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Nacional

12 de Enero de 2016

JUNAEB: Denuncia contra exfuncionarios por uso de información privilegiada y cohecho en licitación de más de $100 mil millones

El caso es una arista de la indagatoria por fraude al fisco y cohecho en el pago de $ 5 mil millones de sobreprecio que desembolsó el Estado por el trato directo con las empresas Hendaya y Verfrutti para la entrega de raciones alimenticias. La denuncia que presentó Junaeb apunta a dos exfuncionarios: el exjefe jurídico, Sebastián Pérez, quien recibió pago de honarios de parte de una compañía cuya filial se adjudicó una licitación por más de $85 mil millones; y Marco Urbina, exjefe del Programa Nacional de Alimentación que se fue posteriormente a trabajar como Gerente de Operaciones de Merkén, compañía que obtuvo un contrato por más de $25 mil millones.

Por

Junaeb
El 15 de septiembre de 2015, la secretaria general subrogante de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Amalia Cornejo Bustamante, presentó una denuncia ante el Ministerio Público en que relató las malas prácticas de funcionarios de la entidad que ocuparon cargos clave y a los que acusó de uso de información privilegiada y cohecho en la adjudicación de licitaciones por más de $100 mil millones.

Se trata de irregularidades en el proceso licitatorio ID 85-10-LP14 “para el suministro de raciones alimenticias para los beneficiarios del Programa de Alimentación escolar y Programa de alimentación de Párvulos para los años 2015, 2016 y 2017 y hasta febrero del año 2018 en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Araucanía, Magallanes y parte de la Metropolitana”.

El escrito al que tuvo acceso The Clinic Online se suma a la indagatoria por fraude al fisco y cohecho en el pago de $ 5 mil millones de sobreprecio que desembolsó el Estado por el trato directo con las empresas Hendaya y Verfrutti durante la administración del abogado DC, José Miguel Serrano, quien, según testigos que han declarado en la causa que sigue el fiscal Marcelo Acuña, operó para beneficiar a estas empresas, imputación que Serrano desmiente y que atribuye a una vendetta.

PAGOS PARALELOS
Los antecedentes que revisó este medio y que forman parte de una arista de la causa sobreprecio en las colaciones escolares apuntan especialmente en contra del exjefe de Unidad de Asesoría Jurídica de Junaeb, Sebastián Andrés Pérez Torrejón, quien, según explica el organismo fiscal, “durante todo el periodo en que se desarrolló el proceso licitatorio ID 85-10-LP14 percibió honorarios pagados por la sociedades Conservera Pentzke, la que tiene como empresa filial a Comercial de Alimentos S.A Alicopsa, la que resultó adjudicada en dicha licitación con la unidades territoriales 504, 505 y 513 de la Región de Valparaíso por un monto total de $82.404.640.000 por un periodo de tres años desde el 1 de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2018, según consta en la resolución 44 de Junaeb”.

La situación de Pérez Torrejón es compleja porque Junaeb acusa además que prestó “supuestos servicios” a Conservera Pentzke “percibiendo honorarios durante los años 2013 y 2014”, en paralelo a su labor en la Junaeb por la que además recibía una asignación de funciones críticas ascendente a 23,35%.

Según los antecedentes que hizo llegar Junaeb al fiscal Acuña, Pérez Torrejón “participó directamente y personalmente en la elaboración de las bases de la licitación ID 85-10-LP14 del programa de Alimentación Escolar, PAE, formó parte de la comisión evaluadora que realizó la evaluación económica y técnica de las ofertas e intervino y colaboró en la adopción de las decisiones de adjudicación de la mencionada licitación. Además, visó todos los actos administrativos relacionados con ese proceso licitatorio siendo que durante ese mismo periodo de tiempo estuvo vinculado con la empresa Comercial de Alimentos S.A a través de su matriz antes mencionada, percibiendo honorarios pagados por dicha empresa”.

La Junta acusa que el abogado “infringió el principio de probidad administrativa establecido por el artículo 62 número 6 de la ley 18.575 al no haberse abstenido de participar en decisiones que le restaban imparcialidad y no haber puesto tal circunstancia en conocimiento de su superior jerárquico como lo ordena la ley, el hecho de haber percibido honorarios por servicios supuestamente prestados y pagados por una empresa matriz de una empresa filial que participó y que resultó adjudicada en la licitación en que ese mismo exfuncionario elaboró sus bases e intervino en las más importantes decisiones de todo ese proceso licitatorio, conlleva necesariamente a establecer que sus actos podrían revestir caracteres de delito de cohecho y de uso de información privilegiada en favor de las empresas que supuestamente asesoraba”.

A este ya difícil escenario se suma otra denuncia de noviembre de 2015 de las empresas Agrícola y Comercial Santa Cecilia S.A y Outfood S.A, querellantes en el caso por fraude al Fisco y otros delitos funcionarios, en el que piden que se indague el proceso en que el figura la rúbrica de Pérez Torrejón y que deja sin efecto en forma parcial las multas que habían sido impuestas a Comercial Alimentos S. A por un monto de $1.526.072.515 y las reduce en forma significativa en casi $1.200 millones, es decir, un perdonazo del 80% de la sanción a la empresa cuyo nombre de fantasía es una compañía relacionada.

