Junaeb: los testimonios clave en la investigación por fraude al fisco y cohecho con las colaciones escolares

La presentación del fiscal de Alta Complejidad Marcelo Acuña Silva al Octavo Juzgado de Garantía en el marco de la investigación por cohecho para levantar el secreto bancario, acceder a los correos electrónicos y liberar el tráfico de llamadas del exdirector de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, José Miguel Serrano, y su equipo, incorporó la mención a una serie de declaraciones que sustentan la indagatoria de sobreprecio en tratos directos con las empresas Hendaya S.A. y Verfrutti S.A.

Los testimonios, a los que tuvo acceso The Clinic Online y que forman parte de la carpeta de investigación donde se analiza un posible fraude al fisco, revelan cómo se operó para cerrar tratos con ambas compañías y el interés personal que, según quienes concurrieron a declarar, tuvo Serrano en que estas empresas se adjudicaran la repartición en las regiones del Bío Bío y Aysén -dividido en cuatro zonas- de 185 mil raciones diarias de desayunos y almuerzos que antes entregaba Ferbas S.A, compañía a la que se terminó el contrato en la misma fecha por “incumplimiento y abandono” de sus obligaciones.

El negocio que suma $ 25 mil millones ha sido cuestionado, como publicó Qué Pasa, por Contraloría, ya que si bien se invitó a través de correos electrónicos a 16 empresas proveedoras a postular, discrecionalmente sólo fueron evaluadas Hendaya, Verfrutti y Coan Chile Limitada.

En su escrito, Acuña destaca que “como no se había publicado el valor de las ofertas adjudicadas”, la compañía Agrícola y Comercial Santa Cecilia S.A, que había participado del proceso, pidió la información vía transparencia.

Los datos, con los que partió la investigación tanto de Contraloría como del Ministerio Público, arrojaron que Hendaya presentó una oferta anual con costo de $17.380.990.418 y Verfrutti de $8.061.463.956. Cifras que, manifestó Acuña “resultaban substancialmente más caras para los intereses del Fisco que las otras ofertas”.

“En definitiva, la diferencia pecuniaria para Junaeb es de $5.024.037.236, considerando que se trata de contratos por dos años”, concluye el fiscal.

Los relatos que figuran en la carpeta investigativa y que este medio pudo revisar apuntan a que la decisión final sobre los contratos radicó en Serrano quien, por razones que el Ministerio Público aún indaga, decidió entregar las unidades territoriales a las empresas que más cobraban.

Serrano, en tanto, en diálogo con este medio, aseveró que se está ante una revancha de “funcionarios que han hecho durante los últimos 20 años usufructo de la Junaeb y que se sintieron perjudicados por mi gestión”.

“Algunos de quienes han declarado en la investigación del Ministerio Público, son los mismos que han hecho negocios durante años profitando de Junaeb y que al cambiarse el Modelo Matemático de selección de Ofertas, al ampliarse las propuestas públicas a más empresas y hacer más competitivas las ofertas, se sintieron afectados en sus negocios e intereses. Lo mismo ha ocurrido con la decisión de cursar multas a las empresas ineficientes, pues ello generó mal estar en aquellos que pretendían controlar a Junaeb, por su larga relación con la institución y sus funcionarios. También causó malestar que frente a un paro de funcionarios solicitase informes de gestión de algunos funcionarios de alto cargo, que se me habían impuesto cuando asumí el cargo. Caso a parte es el del ex Fiscal Sr. (Sebastián) Pérez, que la Contraloría General de la República descubrió que boleteaba a empresas y consorcios ligados al Programa de Alimentación, siendo él el Fiscal de la Institución que controlaba la regulación de esos procesos. Pérez ya había sido desvinculado luego de una extraña situación entre los contratos de proveedores de computadores personales para el programa Yo Elijo Mi PC”, explica Serrano a The Clinic Online.

