta en la documentación entregada a la jueza Salgado, el 10 de marzo de 2008 el empresario microbusero suscribió en representación de la AGMTP -sin tener facultades para ello- una promesa de cesión de acciones de la sociedad anónima Buses Metropolitana S.A. con la empresa Servicios de Transporte de Personas de Santiago (STP Santiago S.A.) por 2.535 acciones pagadas y 624 por pagar por un precio de 296.595.000 pesos.

Los dineros pagados tampoco llegaron. La promesa de cesión, dice la querella, quedó sujeta a la condición de aprobarse y autorizarse la operación por la empresa Mercedez Benz do Brasil Ltda., acreedora prendaria de las acciones. Además, según el mismo texto legal, fue Juan Pinto Zamorano quien autorizó el traspaso de acciones desde la asociación gremial a STP Santiago S.A..

Luego, en junio de 2008, Buses Metropolitana informó a la SVS el traspaso de 3,7% de las acciones de la AGMTP y el 15% de las acciones de Inmobiliaria e Inversiones La Primavera Ltda. a STP Santiago S.A.

De esa forma, en 2009 el directorio de dicha empresa quedó formado por cinco de los empresarios hoy procesados: Miguel Herane Escaff, Gabriel Mallia Valdebenito, Juan Pinto Zamorano, Luis Valdés Vallette, Jorge Gómez Pérez; además de María González Cáceres y Jorge Riveros Palma.

Asimismo, en febrero de 2009 la Sociedad Inmobiliaria de Fomento y Desarrollo del Transporte SAC (hoy controlada también por Pinto Zamorano) firmó un contrato de compraventa de acciones en la que la AGMTP, representada por Manuel Navarrete, le cedió a Buses Metropolitana S.A. un total de 141.834 acciones. Era la totalidad de su participación.

Y en agosto de 2009, se realizó una Transferencia de Acciones y Declaraciones en la que STP Santiago S.A. le transfirió 8.244 acciones (8,96% del capital pagado a Buses Metropolitana S.A.) a la Sociedad Almendra S.A., empresa accionista de STP Santiago S.A. y ligada a otro empresario microbusero: Luis Ramírez Pérez.

Estas acciones representaban el total de lo que tenía STP Santiago S.A. en Buses Metropolitana y se habría efectuado con la autorización de Mercedez Benz do Brasil, acreedor prendario de las acciones enajenadas.

OTROS PERJUICIOS

La querella señala además que en febrero de 2005 la AMGTP -presidida entonces por Manuel Navarrete- giró cuatro cheques de una cuenta corriente del Banco del Desarrollo por 75 millones de pesos cada uno, 300 millones de pesos en total, a favor de Jorge Gómez Pérez, el principal accionista de STP Santiago S.A.

Asimismo, desde mayo de 2005 hasta enero de 2006 se giró desde esa misma cuenta 18 cheques por un total de 383.510.968 pesos a favor de la Sociedad de Fomento de Transporte S.A. SAC; y desde noviembre de 2005 a enero de 2006 otros 17 cheques por un monto de 305.899.520 pesos a favor de Buses Metropolitana S.A.

Esos documentos, a juicio del querellante, no están debidamente justificados en los informes financieros y contables de la asociación.

Además, Navarrete suscribió en representación de la asociación diversos acuerdos con las sociedades que ya se habían adjudicado las concesiones de los dos troncales y otras líneas alimentadoras.

De esa forma, el 10 de febrero de 2007 firmó un contrato de prestación de servicios por 135 millones de pesos mensuales por cuatro años con Buses Gran Santiago S.A. El convenio consistió en atención del policlínico médico, departamento legal y taller de reparación de carrocerías que tenía la asociación. En total, los servicios los prestaban 19 médicos, 1 oftalmólogo y 6 dentistas; 16 abogados y 5 procuradores; más la refacción de todos los vehículos dañados.

Pero en mayo de 2008 y sin autorización del Directorio, Navarrete rescindió el contrato y privó a la asociación gremial de ingresos por 4.860.000.000 pesos, por lo que quedaba de contrato.

El mismo 10 de febrero de 2007 Navarrete firmó con Buses Metropolitana, representada entonces por Juan Carlos Díaz Sánchez, un contrato por los mismos servicios por un total de 45 millones de pesos mensuales. Pero también en mayo de 2008 Navarrete rescindió el acuerdo, sin autorización del Directorio, dejando de recibir 1.440.000.000 pesos.

La operación se realizó con Juan Pinto Zamorano, ahora como representante legal de Buses Metropolitana S.A., y se reconoció una deuda por 540 millones de pesos, que se pagarían en cuotas mensuales de 45 millones. Es decir, casi tres veces menos que el monto total.

14 MIL MILLONES

Tras el sometimiento a proceso, hasta el cierre de esta edición cinco de los siete empresarios nombrados han pagado la fianza fijada por la jueza Salgado -correspondiente a 10 millones de pesos cada una- y los mismos han apelado a la Corte de Apelaciones.

Asimismo, tres días después de dictar el proceso, la jueza pidió una auditoría pericial para determinar el perjuicio real hacia la asociación gremial. Los querellantes, mientras tanto, señalan que el total supera los 14 mil millones de pesos.

Desde el ministerio de Transportes, la única alusión a este caso la realizó el ministro Gómez Lobo en una actividad sobre el uso del chaleco reflectante, en donde declinó referirse “a un proceso judicial vigente que es una demanda entre accionistas privados”, según una nota de Tele13.

Por su parte, los encargados del Directorio de Transporte Público Metropolitano, responsables de Transantiago, no emitieron respuesta alguna a los requerimientos a este medio.

Además, The Clinic Online intentó comunicarse con Jorge Gómez Pérez y su abogado, el ex ministro Isidro Solis, pero ambos declinaron referirse al tema.

De la misma forma, este medio intentó comunicarse con Manuel Navarrete Muñoz, pero hasta el cierre de esta edición éste no respondió a los llamados.