Por estos hechos, Pérez Torrejón declaró el 30 de noviembre de 2015 en calidad de imputado. En su testimonio aseguró que comenzó su vida laboral en San Felipe, donde opera Comercial Alimentos S. A y que su trabajo consistía “en la revisión de contratos temporales durante los meses de enero y febrero, la primera vez el 2008, luego el 2011, 2012 y el verano de 2013”.

“Por los trabajos realizados extendí una única boleta cada año, siempre por dos millones de pesos y fracción. Mis labores consistieron en la revisión de la conformidad legal de los contratos de trabajo del personal de temporada”, aseguró.

Pérez Torrejón admitió que participó en la licitación que se adjudicó Comercial Alimentos S. A, pero que no ejerció ninguna gestión clave. “A mí no me correspondía dar opinión sobre cual empresa debía ser elegida, ya que este proceso se realizaba conforme a las reglas y ponderaciones establecidas en las mismas bases de licitación. Si redacté el acto administrativo en base a los informes técnicos”, arguyó.

Consultado respecto de si se dio cuenta o no de que Conservera Pentzke y Alicopsa estaban relacionados, aseveró que “la verdad es que el apellido Pentzke no es muy común y por eso pude percatarme de la coincidencia, pero no consideré que fuera una causal suficiente para restarme imparcialidad y con ello inhabilitarme”. También afirmó que su último trabajo para la Conservera fue en el verano de 2013 y que la boleta se extendió en junio sólo por atraso.

Pérez Torrejón no respondió ni al correo ni a los llamados de The Clinic Online.

LOS OTROS ACUSADOS
junaeb
Otro de los sindicados por Junaeb en el uso de información privilegiada es Marco Antonio Urbina König, quien se desempeñó como jefe de Control y Desarrollo de proveedores del Programa de Alimentación Escolar, PAE, y jefe nacional del PAE hasta el 13 de agosto del año 2014, cuando fue despedido.

La organización consigna en su presentación que al personero le “correspondió calificar a las empresas concesionarias de alimentos que participarían en la licitación ID 85-10-LP14 e intervenir en la confección de las bases de dicha licitación, en que resultó adjudicada, entre otras, la empresa Consorcio Merkén SpA, por un munto de $25 mil millones 581 mil 781, para prestar servicios en las unidades territoriales 403 y 501 mediante resolución exenta número 44 de fecha 13 de enero de 2015 de Junaeb”.

Pues bien, Urbina König dejó la Junaeb el 13 de agosto de 2014 y fue contratado como gerente de operaciones por la empresa Consorcio Merken SpA.

Todo ello ocurrió cinco meses antes de que se adjudicara la licitación cuestionada y lo que se imputa a Urbina König es que había participado en la elaboración de las bases de licitación y en la preparación de todos los antecedentes y procesos más importantes para la implementación de la propuesta pública.

Según acusa Junaeb “dicho funcionario al ser contratado por el Consorcio Merkén SpA, contaba con información fidedigna, acabada y privilegiada respecto del contenido de todo el proceso licitatorio antes señalado, lo que en definitiva, facilitaba a que dicho Consorcio resultara adjudicado en la licitación ID 85-10-LP14 puesto que el exfuncionario, al haber participado previamente en forma directa y personal en dicho proceso, le permitía tener pleno y cabal conocimiento respecto de toda clase de información de la misma y demás antecedentes relativos a ese proceso licitatorio, lo cual dejaba al consorcio Merkén, que lo contrató, en una posición privilegiada y en condiciones muy ventajosas respecto de los demás proponentes de la licitación, permitiendo con ello que, en definitiva, pudiera ser adjudicado en dicha propuesta en los montos y unidades territoriales en que presentaría sus ofertas”.

Lo que se imputa al exfuncionario es “utilizar toda la información que había obtenido en su condición de jefe de programa de Alimentación en beneficio del Consorcio que lo contrató y que, precisamente, participaba en ese mismo proceso licitatorio”.

A la vez se establece como un hecho a investigar el que Merkén haya contratado como abogado a Juan Francisco Mualim Loyarte, “quien se desempeñó en Junaeb durante el periodo comprendido entre agosto de 2013 y el 30 de abril de 2015”.

El 3 de diciembre de 2015, Urbina König declaró como imputado ante el fiscal Acuña y aseveró que la adjudicación se realizó “seis meses después de mi retiro de Junaeb. De esta forma, ni a nivel de confección de las bases ni en nada relacionado a esta licitación tuve alguna intervención”.

Consultado por The Clinic Online, explicó que si bien estuvo por su labor en conocimiento de las bases originales de licitación, las que finalmente se publicaron “difieren en temas cruciales respecto de las que conocí y de hecho fueron cambiadas varias veces e incluso retiradas con posterioridad a mi despido. Se hicieron nuevamente, así es que no sé qué ilegalidad puede existir y no sé qué información distinta pude haber tenido respecto del resto de los mortales, salvo conocer en qué consiste un modelo de licitación”.

Y agregó: “El preinforme de la Controlaría descarta cualquier inconveniente en mi contratación. No sólo porque esta se produjo 6 meses después de mi desvinculación, sino también porque no ejercía ningún rol fiscalizador que me hiciera tener un conflicto de interés legal o ético entre mi anterior trabajo en Junaeb y el actual. Pero, insisto con lo que declare ante el fiscal, yo no participé en la confección de las bases de licitación que finalmente elaboraron las nuevas autoridades que asumieron en Junaeb y presentaron ante la Controlaría posteriormente a mi desvinculación”.

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