Según el personero, los actos que son investigados hoy por el Ministerio Público “son legales y éticos”:

“La Contraloría General de la República tomó razón de los actos administrativos que le correspondió resolver a este exdirector, en un control de legalidad “Ex-Ante”, y luego en razón de la Auditoria Especial requerida a raíz de denuncias de dos parlamentarios (UDI y RN), en informe final “Ex -Post”, que determinó que los Actos Administrativos relativos a los Tratos Directos decididos por la caída de una de las empresas licitantes del Programa de Alimentación Escolar, se encontraban ajustados a Derecho y no existe vulneración legal en la dictación de los mismos”, adujo Serrano por escrito.

LOS TESTIMONIOS

Frente al fiscal Acuña, sin embargo, quienes acompañaron a Serrano en su administración han sostenido que hay razones para sospechar de su proceder.

Sebastián Pérez Torrejón, exdirector jurídico de la Junaeb es uno de los personeros que ha declarado en la investigación.

En su relato asegura que José Miguel Serrano era “muy partidario principalmente de Verfrutti” y afirma que el exdirector pidió ser entendido en sus decisiones “ya que su nombramiento era político”.

Según el personero, frente a los reparos de entregar unidades territoriales a las empresas más costosas, Serrano adujo que “al menos en una unidad territorial, y como él en definitiva decidía, dejaría Verfrutti”.

Oscar Soto Riveros, quien oficiaba como coordinador General de Junaeb hasta junio de 2015 y -que según la página de transparencia del Congreso hoy es asesor de la diputada Yasna Provoste- aseveró que Verfrutti entregó un documento fuera de plazo, pese a lo cual, Serrano decidió incluir a la compañía en el trato directo.

“Frente a eso le señalé mi parecer al Director, en orden a que el plazo referido se había cumplido y que ya no era posible permitir agregar un documento adicional fuera de plazo, lo cual también se le manifestó a Sebastián (Pérez), sin embargo de todas formas lo hicieron”, asegura.

Según Soto, “antes de salir de vacaciones, el 23 de enero de 2015, el sr. Serrano, y en todo este proceso de licitaciones, en dos oportunidades me señaló, en su oficina, que a él lo habían llamado y que debíamos hacer todo lo posible por apoyar a Verfrutti y a otra empresa, de la cual no estoy seguro si era Cerco Maule o Hendaya”.

“Cuando me señaló esto, en las dos oportunidades le dije que yo no estaba disponible para ello. Él me señalaba que yo era un purista y que esto era política. Yo siempre me mantuve en mis dichos Cuando regresé de las vacaciones, como indiqué ya estaba todo resuelto y me enteré del pago de un precio superior al de todas las ofertas respecto a las adjudicadas”, acusa.

Johana Álvarez Ahumada, coordinadora de programas de la institución, aseguró que el trato directo se realizó por una situación de emergencia luego de problemas de las manipuladoras con la anterior compañía, Ferbas.

“Frente a esta emergencia, que se tomó como incumplimiento grave, Junaeb puso fin al contrato de manera unilateral y comienza a buscarse rápidamente un proveedor que se hiciera cargo de esas dos unidades (Bio-Bio y Aysén). Lo único factible aquí era un trato directo, ya que la licitación pública por los montos debía ir a la Contraloría y la licitación privada también demoraba. De hecho, ya el trato directo podía no funcionar”, asegura la funcionaria.

Según Álvarez no existía favoritismo por parte de Serrano, pese a lo cual dice que “varias veces le pregunté al director las razones por las cuales se dejaron a esas empresas y me indicó que Hendaya ya había estado en la región por lo que era más fácil que se instalara, junto con los beneficios de las manipuladoras. Con Verfrutti resultaba lo mismo, es decir, había más beneficio para ellas”.

Tales beneficios, admite la funcionaria, no eran reales. “En cuanto al bono de Verfrutti para las manipuladoras, el que ofreció era menor al de Hendaya y una vez adjudicadas estas empresas, el director, para evitar diferencias en la región, le pidió a Verfrutti (los dueños eran Pedro Moreira y Daniela Moreira) que igualara dicho bono (Verfrutti incluso entregaba gratificación garantizada. En el caso de Herndaya, sumaba puntos por los bonos)”.

Respecto del perjuicio fiscal, reconoce que “en este trato directo, había empresas con mejores precios y sé que Contraloría en su pre informe nos cuestionó esta adjudicación y señaló que debió adjudicarse a las que ofrecieron menor precio. En el caso de Verfrutti efectivamente era la más cara de las ofertas relacionadas a la unidad territorial 809. En el contrato que adjudicó Hendaya (unidades 1101, 808 y 810) era también de las más caras”.

En tanto, Paula Moncado Bravo, quien trabaja como jefa de Departamento Gestión de Recursos, destaca que participó en una reunión para analizar las ofertas de las tres empresas que quedaron seleccionadas por Serrano para el trato directo: “En esta reunión sólo se analizaron las ofertas económicas de la empresa Verfrutti, Hendaya y Coan, siendo que existían otras ofertas económicas de otras organizaciones, pero que por orden del director de Junaeb, Miguel Serrano Silva, no fueron analizadas”.

Lo más sorpredente vino después: “una vez que se estudiaron todas las ofertas de estas empresas y el señor Serrano escuchó las opiniones de todos quienes estábamos ahí en las cuales el equipo técnico indicó que vistos todos los antecedentes, ellos apoyaban a la empresa Coan y Hendaya ya que estos ya habían prestado servicios para Junaeb y mi opinión fue que se adjudicara la más económica, toda vez que no existía el presupuesto disponible para adjudicar. Al terminar mi exposición el director de Junaeb, don José Serrano Silva, indicó que las empresas adjudicadas eran Verfrutti y Hendaya agregando que esa era su decisión ya que para eso él era el director. Por lo cual se adjudicó conforme a sus dichos”.

Sobre el procedimiento, Moncado Bravo arguyó que “el director debió haber estudiado todas las ofertas económicas de todas las empresas que fueron invitadas y no sólo tres como fue en este caso. Además, que no debió realizar este trato directo, toda vez que no se contaban con los recursos económicos”.

Eugenio Painevilo Martínez, analista de Departamento de Alimentación Escolar insiste en su declaración en que le hizo ver al director “que dada la cantidad de ofertas era difícil para mí establecer, en tan poco tiempo, cuál era la mejor combinación de ofertas. Les señalé que con un par de días más podría generar un modelo matemático, pero me indicaron que no había tiempo para eso. La empresa más barata, considerando valores, era Soser, y la más cara Verfrutti”.

“El Director me propone a Verfrutti”, destaca Painevilo al explicar por qué, siendo la más costosa, quedó junto a Hendaya y Coan en la terna para el trato directo.

Sobre todos estos antecedentes, Serrano refuta que uno de los criterios prioritarios en las designaciones fue el de las mejores condiciones para las manipuladoras de alimentos y que ello explica sus decisiones. “La elección de las empresas por Trato Directo, aprobado por la Contraloría, correspondió a la aplicación estricta de la Ley 20.787, llamada también Ley de Manipuladoras de Alimentos, que entre otras cosas dispone que ha de preferirse a las empresas que oferten mejores condiciones remuneraciones y salariales a las trabajadoras, en los procesos de selección de ofertas”, argumenta.

También asegura que no recibió dinero de parte de las empresas: “Este exdirector ha colaborado con la investigación penal que lleva el Ministerio Público, haciendo entrega de computadores Institucionales y Personales para su análisis, además ha abierto sus cuentas personales para que sean auditadas y se acompañarán al Fiscal Sr. Acuña”.

Además apunta a que su salida de Junaeb se debió “a una renuncia voluntaria, luego de una licencia médica y en razón de una reestructuración solicitada por la Ministra de Educación” y que se trató de acto “estrictamente político, al parecer mi actuar por la transparencia del servicio y la competencia sana entre los proveedores, afectó a intereses creados que se arrastraban de mucho tiempo al interior de la Institución, lo que ha causado esta vendetta”.